Hacienda afirma que la sentencia “no tiene ningún tipo de consecuencia” para la amnistía fiscal
El Ministerio de Hacienda considera que el Tribunal Constitucional “no anula nada” con su sentencia sobre la amnistía fiscal. A su juicio, el tribunal tan solo recalca que el llamado proceso de regularización de activos del año 2012 debería haber sido aprobado por ley y no por decreto, es decir, una formalidad que no supone paralización alguna de los procedimientos abiertos, han explicado a eldiario.es fuentes del departamento de Cristóbal Montoro.
En esta línea, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha afirmado que la sentencia cuestiona el “instrumento normativo” pero “avala la regularización”, por lo que “no tiene ningún tipo de consecuencia”.
En declaraciones a los periodistas tras su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos en el Senado, Fernández de Moya ha indicado que Hacienda está “analizando” la sentencia. Pero ya tienen claro que “fundamentalmente” incide en el instrumento normativo empleado en la amnistía fiscal, y “deja plena constancia del aval de las regularizaciones, por lo que no tiene ningún tipo de consecuencia”.
“La sentencia se acaba de conocer y la Abogacía del Estado indudablemente la está estudiando, la acabamos de conocer, para analizar una sentencia del TC se requiere tiempo, para hacerlo con rigor, con seriedad y poder pronunciarse de manera firme”, ha añadido, informa EP.
Ante las críticas de los socialistas, que son los que presentaron el recurso que ahora ha avalado el Constitucional, el secretario de Estado ha reclamado que se analicen las amnistías fiscales de los años 1984 y 1991 aprobadas por el Gobierno de Felipe González. También ha pedido que se estudie cómo actuó Hacienda respecto a la 'lista Falciani'. El informático franco-italiano desveló a las autoridades de varios países que más de 100.000 clientes de la filial suiza del Hong Kong Shanghai Bank (HSBC) recurrían a la entidad para evadir impuestos
Críticas del PSOE
Sin embargo, el PSOE tiene claro que el ministro de Hacienda debe asumir “responsabilidades políticas” por este asunto. Tanto los socialistas como Ciudadanos han pedido la comparecencia de Montoro en el Congreso “para que explique el motivo que llevó al Gobierno a aprobar una amnistía fiscal declarada inconstitucional”. Más allá, los socialistas y Unidos Podemos han reclamado la dimisión del ministro.
En su recurso los socialistas argumentaban que esta normativa favorecía a los defraudadores al permitirles regularizar su situación fiscal con un pago del 10 por ciento del valor de los bienes aflorados (para rentas superiores a 100.000 euros), mientras que los contribuyentes cumplidores pagan el 43 por ciento.
Técnicos de Hacienda
El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha celebrado la decisión del Tribunal Constitucional (TC), ha señalado en declaraciones a Europa Press el vicepresidente del sindicato, José María Mollinedo.
Según su criterio, la Ley de amnistía fiscal quebranta el principio de contribuir conforme a la capacidad contributiva, ya que contempla un pago único del 10% “sin ninguna matización”. “Daba igual que aflorasen 5.000 euros o 5 millones”, ha denunciado.
Además, el vicepresidente de Gestha ha indicado que la amnistía también infringe los principios constitucionales de igualdad. “Exigir un tipo tan bajo como el 10% era muy beneficioso para los contribuyentes que incumplían con el pago del IRPF o el Impuesto de Sociedades”, asegura.
La Hacienda Pública reclama a las personas que no cumplen con sus obligaciones fiscales no solo las cantidades oportunas, sino además les exige intereses de demora y tiene la posibilidad de llevarlas ante la Fiscalía si superan los límites del delito fiscal. “Esto se trunca por la amnistía fiscal, que no les exige intereses, recargos ni sanciones y las personas alcanzan la exoneración del delito que cometieron en su día”, ha explicado Mollinedo.
Uno de los apartados más criticados por el colectivo fue el que incluía la posibilidad de poder aflorar capitales en metálico que pudiesen acogerse de igual manera a la amnistía fiscal. “Nadie podía justificar el origen de ese dinero en metálico ni que procediera de los años 2008 a 2010, que son los años a los que podía acogerse la amnistía”, ha apostillado.
Cree que de haberse aprobado mediante una ley material en el Congreso de Diputados los grupos políticos “hubiesen podido debatir sobre la misma y presentar sus enmiendas”.
El Pleno Tribunal Constitucional (TC) ha declarado este jueves de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno del PP en marzo de 2012 porque utilizó para ello el Decreto-Ley, lo que la propia Constitución prohíbe para este tipo de medidas, y califica lo ocurrido de “abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”.
En virtud del principio de seguridad jurídica, la decisión no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada.
