El Gobierno pretende transferir las competencias sobre las licencias de Uber y Cabify a las autonomías

El Gobierno ha anunciado este martes que en los próximos días va a iniciar las conversaciones con el resto de fuerzas políticas para tratar de recabar su apoyo a una eventual transferencia de las competencias sobre regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), que utilizan empresas como Uber o Cabify, a las comunidades autónomas.

“En los próximos días vamos a hablar con el resto de fuerzas políticas en el Parlamento para tratar de buscar los apoyos necesarios para hacer esos cambios”, ha dicho el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, en declaraciones a los periodistas tras inaugurar un foro sobre infraestructuras organizado por la consultora KPMG.

En su primera comparecencia en sede parlamentaria, el pasado 12 de julio, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, planteó la posibilidad de debatir la transferencia al ámbito regional de esas competencias, que el ordenamiento jurídico otorga al Estado.

Saura también se ha referido a la reunión prevista para mañana, miércoles, entre el Ministerio de Fomento y la Asociación Metropolitana de Barcelona (AMB) a raíz del informe de la Abogacía del Estado sobre el Reglamento del Consejo Metropolitano de Barcelona sobre licencias de VTC.

“Es una reunión franca, una reunión donde lo que queremos es intercambiar puntos de vista y que se conozca por parte del Área Metropolitana nuestras posiciones, pero también queremos conocer en base a qué se ha tomado la decisión que se tomó. En ese sentido es una reunión técnica donde busca de forma franca intercambiar puntos de vista”, ha dicho.

El informe emitido por la Abogacía del Estado resuelve que el Reglamento invade las competencias estatales en materia de licencias VTC y estima que existen motivos para la interposición de un recurso contencioso-administrativo.

Saura también se ha referido a las autopistas de peaje quebradas y ha dicho que “todavía” no tienen los datos de qué costes tendrá que asumir el Estado porque el Gobierno aún está “en una situación muy preliminar, en unos análisis muy preliminares”.

Sí ha recalcado que esa situación forma parte de la “herencia recibida” por su Gobierno y ha abogado por buscar un modelo de colaboración público-privada “donde el contribuyente no salga perdiendo y que no suponga pasivos contingentes para el erario público”.

En materia de inversiones, ha dicho que el compromiso del Gobierno mantener “en todos sus términos” el Plan de Extraordinario de Inversión en Carretera (PIC), pero ha rehusado dar fechas de licitación de los primeros proyectos porque aún están pendientes las conversaciones con Hacienda.

“Nos hemos encontrado que no se había cerrado con Hacienda esa cuestión”, ha señalado el secretario de Estado, que ha asegurado que se está trabajando, pero que no se puede dar fechas porque “no son negociaciones fáciles”.