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Inmigrantes hacinados, contagiados y ahora señalados por el brote en Melilla: “A los extranjeros nos culpan de todo”

Una de las tiendas donde duermen las personas acogidas en el CETI ante la falta de espacio en el interior.

Rosa Soto

Melilla —

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Pedían a gritos una solución, pero han acabado señalados como responsables. “No entendemos por qué nos culpan a nosotros de los contagios si hemos pasado meses confinados en el CETI y el único contacto con el exterior se ha dado con los trabajadores del centro. Nosotros no somos un foco de rebrotes”, dice Abdellah desde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), donde se desencadenó un brote de coronavirus a finales de agosto tras meses de denuncias por sus condiciones de hacinamiento.

Desde el mes de marzo, el Defensor del Pueblo y distintas organizaciones solicitan a Interior, Migraciones y el Gobierno de la ciudad una respuesta para los cerca de 1.300 migrantes alojados en un espacio con capacidad para albergar a 700 en plena crisis sanitaria. Sus peticiones no fueron escuchadas y, más de un mes después del primer contagio detectado en el centro, el número de residentes infectados ha ascendido a 132. En total, hay 382 positivos en Melilla. “La situación de Melilla es complicada, en el CETI el riesgo de contagio era evidente, lo anticipamos, lo transmitimos a las autoridades sanitarias. También la plaza de toros es una situación que nos parece inadecuada”, reconoció este miércoles en el Congreso el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, quien solicitó a Interior al inicio de la pandemia la aceleración de los traslados de inmigrantes a la península, a lo que Fernando Grande-Marlaska se niega.

Peticiones para acelerar traslados

Desde Amnistía Internacional acusan de inacción al Gobierno. “Llevamos muchos meses pidiendo al Ministerio de Interior un plan para descongestionar el centro y acelerar los traslados a la Península, especialmente de las personas vulnerables como mujeres víctimas de violencia de género, niños y niñas, personas del colectivo LGBTI, o aquellas que cuentan ya con protección internacional. Pero parece que la salud de estas personas no importa, sino que cada ministerio descarga la responsabilidad en el otro, sin que ninguno finalmente tome la decisión”, dice Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Ya advertimos desde el inicio de la pandemia sobre los posibles contagios y la dificultad para mantener las distancias de seguridad en un centro tan hacinado. Esperamos no tener que lamentar algo más grave”, apuntan desde la ONG.

Durante las últimas semanas se han sucedido una serie de acciones de rechazo a los residentes del centro que alimentan el discurso de odio contra los extranjeros, responsabilizándolos del avance del virus en la ciudad autónoma: pintadas, protestas contra el aislamiento de los migrantes contagiados en determinados barrios o declaraciones políticas que colocan a los residentes del CETI en el centro de la diana. La última ha surgido desde el Partido Popular melillense.

Esta semana, la senadora popular Sofía Acedo pidió cambiar el régimen jurídico del CETI –caracterizado por ser un centro abierto, que permite la entrada y salida de sus residentes- por un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), es decir una instalación policial cerrada, para impedir que los migrantes puedan moverse por la ciudad autónoma: “Ya está bien de solidaridad mal entendida. Los gobiernos local y central deben trabajar para impedir la inmigración irregular”, dijo la senadora.

Illa y Simón

Las declaraciones realizadas por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no han sentado bien en el CETI de Melilla.

En su comparecencia conjunta el 28 de septiembre, Simón señaló que el brote en el CETI, con 84 positivos, “no favorecía” la evolución epidemiológica de la ciudad que sumaba 521 casos (siendo el CETI una sexta parte del total). El responsable de Emergencias Sanitarias lamentó que el impacto del CETI hiciera que los datos de Melilla no fueran “todo lo favorables que podían ser”. Illa también destacó que la situación epidemiológica de la ciudad estaba vinculada al brote en el CETI, aunque quiso rebajar la tensión y afirmó que las autoridades sanitarias locales iban en la dirección correcta.

“Los representantes políticos ponen en la picota a los residentes del centro que se han pasado encerrados dos meses y medio y han padecido el primer contagio a los cinco meses del inicio de la crisis sanitaria por focos externos al CETI”, dicen a elDiario.es fuentes del CETI.

La misma fuente confirma que continúa sin estar programado un traslado a la península para descongestionarlo como reclama Amnistía Internacional, entidad que critica la falta de compromiso del Gobierno central con estas personas. “El último traslado fue en mayo, cuando 136 personas fueron reubicadas en centros peninsulares mejor adaptados”, dice Virginia Álvarez, investigadora de la organización. Para la portavoz de Amnistía Internacional, las declaraciones de Simón e Illa forman parte del “atropello y negligencias” que suma el Ejecutivo y que no evitan “los conatos racistas y xenófobos” que se pueden ver tanto en redes sociales como en la calle.

Encerrado en una ciudad donde no te quieren

“Me siento impotente, siento que de no puedo hacer nada al estar encerrado en una ciudad donde no te quieren y encima no poder continuar mi viaje para reunirme con mi familia en Francia”, reconoce Abdellah. El solicitante de asilo, que no forma parte de los infectados, asegura estar algo más aliviado porque “el CETI ha mejorado el reparto de mascarillas”, prácticamente diario, y ha reforzado los dispensadores de gel hidroalcohólico: “Ya no me los encuentro vacíos”, dice el hombre, que hace poco más de un mes se quejaba de la falta de medidas de higiene contra el coronavirus en el centro, cuando surgieron los primeros casos en las instalaciones dependientes del Ministerio de Inclusión. “Nos culpan de todo, pero nadie se pone en nuestra situación”, remarca este solicitante de asilo.

Sin embargo, “el rebrote del odio”, como lo llama Abdellah, repuntó a inicios de septiembre. Tras el inicio del brote en el CETI, la Ciudad Autónoma anunció un acuerdo alcanzado con la Secretaría de Estado de Migraciones que consistía en trasladar a los residentes del CETI enfermos de COVID-19 a las instalaciones deportivas de Altos del Real, situadas en la periferia del barrio El Real, el más extenso de Melilla. De esta forma se pretendía garantizar su cuarentena y aislamiento, además de evitar la propagación del virus en el centro de acogida, que duplica el aforo permitido e impide mantener la distancia de seguridad. A fecha de 15 de septiembre albergaba a 1.385 personas, a pesar de tener una capacidad máxima de 782, de acuerdo con la respuesta parlamentaria escrita que el Gobierno de España dirigió al diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, el pasado 29 de septiembre.

Caravana contra el aislamiento en un polideportivo de los migrantes contagiados

Poco después la Asociación de Vecinos del Real organizó una cacerolada para reflejar su rechazo al confinamiento de las personas migrantes enfermas en módulos prefabricados de la Ciudad Deportiva de Altos del Real. Desde esta entidad consideraban que suponían “un foco de contagio e inseguridad” para los vecinos del barrio y solicitaban su traslado a otras instalaciones.

Una vez que los residentes contagiados del CETI fueron trasladados a la Ciudad Deportiva de Altos del Real, la misma asociación vecinal organizó una caravana con un centenar de vehículos que recorrieron toda la ciudad para demostrar su rechazo a la decisión del gobierno melillense de trasladar a los migrantes infectados.

“El barrio se ha declarado en contra de este centro, por la peligrosidad sanitaria que nos podría generar”, sostenían desde la organización. “Carece de sentido tener esa bomba ahí tan cerca de los colegios, las mezquitas y de un barrio con tanta gente”, añadían, quienes han lanzado una campaña de recogida de firmas en Change.org que acumula mil apoyos. Hace unas semanas, la plaza de toros donde han sido alojados los residentes del CETI considerados “vulnerables” amanecía con una pintada: “Plaza de moros”.

Cierre con el estado de alarma

El CETI cerró sus puertas el mismo día que el Gobierno de España decretó el estado de alarma y no las reabrió hasta el 25 de mayo, cuando la ciudad autónoma entró en la fase 2 de la desescalada, tres días después de que Melilla se declarara primer territorio libre de coronavirus, a pesar de que una semana más tarde apareció un nuevo caso. Desde mayo a julio, el contador de pacientes Covid-19 en Melilla se mantuvo controlado con casos puntuales, pero a finales de julio y principio de agosto apareció un rebrote de cerca de decenas de personas paralelo a la llegada de turistas y al regreso de quienes se fueron de vacaciones con la reapertura de conexiones aéreas y marítimas con península a finales de junio.

No fue hasta el 21 de agosto cuando se conoció el primer contagio de coronavirus en el CETI, cinco meses después del estallido de la crisis sanitaria. Ese mismo día, el Gobierno de Melilla emitió una orden para confinar el CETI, que derivó en las protestas de los acogidos ante el miedo a un posible contagio. Finalmente, el confinamiento del centro fue tumbado por el juzgado.

En cuestión de mes y medio los casos positivos en este centro de acogida de migrantes han escalado hasta superar el centenar. Fuentes del CETI aseguran a elDiario.es que realizarán próximamente, sin determinar fecha, un cribado con PCR a todos los residentes del centro, sin excepciones, con el fin de detectar nuevos casos de coronavirus y agilizar los aislamientos de los enfermos.

Por su parte, desde Amnistía Internacional acusan al Gobierno de España de dejación de funciones. La responsable de Investigación de esta organización, Virginia Álvarez, critica que los ministerios de Interior, Sanidad y Migraciones no asuman sus responsabilidades y “se pasen la pelota sin tener en cuenta que tienen en sus manos la vida de más de 1.300 personas”. Además, recuerda que los tres ministerios son responsables de los acogidos en el CETI y que, entre otras funciones, Sanidad debe hacerse cargo de los protocolos sanitarios, Migraciones de las instalaciones de acogida e Interior de los traslados.

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