La Hacienda y la Fiscalía mexicanas investigan ventas por debajo de su precio de Bankia y CaixaBank en Riviera Maya

La Hacienda y la Fiscalía mexicana han abierto una investigación sobre las ventas que han realizado las sociedades de Bankia y CaixaBank en la operación urbanística Grand Coral, en la que también indaga en España la Audiencia Nacional por el quebranto de 750 millones que ocasionaron empresarios y banqueros a las entidades rescatadas Bancaja y Banco de Valencia. El fisco del país norteramericano ha solicitado a las entidades bancarias españolas que detallen las ventas y el valor de las mismas, petición que consideran como “ordinaria, como hacen todos los años”.

La información la ha adelantado el periódico mexicano Excelsior y tiene relación con noticias publicadas por eldiario.es en agosto de 2018, donde se reveló que Bankia vendió apartamentos de lujo en Riviera Maya por 354.000 dólares que se revendieron por 1,3 millones a las dos semanas. Según la información de Excelsior, la investigación de la Fiscalía se inició en enero de 2019 “por presuntas operaciones fraudulentas, simulación de compraventa de inmuebles y evasión fiscal”.

“La pesquisa que inició el pasado mes de enero involucra a las empresas Proyectos y Desarrollos Hispanomexicanos S.A., Inmobiliaria Piedra Bolas S.A., y Playa Paraíso Maya, propiedad de Bankia y  CaixaBank. Estas compañías, de acuerdo a la investigación en curso, efectuaron la venta de bienes inmuebles simulando su valor, principalmente en las zonas de Baja California y Riviera Maya, en perjuicio de la hacienda local, estatal y federal. Operaciones que pudieran ser constitutivas de un delito fiscal y de blanqueo de capitales”, explican las mismas fuentes, que aportan también documentación.

Es decir, las compras a bajo precio y posterior venta, sospechan las autoridades mexicanas, podrían ocultar movimiento de dinero negro y la correspondiente evasión fiscal.

A preguntas de este periódico, fuentes de Bankia explican que los activos de Grand Coral estuvieron tres años a la venta y que por ellos se interesaron cientos de inversores. “Y ninguno quiso pagar más de lo que han pagado. Si lo hubiéramos podido vender por más así lo hubiéramos hecho”, aseguran. Además, de las “seis o siete” operaciones realizadas “las ventas se declararon y se asumieron los correspondientes impuestos” en México. 

En diciembre de 2015, Bankia y CaixaBank deciden desinvertir su 73 y 27 %, respectivamente, que tienen en estas sociedades inmobiliarias. En ese punto, fuentes conocedoras de la operación afirman que el proceso se realizó de manera transparente y competitiva y con el asesoramiento externo de JLL. “Nosotros lo que queremos es vender al mejor precio”, defienden, al tiempo que acreditan que todas las operaciones han pasado por el filtro de Cofece, el organismo de competencia mexicano.

Además, apuntan, entre los activos había inmuebles sin tramitación urbanística o sujetos a normativas medioambientales muy difíciles de vender o de regularizar. “Se han vendido conforme el interés, ha costado porque no era tan fácil”, sentencian.

Escrito de Ferri y Baldó sobre una posible mala venta

Dos de los principales acusados por la Audiencia Nacional, los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, se enfrentan a doce años de prisión y a una multa de 88 millones de euros por el agujero que generó esta inversión en Bankia. En uno de sus escritos de defensa, los acusados criticaron las ventas de los activos en Riviera Maya por parte de la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri. 

Según los procesados, la información aportada por Bankia evidencia que se han vendido apartamentos “por precios irrisorios, injustificadamente bajos respecto a su valor de mercado”.

El caso más llamativo, explican en el escrito presentado en la Audiencia Nacional que publicó eldiario.es, es la promoción Marea Azul, donde ha habido una “disminución del 73 % sobre el precio medio de las ventas acumuladas en 2011 y del 72 % respecto a las ventas hasta 2016”. Bankia traspasó 188 apartamentos por un precio medio de 219.361 dólares y su comprador revendió 21 de estos inmuebles a un precio medio de 1.121.000 dólares americanos “en apenas dos semanas”. Un pelotazo en toda regla para el comprador.

En el caso concreto de un apartamento de lujo de 300 metros cuadrados y cuatro dormitorios -el 233-Norte de Marea Azul- lo vendió la entidad financiera nacionalizada por 354.125 dólares y su comprador lo ha puesto a la venta por 1.317.384 dólares. Una plusvalía de un millón de euros con tan solo mantenerlo 14 días en cartera.

El la promoción “Nick Price” pasaría algo semejante. Bankia y CiaxaBank han vendido 82 viviendas a un precio medio de 149.968 dólares y el adquiriente los ha traspasado al poco tiempo a un precio medio de 469.250 dólares. Esto aseguran los ya procesados, “representa un descuento del 62 % respecto al precio medio de venta indicado por la propia Bankia Habitat en su informe interno de febrero de 2012”.

Los procesados reiteran que las entidades financieras “han malvendido los activos reseñados, a precios desproporcionadamente inferiores a su valor de mercado, habiendo generado un auténtico escándalo en el sector inmobiliario de México”. Según las cuentas de Ferri y Baldó, Bankia y CaixaBank habrían dejado de ingresar 219 millones de dólares americanos “con el correspondiente perjuicio para sus accionistas”, 169 en la promoción Marea Azul, 26 en Nick Price y 24 millones de dólares en la Lorena Ochoa.

Los peritos del Banco de España cuestionan la tasación inicial de Tinsa y Tinsa México “porque no está garantizada la independencia del firmante”. Pero la realidad es que Bankia y Caixabank, también acreedor de Grand Coral aunque sin accionariado público, han vendido a un precio muy inferior al que posteriormente se han revendido.  

Estas operaciones inmobiliarias han generado bastante revuelo en la prensa mexicana local porque han hecho saltar por los aires el mercado inmobiliario. De hecho, han motivado el inicio de una investigación de la Fiscalía y el fisco mexicanos.

La entidad bancaria cuyo 60 % es propiedad del Estado ha defendido el proceso de desinversión realizado en las participadas inmobiliarias. Primero porque era una exigencia de la UE, segundo, porque el mercado inmobiliario estaba hundido y tercero, porque la sociedades vendidas tenían importantes deudas. Es más, apuntan que algunos de los bienes que se compraron como primera línea de Playa Carmen en Riviera, “estaban a 15 kilómetros del mar”. “Y eso no vale lo que dijeron que valía”, concluyen.

Respecto a la investigación de la fiscalía, fuentes cercanas a las entidades bancarias afirman que no tienen ninguna noticia de esta situación y que solo han recibido el requerimiento de Hacienda.