Presentados ante la ONU 39 casos de supuestos abusos policiales racistas ocurridos en España durante el estado de alarma

Durante las semanas más duras del confinamiento, M. E. decidió salir un rato a la puerta de su casa para disfrutar de la luz natural inexistente en su domicilio. “Vete a tu casa moro de mierda”, escuchó el joven, de nacionalidad marroquí. Quienes gritaban eran dos agentes de los Mossos d'Esquadra, según su denuncia ante los tribunales. Él respondió con un “gesto recriminatorio”. Los policías, indica, rompieron la puerta de su casa a patadas, lo arrinconaron y le propinaron un puñetazo en el ojo.

El caso denunciado por M.E. es uno de los 70 “incidentes racistas y prácticas institucionales discriminatorias” detectados durante el estado de alarma (del 15 de marzo al 2 de mayo) por el Equipo de Implementación del Decenio Internacional para los Afrodescendientes en España y Rights International Spain (RIS). Ambas entidades han recopilado los casos, recabados a través de denuncias de personas afectadas y organizaciones, en una investigación presentada este martes ante el Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre los Afrodescendientes, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Minorías y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

A petición del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el informe 'Crisis sanitaria COVID-19: racismo y xenofobia durante el estado de alarma' forma parte de una iniciativa global de recogida de datos desagregados con el objetivo de visibilizar el impacto de las medidas de confinamiento sobre las minorías étnico raciales vulnerables, el racismo estructural e institucional en España. Del total de víctimas, las personas negras y afrodescendientes (32%) fueron las más afectadas, seguidas por árabo-musulmanas (30%), gitanas (25%) y latinas (8%). De ellas, un 70% afirma haber sufrido una parada por perfil racial además de ser objeto de brutalidad policial tras ser identificadas, expone el documento.

Aunque tener una situación administrativa regular no ha eximido de abusos racistas a las personas no blancas afectadas, casi un 26% de los encuestados se encontraba sin papeles, lo que “incrementa notablemente su indefensión y la vulnerabilidad frente a los abusos”, denuncian los autores del documento. El informe menciona varios casos particulares en los que “paradas por perfil étnico” realizadas por la policía empujó los afectados a decidir no volver a salir de casa durante el estado de alarma para realizar compras de primera necesidad.

No volver a salir a comprar por miedo

Entre el 15 de marzo y el 7 de abril, la Policía Nacional realizó al menos trece identificaciones por perfil racial, según documentó la organización SOS Racismo. Las personas afectadas, cuatro jóvenes marroquíes y ocho hombres afrodescendientes, se dirigían a realizar compras básicas, detalla el informe. Cuatro de ellas, según la organización, no tenían los papeles y la Policía las “amenazó con ser ”expulsadas del país en cualquier momento“. Estos ciudadanos, aseguran según la organización, dejaron de salir a la calle a adquirir alimentos ”por miedo a la policía“.

Cuando un hombre senegalés “se dirigía hacia una lavandería” del distrito Carabanchel en Madrid el 28 de marzo, una patrulla de la Policía Local le solicitó su identificación. Al encontrarse en situación administrativa irregular, los “agentes llamaron por radio para reseñarle mientras le subían al vehículo policial”, relatan los investigadores. Una vez en comisaría, se le impuso una sanción por saltarse el confinamiento y “fue apercibido de no salir a la calle si no quería 'tener más problemas”. Desde entonces, sostiene el informe, volvió a salir a comprar.

El estado de alarma ha supuesto “una dificultad añadida” para las personas en situación administrativa irregular, alertan. Aunque tengan un trabajo, como en el caso de las empleadas domésticas, acudir a su puesto laboral suponía un riesgo, más allá del virus, pues carecían de certificado acreditativo de necesidad de desplazamiento por motivos laborales hasta el lugar de trabajo.

Es la situación sufrida por varias empleadas domésticas durante el confinamiento. Cuando una mujer colombiana en situación irregular se dirigía a la casa de los ancianos que cuidaba, se cocó con la Guardia Civil, que “la amenazó con ser deportada tras recibir un trato de 'hostigamiento”, advierten las entidades. Los hechos, según su testimonio, ocurrieron el pasado 7 de abril en Segovia. Los agentes le indicaron que “debía irse a su país” y le ordenaron regresar a su casa. No pudo ir a trabajar.

Un episodio similar vivió otra mujer latinoamericana, identificada en la Puerta del Sol en Madrid cuando acudía a trabajar en la limpieza y cuidado de menores. Los agentes, tras identificarla, le comunicaron que podía ser multada o detenida para su deportación. La mujer perdió su empleo, según la información aportada por el Equipo de Implementación del Decenio Internacional para los Afrodescendientes en España y RIS.

El documento aglutina incidentes surgidos en distintas partes del Estado español. Madrid acumula un mayor número de denuncias (40%), seguida por Catalunya (21%) y País Vasco (8%). Además de denuncias de actos racistas, los autores incluyen comentarios que fomentan el discurso de odio en declaraciones públicas o en redes sociales. En este caso, los mensajes iban dirigidos especialmente a personas gitanas, como ya advirtió a finales de marzo el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica.

Por último, el 10% de las denuncias presentadas este martes ante la ONU se enfoca en políticas que “contribuyen a discriminación contra personas afrodescendientes”. Entre ellas destacan, por ejemplo, la saturación existente en el Centro de Estancia Temporal para Extranjeros de Melilla, que imposibilita el cumplimiento de las medidas sanitarias exigidas al resto de la población y las condiciones de los jornaleros migrantes en el campo.

“Las minorías étnicas y raciales están sobrerrepresentadas en ocupaciones de alto riesgo, como la limpieza, el transporte, la agricultura, el trabajo informal y tienen más probabilidades de vivir en áreas urbanas desprovistas, densas y sobrepobladas objeto de un mayor control policial, estando por lo tanto en situación de desventaja”, critican los autores del informe, quienes recuerdan la infradenuncia que suele primar en los delitos de odio, debido al miedo a represalias y el gasto económico ligado a un procedimiento judicial. “Si el COVID-19 ha puesto de relieve las debilidades de nuestra democracia y del sistema económico global, ahora estamos en el momento oportuno para reconstruir una sociedad más inclusiva para todos sus miembros, más solidaria, fuerte e igualitaria”, concluye el documento.