El Defensor del Pueblo pide un IVA reducido para la electricidad

El Defensor del Pueblo considera que en España la electricidad está regulada más como un producto que como base “indispensable” de derechos fundamentales que es y ha recomendado que se aplique a la energía eléctrica un tipo reducido de IVA como el que tienen alimentos básicos.

En su informe anual, el Defensor del Pueblo recuerda que la energía eléctrica es esencial para una vida digna y recuerda que la muerte de una anciana en Reus (Tarragona) que se iluminaba con velas en el incendio de su vivienda puso de manifiesto “las carencias de un sistema que no estaba concebido para proteger los derechos de las personas y la necesidad de mejorarlo”.

A juicio del Defensor del Pueblo, “la electricidad en España aún dista de estar considerada como base material indispensable de los derechos fundamentales” y “su regulación se asemeja más a la de un producto o un servicio del que se pueda prescindir, o accesible únicamente a quien pueda pagarlo”.

El Defensor del Pueblo considera que se han dado pasos para reconocer el carácter esencial del suministro eléctrico, como la nueva regulación del bono social, que hasta la fecha ha tenido “un diseño técnicamente defectuoso”, que ha hecho que personas con dificultades de pago estuvieran excluidas y al mismo tiempo se destinaran recursos del sistema “a financiar la factura eléctrica de quienes no lo necesitan”.

La institución señala también que ha analizado el coste de la electricidad en España, que es el segundo más caro dentro de la UE para consumidores domésticos después del de Irlanda, y critica que la factura eléctrica se esté empleando “para distribuir el coste de decisiones regulatorias que no tienen relación con la lógica de mercado”, por lo que demanda implantar criterios de equidad en la distribución de los costes.

Recuerda, asimismo, que la energía eléctrica está gravada con un IVA del 21 % y con un impuesto especial, similar al que existe sobre productos como el alcohol o el tabaco, “a pesar de ser un bien esencial para la vida”, y reclama que se aplique un tipo reducido de IVA a la electricidad, como se hace con el pan o la leche.

El Defensor señala que seguirá reclamando que se reduzca la parte fija de la factura eléctrica no sólo por su incidencia en el precio, sino porque también incide en el ahorro de energía, para lo que también pide a la Secretaría de Estado de Energía que transponga la directiva que obliga a instalar sistemas de contabilización individualizada del consumo energético.

También reclama a ese departamento que modifique la norma por la que un consumidor sólo puede modificar la potencia que tiene contratada una vez al año y que sólo se cobre el alquiler de los nuevos contadores eléctricos si verdaderamente están integrados en el sistema de telegestión.

Además, ha instado a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) y a la Secretaría de Energía a dar solución a la desinformación que tienen la mayoría de los consumidores acerca de si están en el mercado libre o en el regulado.

En cuanto a telefonía móvil, el motivo que propició la presentación de un mayor número de quejas en el Defensor del Pueblo fue el relativo a la discrepancia de los abonados con la facturación hecha por los operadores.

En muchos casos los abonados no habían reclamado antes de presentar su queja a esta institución, pero en otros, si bien habían iniciado el procedimiento de reclamación en vía administrativa, había demoras en su resolución, incluso en vía de recurso.

En cuanto a telefonía fija, el informe revela que los ciudadanos en sus quejas han evidenciado que las incidencias en la prestación de este han persistido en 2017 y se refiere a incidencias técnicas que duran años, a veces compensadas a los abonados con indemnización por interrupción del servicio y otras, sin reacción concluyente.