Crecen las peticiones para que Reino Unido retrase el plazo para que los inmigrantes de la UE soliciten el permiso de residencia

Más de 40 organizaciones sociales financiadas por el Gobierno británico han escrito al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, instándole a que levante la fecha límite del 30 de junio para que los ciudadanos de la Unión Europea soliciten su residencia en el Reino Unido tras el Brexit.

Todas las organizaciones benéficas firmantes están financiadas por el Ministerio del Interior para proporcionar apoyo a los ciudadanos vulnerables de la Unión Europea, incluidos niños y ancianos que necesiten cuidados, víctimas de abuso doméstico y trata, comunidades gitanas y personas sin hogar.

Matthew Evans, director de la organización Advice on Individual Rights in Europe (Aire), dice que es “inaceptable” que los ciudadanos de la Unión Europea que habían construido sus vidas en el Reino Unido pudieran quedar indocumentados por “un plazo arbitrario”.

La carta enviada al primer ministro agradece las leyes aprobadas el pasado mes de octubre que permiten las solicitudes tardías siempre que existan “motivos razonables”, como, por ejemplo, en el caso de un niño bajo tutela que cumpla 18 años y descubra que la autoridad local no había enviado la solicitud para obtener el estatus de asentado o “pre-asentado”. No obstante, las organizaciones le han dicho a Johnson que son escépticos sobre el enfoque del Ministerio del Interior.

“Históricamente, el Ministerio del Interior ha adoptado una estrategia muy estricta con respecto a los ”motivos razonables“ [para atender las solicitudes tardías] y en las guías [aprobadas al respecto] se indica que el enfoque sobre las peticiones tardías se hará más estricto con el tiempo, lo que plantea serias preocupaciones sobre cómo se aplicará realmente este 'beneficio de la duda' a las 'personas vulnerables', dicen en la carta.

Las organizaciones benéficas temen que quienes pierdan su derecho a permanecer en el Reino Unido, aunque sea temporalmente, corran el riesgo de ser detenidos y deportados, lo que suponen “riesgos enormes y que potencialmente puedan arruinar su vida”.

Entre los firmantes de la carta se encuentran el centro jurídico para niños Coram, las oficinas de asesoramiento a los ciudadanos de todo el Reino Unido, desde Cornualles hasta Liverpool, Father Hudson's Care, una red de centros comunitarios católicos; el Centro de Recursos de Europa del Este, la Simon Community Scotland, Rights of Women y la Asociación de la Comunidad de Asilo y Refugio de Peterborough.

En repetidas ocasiones se ha planteado la preocupación por la situación legal de quienes no han presentado su solicitud antes del 30 de junio, aunque tengan derecho a permanecer si vivían en el Reino Unido antes del 31 de diciembre del año pasado.

Aunque el Ministerio del Interior ha recibido 5,4 millones de solicitudes -cerca de dos millones más de lo estimado-, nunca se han recogido datos sobre el número de ciudadanos de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (EEE) que se encuentran en el país porque nunca ha habido un sistema de registro, a diferencia de muchos otros países de la Unión Europea.

Ciudadanos “enfrentados a políticas de entorno hostil”

Las organizaciones benéficas instan a Johnson a que levante por completo el plazo y no imponga otro hasta que pueda demostrar que todos los ciudadanos de la Unión Europea y los familiares no comunitarios que reúnen los requisitos han conseguido el estatus.

“Si solo el 1% de los millones de ciudadanos de la UE residentes en el Reino Unido no pueden solicitarlo, eso dejaría a decenas de miles de ciudadanos del Espacio Económico Europeo (EEE) indocumentados, vulnerables a la explotación y enfrentados a políticas de entorno hostil que incluyen la detención y la expulsión”, dicen.

“Sabemos que esto no es algo que nadie quiera. Sin embargo, son las personas a las que apoyan nuestras organizaciones... las que tienen más probabilidades de ser ignoradas por este sistema”, dicen al primer ministro.

Marianne Lagrue, responsable de políticas de Coram, considera “positivo” que el Ministerio del Interior haya financiado a las organizaciones benéficas, pero “esa financiación nunca podrá llegar a todos” a solo unas semanas para que se cierre el plazo. “Más bien nos ha demostrado a nosotros, como organizaciones subvencionadas, el alto nivel de necesidad que sigue existiendo cuando apenas quedan semanas”, dice.

Jackie Murphy, consejera delegada de TGP Cymru, que presta apoyo a las comunidades gitanas, ha instado a Johnson a tener en cuenta la “enorme perturbación” de los programas de apoyo “cara a cara” causada por la COVID-19, además de la acumulación de citas detectada en las embajadas para los que necesitan renovar sus documentos de identidad. The Guardian ha contacto con el Ministerio de Interior británico, pero no ha recibido respuesta.

Traducido por Lara Lema.