Ciudadanos no es una opción

Parece claro que Pedro Sánchez hubiera preferido la compañía de Ciudadanos para formar gobierno. Su primera apuesta en 2016 fue pactar un programa de investidura con Ciudadanos y solicitar a Unidas Podemos que se abstuviera en la segunda votación. No lo consiguió y se tuvieron que repetir por primera vez las elecciones, que conducirían a un nuevo gobierno de Mariano Rajoy gracias a la abstención del PSOE. Sánchez abandonaría la Secretaría General del PSOE y el escaño parlamentario, quedándose en una suerte de limbo político, del que lo sacaría la aprobación de la moción de censura de 2018. La mayoría absoluta que exige la aprobación de la moción se formaría con Unidas Podemos y los nacionalismos catalán y vasco y con la oposición virulenta de Ciudadanos. 

Dicha mayoría absoluta se repitió en 2019 en dos ocasiones: en marzo y en noviembre. En marzo, el PSOE y Ciudadanos hubieran podido formar gobierno, ya que entre ambos disponían de 180 escaños en el Congreso. Pero lo que jurídicamente era posible, no lo era políticamente. Ni Sánchez podía ofrecerle una alianza a Albert Rivera tras el desarrollo de la campaña electoral y el “con Rivera NO” de los militantes en Ferraz la noche del 28 de marzo.  Ni Rivera hubiera podido aceptar la propuesta, de haberla recibido, tras lo que había sido su discurso desde la moción de censura. 

El éxito de la moción de censura acabó con cualquier posibilidad de acuerdo entre PSOE y Ciudadanos. Posibilidad que desaparecería definitivamente tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019, en las que Ciudadanos obtendría 10 escaños, iniciándose el camino que parece conducirle a la condición de partido extraparlamentario.

A Pedro Sánchez le hicieron presidente del Gobierno y le han permitido continuar siéndolo Unidas Podemos y los nacionalismos catalán y vasco. La mayoría de investidura se ha confirmado como mayoría de gobierno, como demuestra sobradamente el ejercicio de la potestad legislativa y presupuestaria en esta legislatura. 

Con la composición del Congreso de los Diputados no hay mayoría alternativa de gobierno. Cuanto más importante sea la decisión que se tiene que adoptar, tanto más es exigible que sea la mayoría de la investidura la que la apruebe. 

Este es justamente el caso de la reforma laboral, que es la medida más importante, con diferencia, de toda la legislatura. Tanto, que su no aprobación conduciría inexorablemente a la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. 

Es posible que mediante algún tipo de triquiñuela se pudiera conseguir una mayoría parlamentaria distinta de la de la investidura y de la que formara parte Ciudadanos. Pero eso supondría el fin de la mayoría de gobierno sin posibilidad de recomposición. Supondría además una catástrofe en las elecciones andaluzas. Y acabaría conduciendo al acortamiento de la legislatura y a un pronóstico terrible en las siguientes elecciones generales. Ciudadanos no es una opción para completar la mayoría en un asunto tan vital como es la reforma laboral.

El 10 de enero, en “El momento decisivo de la legislatura”, argumenté que el Real Decreto-ley sobre la reforma laboral debería ser convalidado sin más, de acuerdo con lo previsto en el artículo 86.2 de la Constitución y no tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia previsto en el 86.3. 

Pienso que es así, porque su contenido no es realmente un Decreto del Gobierno, sino resultado de una negociación de los agentes sociales con relevancia constitucional como acredita la dicción literal del artículo 7. El Gobierno se ha limitado a hacer suya el resultado de la mencionada negociación con la finalidad de someterla a continuación a la ratificación del Congreso de los Diputados. La negociación de la reforma laboral ya se ha producido. Y se ha producido entre quienes debía producirse. De lo que se trata es simplemente de convalidarla por los órganos constitucionales necesarios para que tenga “fuerza de ley”.

No se ha producido desconsideración de ningún tipo respecto a los grupos parlamentarios. Ninguno de los grupos que han constituido la mayoría de investidura y de gobierno puede razonablemente reprochar al Gobierno que no ha contado con ellos. El Gobierno no ha sido el protagonista de la negociación. Ha incluido el texto negociado en un Real Decreto-ley, porque la Constitución así lo exige. Pero el texto no es suyo. Es lo mismo que debería hacer el Congreso de los Diputados. 

La convalidación en el Congreso de los Diputados es un “voto de confianza” a los agentes sociales que han negociado el acuerdo para la reforma laboral. Hay que darle una oportunidad a que el pacto alcanzado entre los agentes sociales se aplique y se pueda comprobar su eficacia. Esto es lo mínimo democráticamente exigible. Ni el Gobierno ni el Congreso son los  protagonistas de la reforma laboral. Son los órganos constitucionales que tienen que ratificarla para que tenga fuerza de ley. Su posición es similar a la del Rey en el acto de la sanción de la ley. 

La reforma laboral pactada por los agentes sociales es una norma sometida a una doble sanción: una primera del Gobierno y el Congreso de los Diputados a la que seguirá la del Jefe del Estado. A través de la sanción no debe poder alterarse el contenido de la norma.

Va de suyo que, una vez entrada en vigor la reforma y comprobada su eficacia mayor o menor, se pueden aprobar retoques que la perfeccionen. Pero para eso siempre hay tiempo. Ahora toca el “voto de confianza” a los agentes sociales y nada más que el “voto de confianza”. 

La mayoría parlamentaria de investidura y de gobierno es la que tiene que otorgarlo. Ciudadanos no es una opción. Aquí no hay geometría variable que valga.