El Congreso pacta por unanimidad presionar a Honduras para esclarecer el asesinato de Berta Cáceres
El Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo se han mostrado unidos esta semana con un objetivo común: condenar el asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres. Todos los grupos parlamentarios españoles y comunitarios han pedido a Honduras el esclarecimiento el ataque contra la activista que luchaba contra los abusos medioambientales de las multinacionales. Las presiones hacia el Gobierno hondureño aumentan al mismo ritmo que las críticas contra las pesquisas oficiales, acusadas de estar “influenciadas por los poderes económicos” contra los que combatía Cáceres.
Berta Cáceres lideró la campaña contra el proyecto de construcción de la presa de Agua Zarca en el río Gualcarque, una concesión que había obtenido la empresa hondureña DESA (Desarrollos Energéticos SA). Entre los financiadores de la presa estaban la Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo financiero para el sector privado en los países en desarrollo del Banco Mundial, y el Banco Holandés de Desarrollo (FMO). Tras el asesinato de la indígena asesinada, el FMO ha anunciado la suspensión temporal de todas sus operaciones en el país centroamericano, incluida su participación en el proyecto contra el que luchó Cáceres.
A ello se suman las últimas declaraciones políticas. El mismo día en el que todos los grupos parlamentarios españoles se ponían de acuerdo para, a través de una proposición no de ley, instar al Gobierno en funciones a hacer llegar a Honduras “la condena y preocupación española por la muerte de Berta Cáceres”, el Parlamento Europeo hacia la propio con la aprobación de una moción en la que urgía al Ejecutivo hondureño a iniciar “una investigación independiente” sobre el caso.
Ambas acciones políticas se han culminado tras la visita a Honduras de una misión internacional formada por diversos parlamentarios -entre los que se encuentran el español Pedro Arrojo y el eurodiputado Miguel Urbán, ambos de Podemos-, juristas y defensores de derechos humanos -como Nora Cortiñas, madre de la Plaza de Mayo-. El grupo visitó con “carácter urgente” el país centroamericano con el objetivo comprobar sobre el terreno la manera en la que se está llevando a cabo la investigación oficial del asesinato de Berta Cáceres y Nelson García, ambos miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas Hondureñas (COPINH).
“Irregularidades” en la investigación oficial
Tras “diversas entrevistas realizadas”, la Misión ha concluido que “son numerosas las irregularidades observadas” en la investigación de la Fiscalía hondureña. Según aseguran, “los testimonios recopilados apuntan a ”una masiva contaminación del escenario del crimen“ cuya custodia, recuerdan, era competencia policial. En este sentido, muestran su temor ante la posibilidad de ”creación de pruebas falsas“. Estas sospechas ya fueron advertidas por el único testigo del asesinato de Berta Cáceres, el activista mexicano Gustavo Castro. ”No escuche carros llegar ni irse cuando el asesinato; el escenario del crimen fue modificado y alterado; las pruebas de sangre y otras dejaron lìneas en blanco que luego pueden ser alteradas“, afirmó en una carta abierta publicada por eldiario.es.
Según denunció Castro, que permaneció durante un mes atrapado en Honduras a pesar del posible riesgo para su vida, el Gobierno trataba de “presentar ante al opinión pública que el asesinato de Berta se debió conflictos internos (en el COPINH), cuando hay demandas contra quienes la habían querido asesinar, vinculando a la empresa hidroeléctrica protegida por el estado”. En este sentido, aseguraba que las investigadores se centraban en los compañeros de lucha de Berta.
El informe “Justicia para Berta Cáceres” refleja estas acusaciones, reforzadas, dicen, por las entrevistas realizadas sobre el terreno. “Si bien no se puede afirmar que se esté eludiendo investigar a quienes han venido amenazando a Berta Cáceres, resulta preocupante que esta línea de investigación haya quedado en un segundo plano en las declaraciones que inciden en la opinión pública.
Aunque el Fiscal General “ha hecho declaraciones públicas en el sentido de que se está trabajando en varias hipótesis”, añaden, por el momento “no ha trascendido ninguna diligencia ”relativa a la supuesta responsabilidad de la empresa concesionaria DESA ni de los agentes del Estado. Algunas de las múltiples amenazas sufridas por Berta Cáceres procedían del entorno de la empresa hidroeléctrica contra la que luchaba, según un listado de los actos de hostigamiento denunciados ante las autoridades nacionales y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recopilado por el Centro de Justicia Internacional (CEJIL).
Las amenazas ignoradas
Precisamente por esta sucesión de amenazas (que habían aumentado durante las semanas anteriores a su asesinato), la CIDH otorgó numerosas medidas cautelares desde 2009. Según concluyó la Comisión, Honduras no tomó las acciones necesarias para evitar su muerte. El organismo de derechos humanos también dio seguimiento al “presunto hostigamiento judicial” contra Berta Cáceres por parte de “actores privados y estatales” quienes, según sus informaciones, la acusaban de “incitación a la violencia” con el posible objetivo de “intimidarla”.
La familia de Berta Cáceres ha denunciado sentirse marginada del proceso judicial y por el momento no ha logrado ser aceptada como parte de la acusación, según constata el informe. El Ministerio Público tampoco ha aceptado su solicitud para que la autopsia de Cáceres fuese realizada en presencia de expertos forenses independientes. Los indicios de interferencias políticas e intimidaciones entre el poder juidial son notables, según denuncia la misión internacional.
El informe concluye que “no se detecta voluntad política necesaria por parte del Gobierno de Honduras para acabar con la impunidad imperante en relación a los actos de violaciones de derechos humanos en el país”. Por lo que respalda la petición de los compañeros de Berta de realizar una “investigación independiente con la participación de personas expertas y organismos internacionales de derechos humanos”. Este procedimiento por el momento ha sido descartado por el Estado Hondureño.
La Misión Internacional pone como ejemplo la investigación independiente realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa. La presión popular empujó al Estado Mexicano a solicitar el estudio de los hechos a la CIDH, organismo que está desmontando la versión oficial del caso.
Para lograr este objetivo, la Misión 'Justicia para Berta' pide a diferentes potencias internacionales y entidades privadas una serie de acciones para presionar al Gobierno de Honduras a garantizar los derechos humanos. En esta línea, los eurodiputados de Izquierda Unitaria Europea (GUE) han solicitado a la Unión Europea la suspensión de los acuerdos comerciales y de asistencia con Honduras.
Según la organización Global Witness, en 2014 fueron asesinados 116 activistas medioambientales en 17 países, un 20% más que en 2013. Más de dos personas mueren cada semana en el mundo por defender sus tierras, sus ríos o sus bosques frente a la explotación. La investigación '¿Cuántos más?' señala a Honduras como el país más peligroso per cápita para estos activistas. El 40% de los asesinados son miembros de pueblos indígenas, como el lenca, al que pertenecía Berta Cáceres.
