El Gobierno ultima el recurso del euro por receta en la Comunidad de Madrid

El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) el euro por receta impuesto en la Comunidad de Madrid, al igual que hizo en el caso de Cataluña, por entender que esta tasa vulnera el derecho de igualdad de los españoles en la adquisición de productos farmacéuticos.

El Ministerio de Sanidad ha remitido ya al de Hacienda y Administraciones Públicas toda la información necesaria para ello, después de que la medida se empezara a aplicar ayer en la región.

La documentación está en manos de la Abogacía del Estado, que en el plazo de una semana elaborará el informe pertinente, han informado hoy a Efe fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro.

El Consejo de Ministros podría aprobar en las próximas semanas el recurso, a pesar de que en Cataluña se apuró el plazo de seis meses de diálogo con la Generalitat antes de acudir al TC.

La celeridad con que se lleve a cabo el proceso contra la tasa de la Comunidad de Madrid dependerá también de lo que decidan los servicios jurídicos del Estado sobre la pertinencia de elevar o no esta cuestión al Consejo de Estado, que ya reprobó la medida vigente en Cataluña desde el 23 de junio, por entender que vulnera el artículo 149 de la Constitución.

El Consejo emitió un dictamen en noviembre de 2012 en el que considera que “la instauración de la tasa de un euro por receta vulnera el orden constitucional”, ya que las comunidades autónomas “no pueden incidir, ni directa ni indirectamente, en la fijación de los precios de los medicamentos que son objeto de financiación pública”.

Con la Generalitat catalana, el proceso de negociación para intentar llegar a un acuerdo fracasó, por lo que es probable, según las fuentes gubernamentales, que el recurso contra la Comunidad de Madrid se presente con mayor rapidez al evitarse algunos de estos trámites.

Los gobiernos de Cataluña y Madrid se mantienen firmes en su postura y esgrimen que es necesario recaudar fondos en estos momentos de crisis para poder continuar ofreciendo a los ciudadanos las prestaciones sanitarias.