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Hacienda, abierta a llegar a acuerdo con transportistas por céntimo sanitario
El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, se ha mostrado hoy abierto a atender las peticiones de los transportistas sobre el céntimo sanitario y ha admitido que este sector puede haber aportado argumentos jurídicos que contradicen la interpretación que hasta ahora había dado la Agencia Tributaria.
Tras clausurar unas jornadas tributarias organizadas por el REAF (Registro de Asesores Fiscales), Ferre se ha referido así al paro convocado para el lunes 17 por el sector del transporte de mercancías por carretera, que considera “completamente falso” que la Comisión Europea autorizara a España a deducir de las devoluciones del “céntimo sanitario” la parte del impuesto que debía servir para cubrir el nivel mínimo de imposición de los hidrocarburos.
Ferre ha querido trasladar “un mensaje de tranquilidad” al sector y se ha mostrado convencido de que no serán necesarios esos paros, “que no son buenos ni para el sector ni para la economía”.
En este sentido, ha expresado la actitud “de apertura y de disponibilidad” por parte de Hacienda para analizar sus observaciones y argumentos jurídicos al respecto.
Además, ha asegurado que hay “plena voluntad” para dar satisfacción al sector y “llevar a cabo la denuncia del céntimo sanitario en los términos más razonables”.
“En la medida en que sean aplicables sus argumentos y podamos dar una salida a su problema lo miraremos con la mejor disposición”, ha señalado Ferre.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró el pasado 27 de febrero ilegal el céntimo sanitario y condenó a España a su devolución total, tras lo cual la Agencia Tributaria formuló una consulta a la CE sobre las posibles consecuencias en materia de ayudas de Estado que podría suponer para España la ejecución de esta sentencia.
El sector acusa a la Agencia Tributaria de haberse dedicado a “retrasar innecesariamente” el proceso de devolución “con engaños y continuos cambios de criterio”, hasta que el pasado 27 de octubre anunciara “su decisión de meter la tijera en la devolución del impuesto”, limitándola a 2.000 millones de euros de los 13.000 recaudados entre 2002 y 2013.
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