Vox exige eliminar la Oficina Valenciana de Inclusión para la atención a población migrante creada por el PP hace tres meses
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El Gobierno valenciano anunció el pasado 26 de febrero la puesta en marcha de la nueva Oficina Valenciana de Inclusión (OVI) durante el periodo 2026-2029. Este servicio, según informó la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad que dirige la vicepresidenta Susana Camarero, nació con el objetivo de ofrecer atención especializada a las personas migrantes, favorecer la igualdad de trato y la prevención de los delitos de odio, garantizando derechos y promoviendo la plena igualdad en la sociedad valenciana.
La OVI integra las prestaciones que anteriormente ofrecían por separado el servicio IgualaT, centrado en la igualdad de trato y no discriminación; y el servicio Atlas, enfocado en la atención de personas migrantes. De este modo, el nuevo servicio garantiza, bajo un único marco de atención, el acceso a información, el asesoramiento y la atención a víctimas o personas relacionadas con situaciones discriminatorias, así como información básica y atención especializada en materia de inclusión social.
Sin embargo, dentro de su agenda ultra y tras poner sobre la mesa el debate de la prioridad nacional, el grupo parlamentario Vox en las Corts Valencianes ya ha puesto el foco sobre esta entidad. En plena negociación de los presupuestos autonómicos con el PP, los de Abascal presentaron el pasado 7 de mayo una proposición no de ley (PNL) de tramitación urgente por medio de la cual instan al Consell a “eliminar la reciente iniciativa denominada Oficina de Inclusión (OVI) y dedicar los recursos empleados para crear y desarrollar la misma a políticas dirigidas a mejorar los servicios públicos de la Comunidad Valenciana”. Además, exigen “rechazar cualquier iniciativa, independientemente de la Administración de la que provenga, que fomente y facilite la inmigración masiva”.
Según la exposición de motivos de la PNL “el bipartidismo ha impulsado una agenda política centrada en estructuras administrativas superfluas y proyectos de marcado carácter ideológico que no responden a las necesidades reales de los valencianos” y añade que “iniciativas como la Oficina de inclusión impulsada por la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, es una muestra de cómo los recursos públicos podrían destinarse a facilitar el día a día de los ciudadanos en lugar de a políticas de escasa utilidad”.
Por otro lado, afirma que “con la crisis inmigratoria actual de España, parece evidente que contar con iniciativas que fomenten y faciliten el efecto llamada no es algo prioritario para los valencianos, que sufren sus consecuencias cada día”.
Al respecto, a preguntas de elDiario.es, tanto desde Vox como desde el PP y desde la Conselleria de Igualdad han guardado silencio. Lo cierto es que la PNL está en plena vigencia y se podría debatir y votar en el próximo pleno previsto para el 3 de junio, salvo que se aprobaran antes los presupuestos autonómicos y se incluyera la medida.
Recientemente, Vox dio marcha atrás y renunció a llevar de momento a las Corts Valencianes su propuesta para exigir la prioridad nacional en el acceso los servicios públicos, por considerar que, en estos momentos, el ámbito donde corresponde plantear esta cuestión es el municipal, un cambio de postura que se vinculó a la negociación de las cuentas de la Generalitat.