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Hacienda estudia recortar la financiación del nuevo gobierno valenciano por la morosidad de la era del PP

La Comunitat Valenciana incumple la ley al pagar a sus proveedores con más de 90 días de retraso

Alberto Fabra ha visitado a Cristóbal Montoro

Alberto Fabra y Cristóbal Montoro.

PSPV-PSOE y Compromís, los partidos que formarán el próximo gobierno valenciano, están preocupados por las cuentas de la Generalitat, una institución cercana a la bancarrota desde hace años. Ahora, antes de que el nuevo ejecutivo tome posesión, el gobierno de España amenaza con acrecentar sus problemas: estudia recortar parte de su financiación para cumplir con la Ley de Morosidad.

La Comunidad Valenciana, con Aragón y Extremadura, es una de las autonomías que más tarda en pagar a sus proveedores. Según las últimas cifras oficiales, a 92 días. Ese retraso viola la ley de morosidad (que obliga a cumplir en un mes) o la ley de control de la deuda comercial del sector público (60 días).

Está última ley permite al estado retener dinero a las autonomías que no abonen sus facturas en tiempo y forma. En marzo, el ministerio de Hacienda ya advirtió a la Comunitat Valenciana y otras regiones de que, de persistir sus incumplimientos, podría actuar.

Ahora, tras muchos meses sin ajustarse a la norma, Hacienda, según El País, estudia aplicar las sanciones pese al cambio de color político de la Comunitat Valenciana, donde gobernará la izquierda tras 20 años de poder omnímodo del PP.

La ley permite detraer tanto dinero a la autonomía como deuda exista. A cierre de 2014, la deuda con proveedores de la Comunitat Valenciana era de 1.446 millones, aunque en los cuatro primeros meses de 2015 ha recibido 2.000 millones en créditos sin intereses. A pesar de ello, el periodo medio de pago se ha alargado: de 82 días en diciembre de 2014 a 92 días en el primer trimestre.

El último conseller de Hacienda del PP, Juan Carlos Moragues, presumió de dejar las cuentas relativamente saneadas. Tampoco contemplaba, tras la primera advertencia de Hacienda, una intervención de la Generalitat. “Descartamos absolutamente cualquier escenario de detracción de fondos para pagar a proveedores por parte del Ministerio”, dijo. PSPV y Compromís, que ni siquiera han llegado al cargo, esperan que así sea.

 

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