La prohibición de la prostitución aumenta los abusos sufridos por las trabajadoras sexuales, según AI

Mona y sus tres hijos pasan día y noche sobre una alcantarilla en un suburbio de Port Moresby, en Papúa Nueva Guinea. “A veces un cliente nos compra una habitación para que podamos dormir. Es vergonzoso, pero no tenemos ninguna esperanza de encontrar una vivienda”. La gente les rehuye e insulta, cuando no les agreden. La discriminan por ejercer la prostitución. “Si pedimos agua a los vecinos nos ahuyentan y nos llaman 'pamuk' (puta), gritándonos que nos marchemos”. Como Mona, miles de trabajadoras y trabajadores sexuales sufren violencia y otros abusos contra los derechos humanos en todo el mundo, en su mayoría derivados de su prohibición, según relatan cuatro informes de Amnistía Internacional. 

Los documentos que ha publicado la ONG denuncian, a través de la investigación en lugares de distintos continentes –Noruega, Argentina, Papúa Nueva Guinea y Hong Kong–, que el precio que pagan muchos trabajadores sexuales pasa por la desprotección, la discriminación, la violencia, la extorsión e incluso las violaciones.  

“Queremos que los gobiernos garanticen la protección de estas personas, para que nadie se vea obligado a entrar en el trabajo sexual por falta de oportunidades. Que se aseguren de que ninguna persona es coaccionada para vender servicios sexuales o no puede dejar el trabajo sexual si decide hacerlo”, explica Tawada Mutasah, director general del Programa de Derecho Internacional y Política de Amnistía Internacional.

El pasado mes de agosto la organización anunció su postura a favor de la despenalización de la prostitución, no sin antes desatar polémica al respecto. Quienes están en contra de la legalidad del ofrecimiento de servicios sexuales defienden que “es el sometimiento de la mujer” y que la despenalización daría “cobertura legal a las mafias” y, por tanto, “aumentaría la explotación sexual”.

Desde Amnistía defienden que, por el contrario, “la prohibición hace a menudo que las personas que se dedican al trabajo sexual estén menos seguras y que se abuse de ellas con impunidad, pues es frecuente que tengan demasiado miedo a que las sancionen al presentar una denuncia ante la policía”, explican, e insisten: “Las leyes sobre el trabajo sexual deben estar centradas en la protección contra la explotación y los abusos, no en intentar prohibirlo por completo y sancionar a quienes se dedican a él”.

En Noruega: solas y sin casa

A Eunice la desahuciaron sin previo aviso. “Me dieron unos minutos para salir de mi apartamento, y no tuve ni tiempo para recoger todas mis cosas. Dormí en la estación de tren”. En Noruega, donde ella ejerce la prostitución, no es ilegal vender servicios sexuales, pero sí comprarlos, “promocionar la prostitución” o alquilar establecimientos para que se ejerza en ellos.

“Si los caseros no proceden al desalojo, la policía puede interponer una querella criminal contra ellos, así que se les anima a que se tomen la justicia por su mano y las echen”, explica el representante de una organización noruega de defensa de los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales.

La legislación noruega también obliga a estas personas a que trabajen solas, dado que agruparse podría ser considerado “promoción de la prostitución”. “Si las reglas fueran distintas y la policía quisiera ayudar, yo trabajaría con otras personas y tendría más seguridad. Actualmente trabajo sola, es la única manera de no hacer algo ilegal”, explica a Amnistía Internacional una prostituta de Oslo. 

Aseguran que se sienten desprotegidas: “Si un cliente se porta mal contigo, al final tienes que solucionarlo tú misma. Sólo llamas a la policía en caso de peligro de muerte. Si llamas a la policía lo pierdes todo”, dice otra trabajadora sexual en el Informe dedicado al país Nórdico. 

Agentes-clientes para obtener “pruebas”

Ofrecer servicios sexuales en Hong Kong no es ilegal siempre y cuando se haga en un domicilio particular. Quienes trabajan en la calle se encuentran, sin embargo, en una situación mucho más vulnerable, expuestos a sufrir robos, agresiones físicas y violaciones.

El informe de Amnistía Internacional revela que la policía “no solo les ofrece poca protección, sino que a veces someten a estas personas a acoso deliberado”. Según la organización, la policía ejerce a menudo sus atribuciones “de manera indebida” para atrapar y sancionar a estas personas, permitiéndose incluso que los agentes de incógnito reciban en el curso de su trabajo determinados servicios sexuales de personas dedicadas a la prostitución para conseguir pruebas.

Así detuvieron a Anita, una trabajadora sexual trans en Hong Kong. Fruto de esa detención acabó pasando diez meses en la cárcel. Un informe médico previo anunciaba las graves consecuencias que este trato supondría para ella: “Si le asignan un centro para hombres será muy vulnerable por razones obvias, y si se le priva de tratamiento hormonal durante el periodo de reclusión podrá sufrir una gran angustia, que seguirá sufriendo mucho después de la fecha de excarcelación”.

El médico describía que estas eran “medidas que constituirían un trato cruel, degradante y humillante”, pero no lo tuvieron en cuenta. Anita pasó más de 300 días en una cárcel de hombres, donde le cortaron el pelo e interrumpieron su tratamiento hormonal.

Privación del acceso a la salud

En algunos lugares de Buenos Aires también se discrimina especialmente a los trabajadores sexuales trans, según el informe de Amnistía. Allí no es ilegal ejercer la prostitución, pero la organización asegura que se criminaliza a quienes la practican por medio de leyes que sancionan actividades conexas.

Una trabajadora sexual de la ciudad relató a la ONG que cuando acuden al médico por cuestiones de salud generales, como dolores de espalda o de cabeza, suelen ser remitidas automáticamente a un ginecólogo si revelan la naturaleza de su trabajo. Como consecuencia, “muchas chicas no van al médico, se automedican”, explica.

Virginia, mujer trans y ex trabajadora sexual, asegura que el acceso a la sanidad no era una opción para ellas: “Siempre que íbamos a un hospital los médicos se burlaban o nos atendían en el último lugar”, cuenta.

Preservativos como prueba de la ilegalidad

Los trabajadores sexuales en Papúa Nueva Guinea viven una persecución constante. Vivir de la prostitución y organizar actividades de comercio sexual es ilegal, pero también lo es la homosexualidad, que se utiliza como la principal causa de procesamiento por prostitución.

Allí, el grado de estigmatización, violencia y discriminación que sufren quienes se prostituyen roza el extremo. Según una encuesta de investigación académica citada en el informe de Amnistía, en un periodo de seis meses el 50% de las personas dedicadas al trabajo sexual en la capital del país, Por Moresby, habían sido violadas, bien por clientes o por la policía.

Mona, cuya historia abría este artículo, contó a la ONG que seis agentes tuvieron sexo con ella, uno tras otro. “Estaban armados, así que tuve que hacerlo. No tengo ningún apoyo para denunciarlos ante los tribunales, aquí lo que hago es ilegal”, explica.

En su país, la policía ha utilizado los preservativos como prueba contra personas dedicadas a la prostitución, por lo que muchas de ellas se han abstenido de utilizarlos y de buscar información y servicios de salud sexual y reproductiva, por miedo a que se les asocie con el trabajo sexual.