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El Banco de España se opone a limitar el precio del alquiler de las viviendas

El organismo supervisor admite que "las condiciones de acceso al mercado de la vivienda han tendido a experimentar un cierto endurecimiento recientemente, en particular por lo que respecta al mercado del alquiler"

Sin embargo, apunta que "no parece adecuado limitar el precio de las viviendas alquiladas, ya que, según la evidencia internacional, este tipo de medidas no solo reducen la oferta, sino que también pueden favorecer un deterioro de los inmuebles"

La institución que dirige Pablo Hernández de Cos aboga por "mejorar la seguridad jurídica para que los propietarios de inmuebles encuentren los incentivos adecuados para ofertar sus propiedades en el mercado de alquiler"

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El Banco de España pide mayor acceso a datos para mejorar las políticas públicas

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. EFE

El Banco de España se ha posicionado claramente contra la posibilidad de limitar el precio de las viviendas alquiladas como una de las medidas de políticas públicas dirigidas a favorecer la oferta de vivienda en este segmento, según se recoge en el Informe Anual 2018 del organismo supervisor. 

Al hacer un análisis de la evolución de la vivienda, el Banco de España apunta "la riqueza neta de los hogares ha seguido elevándose. Esto ha sido consecuencia de la revalorización de los activos inmobiliarios, en un contexto en el que el precio medio de la vivienda aumentó un 6,7% en 2018", pero que "las rentas por alquileres han experimentado, a lo largo de la fase de recuperación, un aumento muy pronunciado, hasta alcanzar niveles que se sitúan significativamente por encima de los observados en el ciclo expansivo anterior".

El documento admite que "las condiciones de acceso al mercado de la vivienda han tendido a experimentar un cierto endurecimiento recientemente, en particular por lo que respecta al mercado del alquiler" especialmente debido a "la excesiva rotación laboral y el desempleo" que afecta a los jóvenes y porque "el aumento de los alquileres ha sido elevado, aunque ello no se ve reflejado en el crecimiento del IPC de alquileres".

Gráfico sobre alquiler de vivienda del Informe Anual 2018 del Banco de España.

Gráfico sobre alquiler de vivienda del Informe Anual 2018 del Banco de España. Banco de España

A pesar de esta situación el Banco de España señala que "no parece adecuado limitar el precio de las viviendas alquiladas, ya que, según la evidencia internacional, este tipo de medidas no solo reducen la oferta, sino que también pueden favorecer un deterioro importante de los inmuebles". Sin embargo, en ciudades como Berlín y París, con sus propias particularidades, se están aplicando medidas legislativas que promueven limitaciones al alquiler de vivienda.

El supervisor señala que "se debe dar prioridad a aquellas políticas públicas dirigidas a favorecer la oferta de vivienda de alquiler", aunque no aporta ninguna medida en su informe salvo cuando esgrime que es "conveniente mejorar la seguridad jurídica para que los propietarios de inmuebles encuentren los incentivos adecuados para ofertar sus propiedades en el mercado de alquiler". 

El organismo público se posiciona es un tema espinoso entre Unidos Podemos y el PSOE. El límite a los precios del alquiler fue uno de los puntos de desavenencia entre ambas formaciones políticas cuando negociaron el acuerdo presupuestario de 2019. Recientemente, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordó, en una entrevista en eldiario.es, que en los pactos cerrados con la formación que lidera Pablo Iglesias se puso sobre la mesa "los precios de referencia en determinadas ciudades, por ejemplo Madrid o Barcelona y otras que están sufriendo esta presión al alza de los precios del alquiler. Vamos a esperar a ver si funcionan estos precios de referencia".

Hace una semana que la Generalitat catalana aprobó un nuevo decreto-ley que permitirá limitar los precios de los alquileres en zonas de alta demanda, delimitadas a instancias de los ayuntamientos por la el departamento de Territorio de la Generalitat o, en el caso de la ciudad de Barcelona, por el propio pleno. El objetivo principal es introducir topes en estas zonas declaradas "tensas", que se establecerían en un 10 y 20% por encima del índice de precios que elabora el propio Govern.   

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