El déficit de 2017 se cumplirá gracias al retraso del impacto del rescate de las autopistas, según la AIReF

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha mejorado su previsión de cumplimiento de objetivo de déficit público para este año, del 3,1% del PIB, por el retraso en el impacto del rescate de las autopistas a 2018. Recientemente el Tribunal de Cuentas ha cifrado este rescate en hasta 3.718,3 millones, más posibles indemnizaciones.

El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, ha advertido de que el objetivo es “factible” pero “ajustado” durante la presentación del Informe sobre el cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad, deuda pública y regla de gasto de 2017.

Esta “factibilidad” se deriva de una “ejecución ajustada” del gasto presupuestado mientras que los ingresos “van a quedar algo por debajo de las previsiones presupuestarias”, como ha advertido en varias ocasiones, es decir, que “prácticamente todo el ajuste se está realizando vía el gasto y no por el lado de los ingresos”.

La mejora de las perspectivas de cumplimiento se debe a que, de acuerdo a los últimos datos facilitados por el Gobierno, prácticamente todo el impacto previsto para 2017 de la responsabilidad patrimonial del Estado en las autopistas de peaje se trasladará a 2018 debido a los retrasos judiciales.

Por subsectores, la evolución es “dispar”, ya que mientras las corporaciones locales tendrán un superávit “superior al del año pasado” y las comunidades autónomas ven “probable” el cumplimiento del objetivo, la administración central y la Seguridad Social tienen un “riesgo de incumplimiento muy elevado”.

Con respecto a la administración central, la directora de la división de Análisis Presupuestario, Cristina Herrero, ha explicado que es muy improbable que alcance su objetivo de desfase del 1,1% del PIB porque los ingresos son inferiores a lo estimado y por el impacto del acuerdo del cupo vasco (1.400 millones) y la liquidación de las comunidades autónomas de 2015 (1.200 millones).

Esta “pérdida de recursos del Estado” se reflejará en la segunda mitad del año, ha añadido.

Además, en este informe “siguen apreciándose riesgos” para cumplir las previsiones de ingresos del Gobierno, ya que aunque el impuesto de sociedades y el IVA evolucionan en línea con lo esperado, el IRPF, a falta de conocer los resultados de la campaña de la renta, “en ningún caso” aumentará su recaudación un 8% como apunta el Ejecutivo.

También es muy improbable el cumplimiento del objetivo de déficit de los fondos de la Seguridad Social, del 1,4% del PIB, ya que aunque la meta es más realista que en años anteriores, la AIReF ve difícil alcanzar la previsión de ingresos.

En cambio, la Autoridad ve factible que las comunidades autónomas cierren el ejercicio con un déficit agregado del 0,6 % del PIB, como estima el Gobierno, a lo que contribuye el aumento de la dotación presupuestaria, la buena evolución de los ingresos y el impacto de la liquidación de 2015.

Las corporaciones locales, por su parte, registrarán “un superávit ligeramente superior” al del pasado año, ya que tendrán impacto positivo del acuerdo del concierto económico vasco y los ayuntamientos en superávit no tendrán tiempo de realizar inversiones financieramente sostenibles como permite el Presupuesto.

La Autoridad también ha analizado el cumplimiento de la regla de gasto, que limita el aumento de gasto de las administraciones, y que “podría cumplirse” a nivel general, en especial en administración central y ayuntamientos, mientras que se observan “grandes incertidumbres” en las comunidades autónomas.

En referencia a la deuda, la Autoridad reitera que tiene un “problema de sostenibilidad”, por lo que es necesario revisar el horizonte temporal de cumplimiento de los objetivos.

En sus recomendaciones, la AIReF pide una metodología clara para la distribución de los objetivos de déficit entre subsectores -que actualmente es “poco realista”, que se controle mensualmente la evolución de la administración central y que se aclare la correcta aplicación de la regla de gasto en las comunidades autónomas.