La investigación de la Comisión de Defensa de la Competencia (CDC) a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, y a sus socios, por el cártel de precios en una licitación de la cadena autonómica À Punt ha desvelado que los empresarios disponían de información sobre la licitación “con carácter previo a su publicación”. Los mensajes, analizados tras una orden de investigación y al amparo de un auto judicial, revelan que el hermano del presidente de la Generalitat Valenciana y sus socios conocían detalles de la licitación incluso antes de la publicación de su anuncio oficial y buscaban una coordinación para presentar las ofertas a la baja más ventajosas.
El “cartel hard core”, como lo denomina la resolución, que infringe las más elementales leyes del libre mercado y la competencia, supondrá para las empresas implicadas sanciones por un valor superior a los 46.000 euros (Comunicacions dels Ports SA, multa de 16.801,7 euros; Kriol Producciones SL y Canal Maestrat SL, 26.103,5 euros; y Visualiza SLU, 3.337,8 euros). “No existe una explicación alternativa plausible respecto al conjunto de los hechos acreditados ni las empresas incoadas la han ofrecido”, recuerda la resolución.
En una conversación de WhatsApp entre responsables de Kriol Producciones SL y Canal Maestrat SL y de Comunicacions del Ports se lee: “Ya estamos trabajando sobre el concurso. He mirado y no parece tan complicado”. En otra conversación, uno de los empresarios advierte: “Ojo con el pajarito... Escucha mucho y después te la hace.. Y supongo que sobre las corresponsalías también le interesa tener información”.
En otro chat, uno de los empresarios sancionados escribe: “Tengo que coordinar qué propuesta haremos (...) Ahora no nos podemos repartir nada porque no se sabe lo que presentaremos”. La empresa de Francis Puig alegó que esa frase se refiere a otra licitación, algo que la subsecretaría de la conselleria, de la que depende la CDC, acepta, aunque considera que es un “indicio relevante” respecto al comportamiento de Puig y sus socios.
En otra conversación sobre una cena de la delegación de À Punt en Castelló, Competencia aprecia que las empresas tenían “conocimiento previo” sobre la licitación. En este intercambio de mensajes, seis días antes de la publicación del anuncio de la licitación en el Portal de Contratación, uno de los empresarios asegura que “salen dos grandes corresponsalías a concurso para toda la provincia, ya tengo las dos enfocadas”.
En los whatsapps analizados, los representantes de Comunicacions del Ports SA piden a sus homólogos de Kriol Producciones SL y Canal Maestrat SL que remitan los modelos de otras licitaciones para preparar la de À Punt. Los mensajes, según la resolución de la CDC, muestran que la empresa de Francis Puig y las dos mercantiles de sus socios (los Adell Bover), coordinan su actuación de cara a optimizar su resultado en el proceso de adjudicación.
En el proceso de “coordinación” e “intercambio de información” también participa el accionista único y representante de la mercantil Visualiza SLU. En uno de los whatsapps se habla de contactar con alguien de la asesoría jurídica de la televisión pública. “Le ha dicho que lo de la baja temeraria, todo vale si se puede justificar”, responden. “Resulta incuestionable que los representantes de todas las empresas incoadas intercambiaron información sobre los precios que debían presentar y otras circunstancias de presentación de los sobres de la licitación y que sus ofertas iban a estar coordinadas”, señala la resolución de la CDC.
En los días previos a la finalización del plazo para presentar ofertas, en un grupo de WhatsApp formado por, entre otros, Francis Puig y sus socios, uno de los participantes afirma que el “pliego es confuso” y otro pregunta: “¿Vais a rebajar mucho el importe?”. “Si se baja mucho... nos sale rana”, advierte otro participante en el chat. En ese grupo, uno de los participantes envía un audio en el que explica que había llamado a la asesoría jurídica de À Punt: “Me dijo el asesor jurídico que en cuanto al presupuesto pusiéramos el máximo para cada lote, lo que iban a mirar era el coste por servicio”.
Dos grupos empresariales, el mismo informe
La empresa de Francis Puig pidió un informe a un economista y asesor fiscal para determinar los precios que iba a ofrecer en cada lote del proceso de licitación. Kriol Producciones SL y Canal Maestrat SL, por su parte, también solicitaron un informe económico a un asesor fiscal. Las mercantiles defienden que se limitaron a presentar los precios que dictaminaron los informes y que coincidían al céntimo. La particularidad que ha detectado la CDC es que el autor y el contenido del informe son los mismos en ambos casos. Es decir, Francis Puig y los Adell Bover encargaron el informe al mismo asesor y, siendo idéntico, presentaron los mismos precios en sus ofertas.
Se trata de una infracción muy grave que encaja con la definición de “cártel”. La investigación de la CDC ha detectado que los empresarios implicados “estuvieron en contacto, con carácter previo a la licitación” e intercambiaron información e incluso modelos de ofertas con precios idénticos que se repiten “de forma coordinada”, lo cual corresponde a un “sistema de reparto”.
El organismo rechaza justificaciones alternativas y asegura que la conducta de los empresarios tuvo un grado suficiente de “nocividad” para ser sancionada ya que usaron una “táctica” para repartirse los tres lotes de la licitación. La simple toma de contacto para alcanzar un acuerdo previo sobre los precios, recuerda Competencia, ya constituye una práctica prohibida por la legislación europea.