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CATALUNYA

La Generalitat obligará a que el precio de referencia de los alquileres figure en todos los anuncios y contratos

El Govern interviene el mercado del alquiler con un decreto-ley que permite a los ayuntamientos aumentar la oferta para moderar la burbuja de precios

Se obligará a los propietarios de pisos vacíos a inscribirlos en un registro público que permitirá sacarlos al mercado si no quieren afrontar multas o la expropiación

En paralelo a esta regulación, la Generalitat anunció este lunes que intentará ir más allá del Gobierno central para limitar por ley el precio de los alquileres

El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes un nuevo decreto de vivienda

El índice de referencia de alquileres figurará en los anuncios y contratos que se hagan en Catalunya EFE

Tres semanas después de que el Tribunal Constitucional aceptase la retirada de los recursos del Gobierno central contra las leyes antidesahucios catalanas, el Govern de la Generalitat se ha puesto manos a la obra en el despliegue de una legislación que había estado paralizada durante años. El conseller de Territori, Damià Calvet, ha presentado este martes un decreto que, entre otras medidas, obliga a informar del precio del índice de referencia de la Generalitat tanto en los anuncios como en los contratos que se formalicen en cualquier arrendamiento de inmuebles. 

Esta medida es la punta de lanza del decreto-ley que el Govern ha aprobado este martes, que interviene el mercado del alquiler con el objetivo, por un lado, de aumentar la oferta y el parque de vivienda disponible en régimen de alquiler, tanto de protección oficial como privado y, por otro, tratar de moderar los precios de los alquileres, especialmente disparados en Barcelona y su área metropolitana.

Así por ejemplo, la Generalitat permitirá a los ayuntamientos catalanes calificar terrenos como destinados para el alquiler, creando así una nueva calificación urbanística, lo que a juicio del conseller permitirá aumentar el parque público y privado. Además el decreto-ley permite, tanto a las administraciones locales como a la autonómica, adquirir nuevo suelo mediante el derecho de tanteo y retracto para destinarlos a la construcción de vivienda pública.

En el mismo sentido, la normativa impone a los municipios con alta demanda residencial la obligación de impulsar la construcción de vivienda pública en los solares de los que disponga en su patrimonio en los próximos dos años. Esa construcción de vivienda debe ir destinada, mayoritariamente, al alquiler, con el objetivo de actuar sobre la oferta.

La tercera gran medida que incorpora la nueva regulación tiene que ver con el Registro de Viviendas Vacías, creado hace más de una década pero que hasta ahora tenía un carácter casi voluntario para los grandes propietarios. A partir de ahora pasará a ser obligatorio suscribir en este registro los inmuebles que lleven más de dos años vacíos o pendientes de que se acaben unas obras ejecutadas más del 80%. Este Registro funciona como primer paso antes de poner el parque de vivienda vacía en el mercado, bien para compradores privados o bien para que el sector público ya que, de no hacerlo, la Generalitat puede imponer sanciones e incluso expropiarlos. 

"Era evidente que debíamos de actuar sobre los contratos de alquiler, la cuestión era decidir cómo", ha asegurado Calvet, explicando que la elección era entre desarrollar una ley de arrendamientos urbanos catalana, lo que hubiera supuesto un conflicto competencial, o hacerlo mediante la reforma del Código Civil, avanzadas este lunes por la consellera de Justicia, y las medidas sectoriales aprobadas en el presente decreto-ley. "La reforma de los alquileres que se aprobó el viernes pasado en el Consejo de Ministros está en la línea de lo que deseábamos, y por tanto bienvenido sea", ha añadido el conseller.

En paralelo a esta regulación, el Govern anunció este lunes que preparaba un proyecto de ley para tratar de regular el precio de los alquileres. Una competencia hasta ahora en manos del Gobierno central y que ahora la Generalitat le intentará arrebatar mediante la modificación del Código Civil. La idea del Ejecutivo catalán es llevar la ley al Parlament antes de que acabe el año.

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