“No era un secreto”: el Supremo rebaja los lamentos de la pareja de Ayuso sobre la publicación de su confesión

La decisión del Tribunal Supremo de condenar a Álvaro García Ortiz por la filtración de la confesión de Alberto González Amador deja varias cosas por escrito además de su culpabilidad. Esa difusión le afectó negativamente y, además, el texto señala que muchas de sus alegaciones, quejas y lamentos son excesivos. Desde su “inacogible alegación” de que ya nada puede salvarlo de una condena por fraude fiscal a explicar que la revelación empeoró, pero no mucho, su imagen pública. “Añade algo, pero no demasiado”, dice el Supremo para dejar en 10.000 euros la “exagerada” indemnización de 300.000 que llegó a pedir.

La pareja de Isabel Díaz Ayuso quiso dejar claro al Tribunal Supremo por qué pedía esa cantidad de dinero. “A raíz de la filtración del fiscal general me han destrozado la vida. O me voy de España o me suicido”, afirmó, al final de su declaración. El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, le cortó antes de dar por terminada su declaración en el juicio: “No le recomiendo ninguna de las dos”.

La frase lapidaria del comisionista sanitario no solo cumplió con el requisito –estimado por el Supremo en su sentencia– de acreditar y explicar el perjuicio que la filtración había tenido para él. También desarrolló, en unos pocos segundos y a modo de coda final, el discurso que la presidenta de la Comunidad de Madrid y su entorno esgrimen desde que elDiario.es destapó el caso en marzo de 2024: que la maquinaria del Estado y los medios se han puesto de acuerdo para hundir al empresario estrechamente relacionado con el grupo Quirón.

La sentencia da la razón al comisionista en lo más esencial: condena al fiscal general, entiende que la confesión nunca debió ser revelada y considera que 10.000 euros de indemnización son suficientes para resarcir el daño. La cantidad se sitúa muy lejos de los 300.000 euros que pidió de indemnización y de los 150.000 euros –posteriormente rebajados a la mitad– que el juez Ángel Hurtado llegó a establecer como fianza para asegurar las responsabilidades económicas del caso.

Los jueces repiten varias veces que ese correo no debió ver la luz, pero añaden que “evidentemente no es un secreto”. Y entienden que su revelación poco añadió al debate público ya abierto después de que elDiario.es desvelara en exclusiva que había sido denunciado por fraude fiscal. Atribuir las consecuencias de su imputación al fiscal general es un planteamiento, dicen los jueces, “desmesuradamente ambicioso”. Su confesión “añade algo, pero no demasiado”, a algo que ya era “de público conocimiento”: que la Fiscalía y la Agencia Tributaria le acusaban de defraudar 350.000 euros con facturas falsas y empresas pantalla.

No afecta al honor del comisionista

El objetivo de buscar una conformidad fue explicitado por el propio González Amador en el juicio: quería cerrar el caso “rápido y sin ruido”. Para conseguir su objetivo contrató a un abogado, Carlos Neira, conocido por cerrar casos de fraude fiscal incluso antes de que hubiera juicio: pagar, reconocer el delito, no entrar en la cárcel y ver como todo queda enterrado en el archivo de un juzgado de lo penal sin que nadie recurra y sin que el asunto llegue, por tanto, a las bases de datos públicas y anonimizadas del Poder Judicial.

Que se conociera su intento de confesión y pacto, explica el Supremo, no implica que Álvaro García Ortiz deba pagar una indemnización por cada político o personalidad que se haya referido a él como “defraudador confeso”. Algo que, recuerda la Sala de lo Penal, ya ha zanjado la vecina Sala de lo Civil: “Las expresiones, aunque sean desabridas e hirientes, no atentan contra el honor del demandante”.

El comisionista, en paralelo a esta causa penal, anunció decenas de demandas y querellas contra políticos y periodistas que en algún momento se han referido a él como defraudador confeso. El Tribunal Supremo fue el primero en rechazar una de sus reclamaciones y tumbó su petición de 40.000 euros contra la ministra María Jesús Montero. El empresario, dijeron los jueces y repite ahora esta sentencia, es “una personalidad con notoriedad pública” y este tipo de expresiones son “crítica política”.

El problema para González Amador, completa ahora la Sala de lo Penal del Supremo, no es que se haya conocido su confesión, sino que está imputado en dos procesos judiciales distintos. “Alguna cuota, de todas formas, en esos perjuicios puede atribuirse a esa desafortunada difusión del mail. Diez mil euros es una cifra que satisface sobradamente esa porción ideal, muy lejos, desde luego, de la exagerada cifra propuesta por la acusación”.

No sacará “rendimiento defensivo” contra el fraude fiscal

La fase de instrucción vio declarar a casi una treintena de testigos ante el juez Hurtado y uno de los momentos más tensos se vivió cuando Eugenió Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), se sentó para explicar por qué habían denunciado a la Fiscalía por el comunicado que combatía los bulos del caso: “El escenario de defensa ya no es el mismo, la estrategia de defensa se ve absolutamente comprometida”.

Ribón afirmó que la publicación de la confesión de González Amador dificultaba que pudiera defenderse de forma efectiva, deslizando sin afirmarlo que un juez sería menos proclive a creer en su inocencia –“puede quedar contaminado”– después de saber que su abogado intentó llegar a un pacto. Hurtado cortó escandalizado a la Abogada del Estado, Zaida Fernández, cuando pidió claridad al decano del ICAM: “¿Está cuestionando entonces la imparcialidad de un juzgador?”.

Diez meses después, la sentencia del Supremo descarta esta teoría que desarrolló ampliamente el propio González Amador desde su primera querella hasta su última intervención en el caso: su inocencia, investigado en dos causas judiciales distintas, no está en entredicho. “Es precipitado e infundado alimentar la impresión de que los jueces llamados a resolver esa causa penal no podrán resolver con profesionalidad”, dice el Supremo. Si cree que los jueces que le van a juzgar por fraude fiscal no están siendo imparciales, invita el Supremo, podrá recurrir. “Si el proceso no se ajusta a las reglas de un juicio justo, allí deberá denunciarlo”.

El tribunal cierra la puerta a esa alegación, una condena segura porque su confesión fallida fue publicada, y también a que esta condena le pueda beneficiar en sus dos imputaciones penales: “Si quiere obtener algún rendimiento defensivo de ese proceso de cara al que se sigue contra él, cualquier juez o tribunal comprende que no puede valorar unas conversaciones confidenciales encaminadas a una conformidad cuando no se llega a un acuerdo”.