Ningún experto de Cultura ha valorado la colección de Carmen Cervera por la que se pagará un alquiler millonario

Peio H. Riaño

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La próxima semana se cumple un año desde la firma de una de las operaciones culturales más polémicas de las últimas cuatro décadas. El ya conocido como “pacto de la Moraleja” reunió el 29 de enero de 2021 a Carmen Cervera y sus abogados, Ángel Acebes y José María Michavila, con el entonces ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. En una larga jornada en la mansión de Tita, que se prolongó entre las doce de la mañana y las ocho de la tarde, la viuda del barón Thyssen-Bornemisza logró ponerle solución a un problema que se había enquistado desde hacía una década. Entonces se dijo que el contrato por el que Cervera se beneficiará de 130 millones de euros por los próximos 20 años estaría firmado por ambas partes en dos meses, listo para finales de marzo del año pasado.

Los expertos ven "injustificados e injustificables" los 130 millones del alquiler de la colección de Carmen Cervera

Saber más

Un año después del acuerdo al que se comprometió Rodríguez Uribes, el Ministerio de Cultura no aclara a elDiario.es el motivo del retraso acumulado, pero asegura que están “a la espera de cerrar la fecha” y que “ya se han dado todos los pasos”, sin especificar cuáles son. Desde la cartera de Miquel Iceta se invita a preguntar al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza a ver si allí saben algo más, porque “es una cuestión de cerrar agendas”. Sin embargo, el contrato que firmará el Gobierno de España no es es con el museo público, sino con la coleccionista. Suele ser común que los intereses de la institución estatal se confundan con los de su vicepresidenta. Desde el departamento de prensa del museo despachan con un sobrio: “Todavía no hay fecha”.

Actualización: Unas horas después de la publicación de este artículo, se ha conocido que la firma tendrá lugar el 9 de febrero.

La coleccionista quiere un alquiler para garantizar el futuro de sus herederos, como dijo en una entrevista a la revista Hola. Sin embargo, el gasto no ha sido fiscalizado ni valorado por el organismo que se dedica a ello en el Ministerio de Cultura: la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico. Desde el Ministerio de Cultura informan a este periódico que no han pedido una valoración ni calificación de la colección de Tita a este comité de 18 sabios porque “la Junta no tiene entre sus funciones informar ni valorar contratos de arrendamiento”. Es decir, es una decisión exclusivamente política sin respaldo técnico.

Colección sin fiscalizar

Entre las funciones publicadas de la Junta sí están recogidas las de “realizar valoraciones que resulten necesarias para aplicar las medidas de fomento” del patrimonio. Además, el alquiler da prioridad de compra al Estado y la Junta se encarga de valorar los bienes que el Ministerio “proyecte adquirir”. A los especialistas preguntados para este artículo les llama mucho la atención que los sabios de la Junta no hayan sido consultados, porque solo de esa manera podríamos haber descubierto qué porcentaje de obras complementa al resto de colecciones estatales. “No existe ningún informe que indique la calidad que aporta la colección de Cervera”, sostiene uno de los expertos que mejor conoce dicha colección pero que no quiere revelar su nombre. Y adelanta: “Es un porcentaje pequeñísimo”.

Además indican la anomalía del retraso acumulado en la presentación de esta operación millonaria. “No es normal, es muy sospechoso. Si fuera una 'golosina', cualquier gobierno lo habría presentado ya a bombo y platillo. Parece como si nadie quisiera apuntarse el tanto”, indica la misma fuente, que espera que el contrato sea de acceso público y transparente. También se preguntan por otras cuestiones que todavía no han sido aclaradas, como si el acuerdo garantiza que los cuadros más importantes de la colección no estarán sujetos a otras operaciones mercantiles como la venta, el alquiler o incluso el préstamo. Es tradicional que en las salas donde cuelgan los cuadros de Cervera haya muchas más ausencias que en la colección permanente del Estado.

Además, llaman la atención sobre el conflicto de intereses “tan descarado” que sucede en este caso, en el que Cervera alquila su colección personal al museo que dirige como vicepresidenta del Patronato (el presidente es el ministro como cargo honorífico). Tampoco se sabe si el Gobierno permitirá a Carmen y su familia pasar más tiempo en España que en Andorra, a pesar de no pagar impuestos.

Por otro lado, las fuentes consultadas se sorprenden sobre los movimientos que ha anunciado la propia Cervera para convertir Mata Mua en Las Meninas del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. La sala principal en la que se exponía la popular pintura del siglo XX de la colección estatal será desplazada por la alquilada a la interesada. A su vuelta, el rehén Mata Mua será lo primero que reciba al visitante, ha explicado Tita. La vicepresidenta vitalicia del Museo Nacional quiere que sus obras rivalicen en protagonismo incluso con El Paraíso, de Tintoretto. La idea de Carmen Cervera es firmar el contrato ante los medios y hacer una presentación del Mata Mua como nuevo icono del museo, con nuevo diseño de las salas.

Un contrato comprometedor

En 2002 se firmó “el pacto de Basilea”, que repartía la herencia del barón Thyssen-Bornemisza entre sus cuatro hijos y Cervera, que decidió quedarse con las joyas, varios inmuebles y el 85% de los cuadros que el barón, hábilmente, no incluyó en la venta al Estado español. De esta manera proveía a su esposa de más ingresos para su futuro a costa de alquilar cuadros alojados en paraísos fiscales para rellenar instituciones públicas que, al término de las cesiones y alquileres, se verían obligadas, además, a adquirirlos. Ese mismo año firmó con el entonces ministro de Cultura Mariano Rajoy su cesión.

Hace un año la reunión en La Moraleja debía poner solución a un problema enquistado desde hacía una década: Tita había prestado en 2002 su colección al museo público del que es vicepresidenta, con la promesa de que una vez pasados 10 años esa cesión empezara a rentarle económicamente. Aunque no se concretó ninguna fórmula, desde 2012 y con España sumida en plena crisis financiera no fue posible ninguna inversión beneficiosa para la heredera del barón Thyssen-Bornemisza. En 2022, diez años después y con el país sumido en una crisis económica y sanitaria, Tita ha logrado sacar al Gobierno de Pedro Sánchez un contrato que compromete 130 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado para los próximos 20 años.

A lo largo de estas dos décadas se ha negado el acceso al contrato de cesión firmado por la Fundación Thyssen-Bornemisza (gestora del museo público) y el Ministerio de Cultura, dejando fuera de la luz pública las condiciones que Cervera puso para esa cesión que ella ha calificado de “generosa”. En estos 20 años, el Estado ha adquirido y rehabilitado dos palacios adyacentes al de Villahermosa, sede del Thyssen-Bornemisza, para instalar la colección de Carmen, de la que se exponen algo menos de 200 cuadros, junto con la colección que el Estado compró en 1993 por 350 millones de euros a la pareja Thyssen, compuesta por 775 cuadros, considerada hasta su venta como la colección privada de pintura más importante del mundo. Durante todos estos años apenas se ha conocido que una parte se comprometía a prestar los cuadros y la otra a almacenarlos, custodiarlos y conservarlos en el museo público. Los gastos de la colección de Tita han corrido a costa del Estado.

Otros 20 años de problema

Sus nuevos abogados descubrieron una oportunidad única cuando Pedro Sánchez despidió a José Guirao, ministro de Cultura con el que Tita ya había llegado a un pacto. José Manuel Rodríguez Uribes no prestó atención al movimiento y Tita aprovechó para sacar del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en junio de 2020, Mata Mua de Paul Gauguin, valorado en unos 40 millones de euros, y tres cuadros más. El primero serviría de rehén para forzar las negociaciones, los otros tres (el valioso Charing Cross, de Monet; Caballos de carreras en un paisaje, de Edgar Degas; y El 'Martha Mckeen' de Wellfleet, de Edward Hopper) salían para su venta en Abu Dabi, epicentro del poder económico y del mercado artístico. El Monet ya lo ha vendido a una colección árabe y cuelga en el Louvre de Abu Dabi, como adelantó este periódico. Estaba en su pleno derecho porque sus cuadros no responden ante la Ley de Patrimonio Histórico Nacional, dado que están a nombre de sociedades pantallas en las Islas Cook.

Con Mata Mua en una cámara acorazada de Andorra, Rodríguez Uribes tuvo que solucionar a contrapié la pérdida del cuadro que la coleccionista se ha empeñado en convertir en icono. Para enmendar el error garrafal, en menos de un año le ofreció a Tita una cifra millonaria (casi la misma cantidad que el Estado invierte en mantener el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza) por esos 425 cuadros y la viuda del barón estrechó la mano. A Miquel Iceta no le quedó otra que asumir el regalo envenenado de su predecesor. El problema enquistado se ha encarecido y volverá a surgir dentro de otras dos décadas.

La próxima semana se cumple un año desde la firma de una de las operaciones culturales más polémicas de las últimas cuatro décadas. El ya conocido como “pacto de la Moraleja” reunió el 29 de enero de 2021 a Carmen Cervera y sus abogados, Ángel Acebes y José María Michavila, con el entonces ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. En una larga jornada en la mansión de Tita, que se prolongó entre las doce de la mañana y las ocho de la tarde, la viuda del barón Thyssen-Bornemisza logró ponerle solución a un problema que se había enquistado desde hacía una década. Entonces se dijo que el contrato por el que Cervera se beneficiará de 130 millones de euros por los próximos 20 años estaría firmado por ambas partes en dos meses, listo para finales de marzo del año pasado.

Los expertos ven "injustificados e injustificables" los 130 millones del alquiler de la colección de Carmen Cervera

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Un año después del acuerdo al que se comprometió Rodríguez Uribes, el Ministerio de Cultura no aclara a elDiario.es el motivo del retraso acumulado, pero asegura que están “a la espera de cerrar la fecha” y que “ya se han dado todos los pasos”, sin especificar cuáles son. Desde la cartera de Miquel Iceta se invita a preguntar al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza a ver si allí saben algo más, porque “es una cuestión de cerrar agendas”. Sin embargo, el contrato que firmará el Gobierno de España no es es con el museo público, sino con la coleccionista. Suele ser común que los intereses de la institución estatal se confundan con los de su vicepresidenta. Desde el departamento de prensa del museo despachan con un sobrio: “Todavía no hay fecha”.

Actualización: Unas horas después de la publicación de este artículo, se ha conocido que la firma tendrá lugar el 9 de febrero.

La coleccionista quiere un alquiler para garantizar el futuro de sus herederos, como dijo en una entrevista a la revista Hola. Sin embargo, el gasto no ha sido fiscalizado ni valorado por el organismo que se dedica a ello en el Ministerio de Cultura: la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico. Desde el Ministerio de Cultura informan a este periódico que no han pedido una valoración ni calificación de la colección de Tita a este comité de 18 sabios porque “la Junta no tiene entre sus funciones informar ni valorar contratos de arrendamiento”. Es decir, es una decisión exclusivamente política sin respaldo técnico.

Colección sin fiscalizar

Entre las funciones publicadas de la Junta sí están recogidas las de “realizar valoraciones que resulten necesarias para aplicar las medidas de fomento” del patrimonio. Además, el alquiler da prioridad de compra al Estado y la Junta se encarga de valorar los bienes que el Ministerio “proyecte adquirir”. A los especialistas preguntados para este artículo les llama mucho la atención que los sabios de la Junta no hayan sido consultados, porque solo de esa manera podríamos haber descubierto qué porcentaje de obras complementa al resto de colecciones estatales. “No existe ningún informe que indique la calidad que aporta la colección de Cervera”, sostiene uno de los expertos que mejor conoce dicha colección pero que no quiere revelar su nombre. Y adelanta: “Es un porcentaje pequeñísimo”.

Además indican la anomalía del retraso acumulado en la presentación de esta operación millonaria. “No es normal, es muy sospechoso. Si fuera una 'golosina', cualquier gobierno lo habría presentado ya a bombo y platillo. Parece como si nadie quisiera apuntarse el tanto”, indica la misma fuente, que espera que el contrato sea de acceso público y transparente. También se preguntan por otras cuestiones que todavía no han sido aclaradas, como si el acuerdo garantiza que los cuadros más importantes de la colección no estarán sujetos a otras operaciones mercantiles como la venta, el alquiler o incluso el préstamo. Es tradicional que en las salas donde cuelgan los cuadros de Cervera haya muchas más ausencias que en la colección permanente del Estado.

Además, llaman la atención sobre el conflicto de intereses “tan descarado” que sucede en este caso, en el que Cervera alquila su colección personal al museo que dirige como vicepresidenta del Patronato (el presidente es el ministro como cargo honorífico). Tampoco se sabe si el Gobierno permitirá a Carmen y su familia pasar más tiempo en España que en Andorra, a pesar de no pagar impuestos.

Por otro lado, las fuentes consultadas se sorprenden sobre los movimientos que ha anunciado la propia Cervera para convertir Mata Mua en Las Meninas del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. La sala principal en la que se exponía la popular pintura del siglo XX de la colección estatal será desplazada por la alquilada a la interesada. A su vuelta, el rehén Mata Mua será lo primero que reciba al visitante, ha explicado Tita. La vicepresidenta vitalicia del Museo Nacional quiere que sus obras rivalicen en protagonismo incluso con El Paraíso, de Tintoretto. La idea de Carmen Cervera es firmar el contrato ante los medios y hacer una presentación del Mata Mua como nuevo icono del museo, con nuevo diseño de las salas.

Un contrato comprometedor

En 2002 se firmó “el pacto de Basilea”, que repartía la herencia del barón Thyssen-Bornemisza entre sus cuatro hijos y Cervera, que decidió quedarse con las joyas, varios inmuebles y el 85% de los cuadros que el barón, hábilmente, no incluyó en la venta al Estado español. De esta manera proveía a su esposa de más ingresos para su futuro a costa de alquilar cuadros alojados en paraísos fiscales para rellenar instituciones públicas que, al término de las cesiones y alquileres, se verían obligadas, además, a adquirirlos. Ese mismo año firmó con el entonces ministro de Cultura Mariano Rajoy su cesión.

Hace un año la reunión en La Moraleja debía poner solución a un problema enquistado desde hacía una década: Tita había prestado en 2002 su colección al museo público del que es vicepresidenta, con la promesa de que una vez pasados 10 años esa cesión empezara a rentarle económicamente. Aunque no se concretó ninguna fórmula, desde 2012 y con España sumida en plena crisis financiera no fue posible ninguna inversión beneficiosa para la heredera del barón Thyssen-Bornemisza. En 2022, diez años después y con el país sumido en una crisis económica y sanitaria, Tita ha logrado sacar al Gobierno de Pedro Sánchez un contrato que compromete 130 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado para los próximos 20 años.

A lo largo de estas dos décadas se ha negado el acceso al contrato de cesión firmado por la Fundación Thyssen-Bornemisza (gestora del museo público) y el Ministerio de Cultura, dejando fuera de la luz pública las condiciones que Cervera puso para esa cesión que ella ha calificado de “generosa”. En estos 20 años, el Estado ha adquirido y rehabilitado dos palacios adyacentes al de Villahermosa, sede del Thyssen-Bornemisza, para instalar la colección de Carmen, de la que se exponen algo menos de 200 cuadros, junto con la colección que el Estado compró en 1993 por 350 millones de euros a la pareja Thyssen, compuesta por 775 cuadros, considerada hasta su venta como la colección privada de pintura más importante del mundo. Durante todos estos años apenas se ha conocido que una parte se comprometía a prestar los cuadros y la otra a almacenarlos, custodiarlos y conservarlos en el museo público. Los gastos de la colección de Tita han corrido a costa del Estado.

Otros 20 años de problema

Sus nuevos abogados descubrieron una oportunidad única cuando Pedro Sánchez despidió a José Guirao, ministro de Cultura con el que Tita ya había llegado a un pacto. José Manuel Rodríguez Uribes no prestó atención al movimiento y Tita aprovechó para sacar del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en junio de 2020, Mata Mua de Paul Gauguin, valorado en unos 40 millones de euros, y tres cuadros más. El primero serviría de rehén para forzar las negociaciones, los otros tres (el valioso Charing Cross, de Monet; Caballos de carreras en un paisaje, de Edgar Degas; y El 'Martha Mckeen' de Wellfleet, de Edward Hopper) salían para su venta en Abu Dabi, epicentro del poder económico y del mercado artístico. El Monet ya lo ha vendido a una colección árabe y cuelga en el Louvre de Abu Dabi, como adelantó este periódico. Estaba en su pleno derecho porque sus cuadros no responden ante la Ley de Patrimonio Histórico Nacional, dado que están a nombre de sociedades pantallas en las Islas Cook.

Con Mata Mua en una cámara acorazada de Andorra, Rodríguez Uribes tuvo que solucionar a contrapié la pérdida del cuadro que la coleccionista se ha empeñado en convertir en icono. Para enmendar el error garrafal, en menos de un año le ofreció a Tita una cifra millonaria (casi la misma cantidad que el Estado invierte en mantener el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza) por esos 425 cuadros y la viuda del barón estrechó la mano. A Miquel Iceta no le quedó otra que asumir el regalo envenenado de su predecesor. El problema enquistado se ha encarecido y volverá a surgir dentro de otras dos décadas.

La próxima semana se cumple un año desde la firma de una de las operaciones culturales más polémicas de las últimas cuatro décadas. El ya conocido como “pacto de la Moraleja” reunió el 29 de enero de 2021 a Carmen Cervera y sus abogados, Ángel Acebes y José María Michavila, con el entonces ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. En una larga jornada en la mansión de Tita, que se prolongó entre las doce de la mañana y las ocho de la tarde, la viuda del barón Thyssen-Bornemisza logró ponerle solución a un problema que se había enquistado desde hacía una década. Entonces se dijo que el contrato por el que Cervera se beneficiará de 130 millones de euros por los próximos 20 años estaría firmado por ambas partes en dos meses, listo para finales de marzo del año pasado.

Los expertos ven "injustificados e injustificables" los 130 millones del alquiler de la colección de Carmen Cervera

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Un año después del acuerdo al que se comprometió Rodríguez Uribes, el Ministerio de Cultura no aclara a elDiario.es el motivo del retraso acumulado, pero asegura que están “a la espera de cerrar la fecha” y que “ya se han dado todos los pasos”, sin especificar cuáles son. Desde la cartera de Miquel Iceta se invita a preguntar al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza a ver si allí saben algo más, porque “es una cuestión de cerrar agendas”. Sin embargo, el contrato que firmará el Gobierno de España no es es con el museo público, sino con la coleccionista. Suele ser común que los intereses de la institución estatal se confundan con los de su vicepresidenta. Desde el departamento de prensa del museo despachan con un sobrio: “Todavía no hay fecha”.