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CATALUNYA

El Govern aprueba una norma para limitar los precios del alquiler en las zonas con alta demanda

La nueva regulación permitirá a la Generalitat o los ayuntamientos declarar zonas "tensas" del mercado de la vivienda e imponer un precio tope a los alquileres

El índice de referencia de precios pasa de ser orientativo a una verdadera barrera legal, que solo se podrá sobrepasar en un 10% o hasta un 20% en casos especiales

El decreto-ley se aprueba por impulso de ERC, en plena campaña electoral, contra los recelos de JxCat y mientras los 'comuns' consideran que Catalunya no tiene competencias

El Govern aprueba el decreto para limitar el precio de los alquileres

El Govern aprueba el decreto para limitar el precio de los alquileres EFE

El Govern ha aprobado este martes un nuevo decreto-ley que permitirá limitar los precios de los alquileres en zonas de alta demanda, delimitadas a instancias de los ayuntamientos por la el departamento de Territorio de la Generalitat o, en el caso de la ciudad de Barcelona, por el propio pleno. El objetivo principal es introducir topes en estas zonas declaradas "tensas", que se establecerían en un 10 y 20% por encima del índice de precios que elabora el propio Govern.

Según planea el Govern, para poder declarar estas zonas tensas se establecen unos requisitos, como que el aumento de los precios del alquiler sean muy superiores a la media y por encima del IPC. Serían así los ayuntamientos quienes puedan reclamar esa delimitación de zonas tensas en sus municipios y el Govern, en todos los casos menos en Barcelona, quien se encargaría de declararla una vez comprobado que se cumplen los requisitos. Esta regulación se establece mientras el Govern avanza en la elaboración de una ley de contratos de arrendamientos de inmuebles, que según ha expresado ya prepara.

De esta forma el índice de referencia de precios, establecido en 2017 como una herramienta meramente orientativa para los arrendatarios, adquiriría una nueva función al convertirse también en una verdadera barrera legal contra aumentos desproporcionados en las zonas declaradas como "tensas". Una vez se establezca esta restricción, ningún contrato podrá superar un 10% del índice de precios, a excepción de las viviendas con características especiales, como jardines o piscinas, que podrán subir hasta un 15%, o las viviendas nuevas o completamente rehabilitadas, en las que se permitirá hasta un 20%. 

"Hay una clara demanda social", ha justificado Capella la medida, que ha recordado que la contención de precios de alquiler es "una realidad en toda Europa". Según ha indicado la titular de Justicia, el modelo en el que se han inspirado es el alemán, por ser el que más tiempo lleva en vigor. "Es una medida que reafirma el alma social de este Govern, cumplimos nuestros compromisos", ha asegurado la consellera.

El decreto-ley aprobado este miércoles se basa en una modificación del código civil catalán, una fórmula no explorada hasta ahora para la regulación de alquileres y que, según el Govern, le confiere competencias a Catalunya en esta cuestión. La norma se ha elaborado por impulso de la consellería de Justicia que dirige Ester Capella (ERC), que es quien puede modificar el código civil, y en colaboración con la de Territorio, cuyo titular es Damià Calvet (JxCat), quien tiene la competencia en vivienda.

El impulso es, por tanto, del departamento de ERC, y pese a que este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern la consellera Capella ha aparecido acompañada de Calvet, es conocido que en JxCat esta regulación de precios levanta recelos. La propia Elsa Artadi, exconsellera de la Presidència y ahora candidata a la alcaldía de Barcelona por JxCat, tildó esta regulación de "electoralista". Los republicanos, que forman parte del Govern desde enero de 2016, no habían promovido una limitación de precios de estas características hasta este año.

Esta limitación de precios del alquiler choca también con las pretensiones de Catalunya en Comú, tanto en el Parlament como en el Ayuntamiento de Barcelona. A diferencia de ERC, los 'comuns' consideran que quien tiene competencias para regular los precios del alquiler es el Estado, por lo que entienden que debe impulsarse la regulación desde el Gobierno central y el Congreso. Ante un posible litigio en el Constitucional, Capella ha asegurado que no renunciarán "nunca" a las competencias y capacidades de autogobierno. "Lo que puede decidir una consellera o alcaldesa no debe decidirlo un ministro del reino de España", ha asegurado.

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