La política de personal se le atraganta a la Diputación de València: problemas en Cultura, “enchufados” en las jefaturas y una denuncia por acoso

Los asuntos de personal siguen generando conflictos en la Diputación de Valencia. A la nueva estructura que pretende llevar adelante la diputada responsable de Recursos Humanos, Reme Mazzolari, con una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) que ha levantado ampollas sobre todo en el área de Cultura, se une ahora una denuncia por acoso laboral contra la propia corporación provincial que gobiernan el PP y Ens Uneix.

La plataforma STAS-Intersindical denunció recientemente irregularidades en la gestión de la plantilla con una estrategia basada, según explicaron, en la colocación de personal externo —afines o “amigos”— procedente de otras administraciones. De este modo, se mostraron muy críticos con la negociación de la nueva RPT y criticaron que el ejecutivo provincial considere que “ninguno de los más de mil funcionarios propios de esta Corporación damos la talla para ocupar ninguna de las cien jefaturas que llevan ya abiertas desde que desembarcaron en la Diputación”. A ellas se sumarán otras nueve jefaturas de nueva creación con coste salarial de  914.695 euros.

Los sindicatos cuestionaron este nuevo organigrama al considerar que se trata de articular una estructura directiva afín al actual Gobierno provincial, máxime si pueden aspirar a estas plazas funcionarios de otras administraciones. Al respecto, UGT ya advirtió de que es “innecesaria esa nueva superestructura, sobre todo si el objetivo es tratar de neutralizar/controlar el trabajo de otros trabajadores y trabajadoras”. Desde CCOO afirmaron que se ha elaborado “de espaldas a la plantilla”.

A todas estas polémicas se una también una denuncia por acoso laboral. Fuentes sindicales han comentado a elDiario.es que la persona afectada es la directora de Deportes, con 29 años de experiencia en la Diputación, periodo en el que siempre ha desempeñado las mismas funciones relacionadas con su especialidad, esto es, planificación de las actividades de la institución en materia de deportes; la organización de actividades y grandes eventos en colaboración con otras administraciones; la colaboración con federaciones o asociaciones deportivas, convocatorias de subvención a entidades deportivas, entre otras.

Precisamente, esta experiencia y el hecho de ser la única titulada superior licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de toda la Diputación, con una plantilla de 1.200 empleados, es lo que llevó al diputado del PP responsable de Turismo y Deportes, Pedro Antonio Cuesta, a encargarle la creación de un nuevo servicio de Deportes independiente, con la idea de potenciar el área, una iniciativa que partía del propio presidente de la Diputación, Vicent Mompó, quien ostenta la misma titulación.

Las mismas fuentes han explicado que la técnico, cuya plaza estaba adscrita al servicio de Deportes encuadrado en Bienestar Social, se traslada a la sede del departamento de Turismo y Deportes ubicada en la calle Avellanas, donde inicia la creación del nuevo servicio, tal y como recoge el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 27 de febrero de 2024.

Todo discurre con normalidad, incluso asumiendo en comisión de servicio durante seis meses la Jefatura del Servicio de Deportes, hasta que en mayo de 2025 llega una nueva jefa de servicio del Ayuntamiento de Bétera, momento en que la técnico vuelve a ocupar su puesto como directora de Deportes. Sin embargo, el 23 de junio de 2025, aprovechando unos días en los que la afectada se encuentra de vacaciones, se le notifica a través de la carpeta de empleado una providencia resolutiva en virtud de la cual se le requiere a que se incorpore al centro de Bienestar Social, según le dicen, para el desempeño de las funciones inherentes a su puesto y se le argumenta la decisión en la necesidad de adecuar el ejercicio de su puesto a la estructura y funcionamiento del servicio al que está supuestamente asignado. Así que, después de 29 años gestionando todo lo relacionado con los asuntos deportivos de la Diputación, se le adscribe al servicio de teleasistencia. También intentan encomendarles otras tareas relacionadas con memoria histórica y otros subcentros dependientes de la corporación.

Fuentes sindicales aseguran, sin embargo, que el servicio de Bienestar Social no tiene asignadas funciones ni competencias en materia de deportes, puesto que estas están asignadas al servicio de Turismo y Deportes y que, por lo tanto, difícilmente se puede adecuar el ejercicio de un puesto de trabajo cuyas funciones nada tienen que ver con las del servicio de Bienestar Social.

Ante la falta de explicaciones por parte de los responsables de la Diputación, solo le queda la vía de la denuncia interna por acoso laboral, tras la que se activó un comité de resolución de conflictos. Allí, ante cuatro personas, expone su caso, le dicen que no se preocupe y sale de la reunión convencida de que se iba a dar una solución. Sin embargo, han pasado cuatro meses de aquella reunión y la denunciante no ha recibido ni un acta por escrito de la reunión, ni un correo, ni una llamada. Nada.

Aunque la denunciante reclama la redistribución de su puesto de Bienestar Social a Deportes y volver a su puesto a desempeñar las funciones propias del mismo, la decisión de la institución ha sido otra: cambiar las funciones del puesto de directora de Deportes, adaptándolas a Bienestar Social. Según las fuentes sindicales consultadas por este diario, “este hecho denotaría que desde recursos humanos habrían hecho dejación de funciones ya que, por toda lógica, la técnica de deportes debería desempeñar su trabajo en Deportes y no en otro servicio”. También se la ha apartado del resto de la unidad a la que pertenece “sin causa aparente, además de dañar su prestigio profesional”, añaden fuentes conocedoras de la denuncia.

Por su parte, fuentes de la Diputación de Valencia han asegurado a elDiario.es que la denunciante “está en Bienestar Social realizando funciones que corresponden a su categoría profesional (se aprobaron en el pleno de febrero) y que la Diputación, a raíz de la denuncia, activó el protocolo pertinente activando una comisión que ya ha cerrado el expediente”, aunque como han remarcado las fuentes consultadas, no se le ha dado ninguna notificación por escrito.