La Fiscalía de la Corte Penal Internacional abre un examen preliminar por el desplazamiento forzado de los rohingyas

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha abierto este martes un examen preliminar por las supuestas deportaciones y desplazamientos forzados de la minoría musulmana rohingya de Myanmar a Bangladesh, según ha anunciado el tribunal en un comunicado.

La fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, ha indicado que el examen preliminar se centrará en la supuesta comisión de delitos como “desplazamientos forzados, privación de derechos fundamentales, homicidios, violencia sexual, desapariciones forzadas, destrucciones y saqueos”.

La decisión de la Fiscalía se produce dos semanas después de que una Sala de Cuestiones Preliminares confirmara que la CPI tiene competencia para tratar el caso.

Las dudas legales se debían a que Birmania nunca ha aceptado someterse a la jurisdicción de la Corte, pero los jueces manifestaron que los delitos se habrían terminado de cometer en territorio de Bangladesh, país que sí ha ratificado el Estatuto de Roma, carta fundacional de este tribunal con sede en La Haya.

“La decisión es un paso significativo en la dirección correcta que abre un claro camino a la justicia para los rohinyá”, celebró entonces el director para el Sur de Asia de Amnistía Internacional, Biraj Patnaik. “La corte ha enviado una clara señal a los militares birmanos de que tendrán que rendir cuentas”, añadió.

El examen preliminar abierto no es una investigación plena, sino un paso previo en el que se analizan cuestiones como la complementariedad del caso (comprobar si la justicia nacional ha investigado de forma seria los hechos denunciados), su gravedad o una evaluación completa sobre si los delitos entran en su jurisdicción.

“Todo examen preliminar requiere una evaluación rigurosa de la información disponible, un análisis fáctico y legal exhaustivo y una evaluación irreprochable de los criterios del Estatuto de Roma. Es lo menos que debemos a las víctimas”, señala Bensouda.

Las autoridades birmanas han rechazado en varias ocasiones las pesquisas de la CPI y denuncian que invade su principio de soberanía, pues, al no ser el país signatario del Estatuto de Roma, consideran que no tendrían obligación de acatar su jurisdicción.

Más de 700.000 personas rohingyás han huido de Birmania a la vecina Bangladesh desde agosto de 2017 a raíz de una campaña militar en respuesta a un supuesto ataque de un grupo insurgente contra puestos policiales y fronterizos.

La ONU identifica elementos de genocidio

El anuncio se produce escasos días después de que la comisión de investigación de la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en Birmania (Myanmar) publicara el mayor y más detallado informe sobre las atrocidades y abusos cometidos contra la minoría musulmana rohingya durante décadas.

El documento, de 444 páginas, detalla las vejaciones y abusos perpetrados contra esta comunidad apátrida -el Estado no los reconoce como nacionales- desde 2011 en los estados de Kachin, Shan y, especialmente, en el norte de Rakáin.

El informe pone sobre todo el acento en los distintos estallidos de violencia que ha habido a lo largo de los años y especialmente en el ocurrido a partir del 25 de agosto de 2017 en el estado de Rakáin y que provocó la huida de cientos de miles de personas. 

La conclusión más relevante del informe es que se confirmaron elementos de “genocidio intencional” por parte de los altos mandos de las Fuerzas Armadas birmanas en dicha operación contra los rohingya.

La misión considera que “los crímenes cometidos en el estado de Rakáin y la manera en la que fueron perpetrados, son similares en su naturaleza, gravedad y alcance a aquellos que han permitido establecer un genocidio intencional en otros contextos”.

La investigación se ha basado en más de 800 entrevistas de supervivientes de las masacres pero también en vídeos, fotografías e imágenes satelitales que demuestran la campaña de tierra quemada perpetrada por las autoridades, tal y como han documentado ONG como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.

“Con toda esta información pudimos reconstruir lo que sucedió en once lugares. Y nos muestra un patrón de comportamiento del Ejército totalmente desproporcionado en que separaban a hombres y mujeres, a los hombres los mataban directamente, a las mujeres y a los niños los violaban y después los mataban quemados en sus casas”, sostuvo en rueda de prensa una de los miembros de la comisión, Radhika Coomaraswamy. “Basándonos en este patrón llegamos a la determinación de que (los militares) deberían ser perseguidos por genocidio”, agrega.

Los miembros de la comisión subrayan que “la demolición en masa y la política de destrucción en el estado de Rakáin levanta serias preocupaciones sobre la destrucción de evidencias y sus efectos en futuras investigaciones de los crímenes, incluyendo los más graves bajo la ley internacional”, como el genocidio.

Por esta razón, están pidiendo que se establezca algún tipo de mecanismo que pueda preservar las evidencias y poder prepararlas para ser usadas por el ministerio fiscal cuando haya un tribunal susceptible de juzgar dichos crímenes. Los expertos habían instado al Consejo de Seguridad de la ONU a referir el caso a la Corte Penal Internacional o a crear un tribunal internacional penal “ad hoc” para juzgar esos crímenes.

El texto también analiza la represión y denegación de derechos aplicadas como política de Estado contra los rohingyas durante “medio siglo”.

“Los múltiples elementos de opresión están basados en políticas de estado que ocurren en un contexto de retórica y práctica discriminatoria. La misión concluye que esta sistemática, severa e institucionalizada opresión, desde el nacimiento hasta la muerte constituye persecución”, subraya la comisión.

El documento, además, explicita centenas de violaciones, culpa claramente al Ejército de la gran mayoría de las atrocidades cometidas y nombra públicamente a los mandos que deberían ser investigados y juzgados por un tribunal internacional por haber cometido el peor crimen, el de querer eliminar, suprimir a una comunidad entera. 

De hecho, los expertos han elaborado una exhaustiva lista con los presuntos responsables de los crímenes cometidos durante la campaña militar contra los rohingyas, empezando por su máximo cargo, el general Min Aung Hlaing. Pero también condenan a la líder de facto birmana, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, porque “no utilizó su cargo (...) ni su autoridad moral para frenar o prevenir los acontecimientos en el estado de Rakáin”.

Además del “genocidio intencional” en Rakáin, la comisión ha recabado pruebas de crímenes de guerra y contra la humanidad en los tres estados perpetrados por el Ejército.