Europa claudica y acepta una investigación descafeinada de las masacres de Kasai (Congo)

Los más de 3.300 muertos documentados por la Iglesia Católica en la región histórica de Kasai en República Democrática del Congo; las 42 fosas comunes halladas por Naciones Unidas; los civiles decapitados o masacrados con ametralladoras y lanza-granadas en la guerra desigual que desde agosto de 2016 enfrenta al Ejército congoleño con la milicia Kamuina Nsapu, compiten este viernes en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con la solidaridad entre dictadores africanos y la convicción de algunos de sus Estados miembros de que la soberanía nacional es un bien más precioso que la vida humana.

Reunidos en Ginebra en su 35 periodo de sesiones, los 47 Estados miembros del principal órgano de Derechos Humanos de Naciones Unidas debían optar este viernes entre imponer a Congo una comisión de investigación internacional e independiente -una propuesta apoyada inicialmente por los miembros europeos del Consejo, con el respaldo de la Unión Europea- o abrazar la impunidad aceptando las tesis del régimen congoleño. El Gobierno se niega a aceptar esta comisión arguyendo que su Justicia ya está investigando unas masacres en las que sus fuerzas armadas y de seguridad están implicadas. 

En este combate, Kinshasa ha contado con el apoyo del grupo de Estados africanos que se sientan en el órgano de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre los que hay dictaduras como Burundi, Angola y Egipto, y regímenes como Sudáfrica y Togo. También Estados miembros de otras latitudes, como China y Venezuela, apoyan al régimen congoleño.

Desde el pasado martes, estas dos visiones enfrentadas, la europea y la africana, mantenían una pugna en la que, según Radio France Internacional (RFI), el grupo de países europeos en el Consejo de Derechos Humanos ha claudicado. La emisora francesa informó este jueves desde Ginebra de que los Estados miembros europeos han retirado su propuesta inicial y aceptado un borrador que ni siquiera obliga a Congo a aceptar en su territorio a los investigadores de Naciones Unidas, sino sólo a facilitar su “llegada”.

Fuentes diplomáticas en la ciudad suiza consultadas por eldiario.es confirmaron que la propuesta europea ni siquiera se votará. Las delegaciones africana y europea han decidido en su lugar aprobar una propuesta de consenso, cuyos detalles concretos se desconocen, pero que se teme consista en una misión de investigación descafeinada y con pocas garantías de hacerse realidad.

Las fuentes diplomáticas resaltaron que este acuerdo sí contempla el envío de un equipo de observadores internacionales que informarán al Consejo de Derechos Humanos pero no precisaron si su presencia se impondrá a las autoridades congoleñas, un aspecto fundamental, dados los continuos incumplimientos del régimen de Kinshasa, que lleva meses prometiendo en vano asociar a investigadores de la ONU a sus supuestas pesquisas sobre las masacres de Kasai.

José María Aranaz, el director de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Congo (UNJHRO por sus siglas en inglés), el organismo que ha documentado las 42 fosas comunes en Congo, considera que los Estados africanos que se oponen a una investigación independiente “han hecho un gesto hacia su soberanía nacional que solo sirve para cubrir los crímenes contra la población en Kasai”.

El miércoles, en una entrevista con eldiario.es, el director de la UNJHRO aseguró a su vez que fuese cual fuese el resultado del Consejo de Derechos Humanos, su oficina, “seguirá documentando los crímenes e identificando criminales. Y si continúa la pasividad de las autoridades congoleñas, la información será remitida a la Corte Penal Internacional y al Consejo de Seguridad”.

Niños mutilados y embarazadas abiertas en canal

La actitud del régimen congoleño que Aranaz define como “obstruccionista” viene de lejos. Ya en marzo, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos Zeid Ra'ad Al Hussein había instado a Congo a que garantizara una investigación independiente en la que estuviera asociada Naciones Unidas. Kinshasa aceptó pero nunca ha honrado su promesa y además ha impedido el acceso a las víctimas y a la zona del conflicto a los investigadores de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos en Congo.

Tres meses después, el 6 de junio, Zeid lanzó un ultimátum al gobierno congoleño instándole a aceptar esa investigación en 48 horas, so pena de exigir “un mecanismo internacional de investigación”. El Alto Comisionado anunció también el envío de un equipo de expertos para entrevistar a los desplazados que habían huido de Kasai.

Aunque las atrocidades cometidas tanto por el grupo armado como por el Ejército y la policía congoleños ya se conocían, el relato que estos desplazados hicieron y del que Zeid dio cuenta el martes es tan espantoso que el propio Alto Comisionado dijo estar “en shock”. Según sus datos, el régimen de Kabila incluso ha creado y armado una nueva milicia para luchar contra los Kamuina Nsapu. En los últimos dos meses, este nuevo grupo ha tiroteado, asesinado a machetazos, mutilado y quemado vivos a cientos de aldeanos. También ha arrasado pueblos enteros.

“Los miembros de mi equipo ha visto a niños de dos años con los miembros cortados; a bebés con heridas de machete y graves quemaduras. También a un bebé de dos meses que, a las cuatro horas de nacer, recibió cuatro disparos. Su madre también resultó herida. Al menos dos mujeres embarazadas habían sido abiertas en canal y sus fetos mutilados. En la localidad de Cinq, decenas de hombres, mujeres y niños fueron asesinados con armas de fuego, a machetazos o quemados vivos”.

Estos crímenes siguen un criterio étnico: las víctimas son lubas y luabas, etnias consideradas como el vivero de los Kamuina Nsapu, lo que constituye “un salto cualitativo gravísimo en un conflicto que está lejos de resolverse”, recalca José María Aranaz.

En realidad, la inseguridad en Congo no ha hecho sino empeorar desde que el presidente Joseph Kabila se negara a organizar las elecciones y a abandonar el cargo que debería haber cedido a un sucesor el pasado 20 de diciembre al término de su segundo y último mandato constitucional.

La ilegitimidad de su permanencia en la jefatura del Estado ha catalizado la violencia de los grupos armados y ofrecido argumentos a milicias de nuevo cuño, como los Kamuina Nsapu, un grupo que surgió como una expresión de descontento por parte de una población ahíta de miseria y abusos de los agentes del Estado- el líder de la revuelta, el jefe tradicional Kamuina Nsapu, fue abatido por la policía el pasado 12 de agosto- pero que desde entonces ha ido adquiriendo un discurso más político alineado con los postulados de la oposición a Kabila.

Ni los miles de muertos en Kasai, ni las cifras que indican que 1.300.000 personas no han tenido otra salida que huir de la violencia, ni el espantoso relato del Alto Comisionado Zeid lograron conmover a los miembros africanos del Consejo que sostienen que se puede confiar en la investigación de la Justicia congoleña sobre lo sucedido en Kasai.

Unestudiante de 17 años, juzgado

Una afirmación difícil de sustentar. Pese a que la Oficina Conjunta de Derechos Humanos ha comunicado al gobierno congoleño el emplazamiento de las 42 fosas comunes halladas en Kasai, ninguno de esos enterramientos ha sido exhumado ni se ha abierto investigación alguna. Tampoco se ha encausado a ningún militar de alta graduación responsable de esas operaciones militares en la que se podrían haber cometido crímenes de guerra.

Nada extraño toda vez que Kinshasa ha puesto la represión contra los Kamuina Nsapu en manos como las de Eric Ruhorimbere, considerado responsable de numerosas masacres en el este del país durante la II Guerra del Congo (1998-2003). Ruhorimbere no sólo no ha sido nunca encausado pese al aluvión de pruebas en su contra sino que, en 2014, Kabila le ascendió a general.

La Justicia congoleña sí ha sido sorprendentemente veloz en la instrucción del crimen de los dos expertos de la ONU asesinados en marzo cuando investigaban las fosas comunes en Kasai. Cuando no habían transcurrido ni dos meses del hallazgo de los cadáveres a finales de marzo, el 20 de mayo la Justicia militar congoleña daba carpetazo a las pesquisas y anunciaba la apertura del juicio. Sólo dos personas están siendo juzgadas. Su perfil es llamativo: un vendedor de aceite y un estudiante de bachillerato de 17 años.

Muchos congoleños han expresado estos días en redes sociales su esperanza de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableciera una comisión de investigación independiente en Kasai. Si ésta no se aprueba o no cumple sus expectativas, el sentimiento de abandono que padecen por parte de la comunidad internacional no hará sino aumentar.

En Congo, las masacres duran ya más de 20 años. Como en el caso de Kasai, algunas tienen sospechosos; otras directamente verdugos cuyos nombres y apellidos la comunidad internacional conoce. Y en la inmensa mayoría de los casos matar en este país ha salido gratis. Ante una violencia que nadie ha sido aún capaz de atajar, colectivos como los movimientos juveniles prodemocracia congoleños LUCHA y Filimbi han movido estos días en redes sociales el hashtag #Congoleselivesmatter (las vidas de los congoleños importan), que habla del sentimiento de muchos ciudadanos de este país de que sus vidas valen menos que las de otros seres humanos.