La protección de niños y niñas solos no entiende de fronteras
En Ceuta, hay ahora mismo centenares de niños, niñas y adolescentes sin el cuidado y la protección de sus familias. Están solos. Esta llegada de niños, niñas y adolescentes migrantes a nuestro país ha vuelto a situar la cuestión migratoria en el centro del debate político. Pero la pregunta que tenemos delante es mucho más sencilla: ¿seremos capaces de garantizar sus derechos y su protección? Hablamos de niños y niñas –algunos muy pequeños– con miedo, asustados y cuyos derechos deben ser protegidos por encima de cualquier otra consideración. Es una cuestión de humanidad y no podemos mirar hacia otro lado.
La buena noticia es que, a diferencia de lo ocurrido en 2021, España cuenta hoy con un marco legal más sólido que no solo refuerza la protección de la infancia, sino que también establece mecanismos concretos para asegurar que esa protección sea adecuada, digna y de calidad. No podemos olvidar que se trata de seres humanos en pleno proceso de desarrollo, una circunstancia que los convierte en un grupo especialmente vulnerable y que exige que toda actuación pública esté guiada por el interés superior del niño o la niña.
La legislación vigente prohíbe las devoluciones colectivas de menores de edad. Toda potencial repatriación debe ser individual, con garantías suficientes sobre el caso, que incluyan la reunificación familiar en un entorno protector del niño o de la niña. Esto afecta también a potenciales traslados a otras comunidades autónomas que se deben realizar por corresponsabilidad con el Sistema de Protección de la ciudad de Ceuta, pero que también están sujetos a valoraciones caso a caso de la situación de cada niño o niña.
No se trata únicamente de una exigencia legal, sino de una garantía fundamental para evitar que decisiones administrativas o políticas vulneren derechos básicos de niños y niñas que ya han atravesado experiencias de enorme dificultad: pobreza extrema, explotación, guerras, trata… Lo estamos viendo y viviendo en Ceuta: demasiados niños y niñas siguen, más de una semana después de haber llegado a España, durmiendo al raso, llorando a sus padres sin acceso a un teléfono móvil y desprotegidos ante nuevas, pero igual de peligrosas amenazas.
La reciente reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería reconoce esta realidad y establece de forma expresa la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas en la protección de los niños y niñas migrantes que llegan solos a nuestro país. Esta reforma parte de una realidad evidente: proteger a la infancia no es tarea de una sola comunidad o ciudad, y no puede recaer exclusivamente sobre los territorios de llegada. La solidaridad institucional y la cooperación entre administraciones son condiciones imprescindibles para garantizar una atención adecuada.
El sistema de protección en Ceuta ya está saturado y, cuando un sistema de acogida soporta una presión excesiva, la calidad de la atención puede verse comprometida. Los traslados permiten compartir la responsabilidad, reducir la sobrecarga de determinados territorios y asegurar que cada niño o niña pueda acceder a recursos, atención especializada, a servicios básicos y acompañamiento en condiciones adecuadas. Pero es muy importante que cada caso sea analizado de forma individual para garantizar sus derechos y bienestar.
Cumplir la legislación es una obligación para todas las administraciones públicas. Pero, más allá del cumplimiento normativo, existe un imperativo ético y humano que no debería perderse de vista. Los niños y niñas migrantes no son cifras: son vidas que tienen derechos como cualquier ser humano. Reconocerlos como tales implica garantizarles protección, escucha y oportunidades para desarrollarse plenamente, independientemente de su origen o de las circunstancias que les hayan llevado hasta nuestro país. No lo olvidemos jamás: son, ante todo, niños y niñas.
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