Varias comunidades denuncian la falta de un plan concreto del Gobierno para el reparto de refugiados
Las comunidades autónomas acudían a la cita a recibir respuestas para empezar a actuar, pero se han vuelto sin ellas. La primera reunión de la Comisión Sectorial de Migraciones, convocada con el objetivo de concretar cómo España va a hacer frente a la crisis de refugiados, ha finalizado sin determinar los recursos destinados para este fin o los criterios manejados por el Gobierno para distribuir por regiones a los solicitantes de asilo que asumirá, según han denunciado varios consejeros asistentes. Las autonomías les piden números, el Ejecutivo responde: “No es importante la cifra, son importantes las personas”, ha aseverado la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
El Gobierno pospone todo tipo de decisión a la confirmación de la cifra de refugiados que corresponderá asumir a España –15.000 según fuentes comunitarias–, pero que no ha sido anunciada de forma oficial por Bruselas. El Ejecutivo ha trasladado a las comunidades autónomas su disposición a recibir “a todos” los asilados que establezca la institución europea.
El encuentro, que ha reunido a representantes de cada una de las comunidades y de la Federación de Municipios y Provincias, se ha basado en la puesta en común de los recursos de los que disponen los Gobiernos autonómicos para acoger a estas personas. Así, los consejeros tienen la misión de crear un “inventario” de posibles alojamientos y servicios públicos disponibles. Sin embargo, varios gobiernos regionales aseguran no poder concretar estos listados si la Administración central no les proporciona más información.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, encargada de la convocatoria de los diferentes consejeros, ha explicado que el Ejecutivo también esperará a conocer “los perfiles” de los refugiados que vayan a venir a España con el objetivo, dice, de “atender a cada uno de ellos de forma particular”. En este sentido, fuentes del departamento de Báñez aclaran que, por el momento, no se está planteando un reparto de cuotas para las diferentes comunidades autónomas sino que se mantendrá esta distribución individualizada en función del perfil de cada acogido.
Los datos derivados de los 'inventarios' de servicios públicos en cada región -plazas escolares, alojamiento, datos de empleo, etc.- se cruzarán con las necesidades de cada refugiado para decidir dónde se ubicará a cada familia. Al menos ese es el plan inicial, según el Ministerio de Empleo.
“Necesitamos prever”
“Falta concreción”, ha subrayado la consejera aragonesa de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto a la salida de la Comisión. “Intuíamos que no se iba a determinar la cifra de refugiados que le corresponde a España pero sí nos habría gustado saber cómo se va a realizar el reparto de estas personas, si van a venir todos a la vez o de forma paulatina, cómo se va a financiar...”, ha argumentado.
Desde la Junta de Andalucía también celebran la voluntad del Gobierno central de aceptar a “todos los refugiados” que establezca Europa pero, critican, “más allá de decir que todo es muy solidario no hay ni un plan de actuación”. El consejero de Justicia e Interior andaluz, Emilio de Llera, ha solicitado la determinación de los detalles para la próxima reunión de la Comisión, que se celebrará, asegura, tras la cumbre europea del 14 de septiembre. “Es decepcionante”, ha concretado. “No tenemos información de nada. Necesitamos prever”, ha concluido de Llera.
La Generalitat Valenciana también ha criticado la falta de detalles. Mónica Oltra, consejera de Igualdad de la Comunidad Valenciana, ha reconocido salir “estupefacta” del encuentro porque, asegura, ha sido “inútil”. Oltra ha propuesto la creación de un “corredor humanitario del Mediterráneo” para trasladar de forma más rápida a las personas que están llegando a Grecia. Báñez no ha descartado esta “aportación novedosa” pero ha matizado que en estos momentos no es la prioridad estudiar cómo se trasladarán estas personas.
Catalunya y Extremadura, en la misma línea, han solicitado al Gobierno más información para realizar los inventarios de recursos de forma más exhaustiva. Desconocen los fondos de los que dispondrán, los criterios por los que se les asignará un número de personas u otras, así cómo los plazos en los que el Gobierno se plantea recibir a los refugiados reubicados.
Los gobiernos de Galicia, Madrid, Castilla y León, en manos del Partido Popular, se han mostrado satisfechos con la voluntad del Gobierno de asumir todos los refugiados que asigne la Comisión Europea, y entienden que el Ejecutivo central no haya dado más detalles del plan de actuación, a la espera de confirmar la cifra que le corresponde a España.
Aunque la mayoría de las comunidades autónomas esperan la información del Gobierno para concretar qué número de personas podría asumir cada una de ellas en base a sus plazas y recursos, algunas sí han marcado una cifra aproximada. La consejera de Bienestar social gallega ha explicado que de momento aseguran que hay plazas suficientes para 300 personas. Desde la Comunidad Valencia sostienen que podrían recibir a “más de 400”, a lo que se sumaría “las plazas derivadas de la red de pueblos y ciudades refugio, la oferta de las familias dispuestas a acoger y las medidas puestas en marcha por el Arzobispado”. Por su parte, Catalunya, no ha detallado una cifra pero sí ha mostrado su voluntad de asumir la llegada de “más de 2.000 personas”, como, asegura su consellera de Bienestar Social, recepcionó en 1992, cuando España recibió a miles de refugiados serbios.
