Retos de la acción humanitaria en Venezuela
En Venezuela, al menos 7 millones de personas necesitan de la ayuda humanitaria para vivir. Esta cifra emerge del panorama de necesidades elaborado en marzo por Naciones Unidas, del que se conocen las conclusiones, aunque no el informe completo en el que se basan.
De hecho, otras estadísticas apuntan a números mayores. La pobreza extrema en términos de ingresos, antes de recibir subsidios, alcanzó al 87% de la población en 2017. Y dado que los subsidios se han deteriorado, sobre todo los alimentarios, y que la sanidad está bajo mínimos, resultan fiables las referencias a que la mitad de la población está malviviendo en situación de miseria. La otra mitad aguanta bien por las remesas que envían los más de 4 millones de venezolanos que han salido del país, bien por estar empleados en las pocas organizaciones y empresas que pagan en dólares en el exterior o por ser parte de la estructura más nuclear del gobierno.
La millonaria hiperinflación es el principal factor que alimenta la crisis. Un sueldo normal de funcionario, de unos 150.000 bolívares en agosto, apenas da para comprar 6 litros de leche o un cartón y medio de huevos. Algunos maestros y profesores de universidad han dejado de acudir a las aulas porque el sueldo no les da ni para el transporte, aunque lo dedicaran por completo a este rubro. La inflación llegó también al dólar. De hecho, el comercio de menudeo desde Colombia se ha convertido en otro modo de vida, dada la diferencia de precio en dólares. Es cierto que las remesas ayudan a una parte de la población, pero si antes una familia podía completar su comida con 30 dólares al mes, ahora necesita 100, que no siempre llegan desde el exterior, donde los migrantes sufren para conseguir un empleo digno. Hay productos en los estantes porque poca gente los puede comprar.
La causa de la crisis se encuentra en las nefastas políticas económicas del gobierno desde hace años. Aunque hay que resaltar que las sanciones impuestas al país por el gobierno de Estados Unidos también están agravando la situación humanitaria. No basta con seguir permitiendo la importación de alimentos o medicinas. La penalización severa a quien opere financieramente con Venezuela atemoriza al sistema bancario internacional y dificulta también la llegada de productos de primera necesidad en volumen y precios razonables.
Más allá de las estadísticas, mi reciente visita al país y a la frontera con Colombia en Cúcuta recorriendo la carretera que lleva a Bucaramanga supuso asomarse al drama humano del hambre, que, junto con la inseguridad, es el factor de desplazamiento humano más poderoso a lo largo de los siglos.
Una situación humanitaria de este tipo exigiría una respuesta a escala de agencias de Naciones Unidas y grandes ONGs apoyadas por los principales donantes. Es lo que ocurriría en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, este no es el caso en Venezuela. Recién se ha lanzado desde la ONU el primer plan de respuesta humanitaria con un presupuesto de apenas 200 millones de dólares, parte del cual está sin cubrir. Las dificultades políticas, logísticas y financieras para operar son tremendas, tanto para organizaciones registradas en el país como, sobre todo, para aquellas que llegan como respuesta al drama humanitario. Hay una desconfianza notable desde el Gobierno, un gran desconocimiento de lo que es la acción humanitaria y grandes controles y limitaciones para el acceso a las zonas más alejadas de Caracas.
La realidad es que la ayuda humanitaria se utilizó como un componente más del polarizado conflicto que sufre el país. Cuando la oposición intentó introducir ayuda humanitaria donada por Estados Unidos y el gobierno impidió el acceso y negó que hubiera una emergencia humanitaria, ambas partes estaban vulnerando principios básicos de esta actividad: su independencia y neutralidad.
La ayuda humanitaria no conoce de otros principios ni intereses que no sean el de salvar vidas de toda aquella persona que sufre privación al extremo de temer por su vida y futuro. Sea quien sea, opine lo que opine. La ayuda humanitaria es un derecho. Por lo tanto, es inaceptable utilizarla con fines políticos de parte en un conflicto tan polarizado como el venezolano y limitar el acceso a la misma a quienes no simpaticen con el régimen.
Los donantes internacionales deben incrementar significativamente su contribución a esta terrible crisis humanitaria, alejarse de cualquier uso político de la ayuda, dejando a agencias de Naciones Unidas y ONG experimentadas la función de hacerla llegar a la población, y levantar cualquier sanción que pueda tener un impacto negativo en la ya deteriorada situación de la gente. El gobierno por su lado debe garantizar el acceso neutral de la ayuda en todo el país, facilitar el registro y la operación de ONG con experiencia en respuestas humanitarias y asegurar por su parte un correcto manejo de los fondos.
