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Cien millones de euros para rehabilitar los deteriorados palacios de justicia de Alicante y Valencia

El plan de infraestructuras de la Generalitat contempla más de 200 millones de euros para la construcción de nuevos edificios, la rehabilitación de los ya existentes, la mejora de la eficiencia energética y un plan de seguridad centralizado

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Tribunal Superior de Justicia valenciano

Los palacios de justicia de las dos principales ciudades valencianas comenzarán a ser estructuras decentes para el uso de los trabajadores y de los ciudadanos. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha presentado este martes el plan de infraestructuras judiciales para adaptar las sedes al siglo XXI y atender a las necesidades del personal.

El plan, que se contempla de 2017 a 2021, prevé una inversión de 200 millones de euros en cuatro vertientes: construcción de nuevos edificios, rehabilitación de las infraestructuras deficientes, un plan de eficiencia energética y la centralización del sistema de seguridad.

Buena parte de la inversión se centra en Alicante, que cuenta con unas infraestructuras obsoletas y en las que la actividad se hace complicada para los trabajadores. El palacio de la justicia se llevará 24 millones para su rehabilitación, además habrá 53 millones para la construcción de un nuevo edificio en la ciudad. 

En la reforma de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, una reivindicación que arrastra años y anunciada el lunes, se invertirán 25 millones de euros para unas obras que durarán entre 4 y 5 años. Prácticamente, del actual palacio solo quedará la fachada, según comentaban este martes en la sede el Ejecutivo.  Ambas sedes se encuentran en un estado deplorable, como ha venido criticando el personal de justicia.

El president, Ximo Puig, que ha comparecido siguiendo a la consellera, ha recordado que al llegar al Gobierno su equipo encontró "una justicia desantendida y una administración distante" respecto a los ciudadanos, a quienes se debe y protege el sistema judicial. Por tanto, considera imprescindible poner en marcha una política de reparación de derechos, que debe pasar por la inversión en justicia -desterrando la idea de gasto-. "Los recortes suponen empobrecimiento moral y social", ha considerado, para señalar la red de oficinas de atención al delito que ha ido creando el Consell.

El modelo copia el de Pla Edificant que puso en marcha Educación, en el que los ayuntamientos hacen las licitaciones y la Generalitat abona el coste para agilizar el proceso. En realidad, algunas actuaciones comenzaron en 2017 y ya hay dos obras a punto de finalizar; la fiscalía de Gandia y los juzgados de Mislata, que contaba con "uno de los espacios más indignos", ha resaltado Bravo.

La consellera de Justicia calcula que se reformarán con este presupuesto uno de cada cuatro centros y, si se tienen en cuenta los planes de eficiencia engergética, asciende a un 60%. El objetivo de estos últimos, así como los de seguridad, es una gestión más eficaz del mantenimiento de edificios para garantizar también la salubridad y comodidad de los funcionarios que allí trabajan, así como de los derechos de los ciudadanos que acuden, para que sean atendidos en las mejores condiciones.

El STAJ denunció el mal estado de la sede judicial de Alicante en 2015

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