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Seopan cifra en 5.000 millones el coste para el contribuyente de la quiebra de las autopistas de peaje

Según la patronal de la construcción al menos dos de las vías, entre ellas la R-2, podrían evitar su liquidación si Fomento se adhiriera al convenio que han acordado sus accionistas, incluidos los "fondos buitres"

Lamentan que ahora este tema no sea prioritario para Fomento, centrado desde febrero en la crisis con los estibadores

(Ampl.) Fomento ya no tendrá que rescatar las autopistas en quiebra

Europa Press

Seopan, que agrupa a constructoras y concesionarias, ha cifrado este jueves en casi 5.000 millones de euros el coste que tendría para los ciudadanos la quiebra de las autopistas de peaje que están en concurso y ha asegurado que algunas se podrían salvar mediante la adopción de soluciones "individuales".

Según las cifras que maneja Seopan, a 31 de diciembre de 2016, la Responsabilidad Patrimonial del Estado (RPA) -inversión pendiente de amortizar- que tendría que asumir el Estado sumaba 4.032 millones de euros.

A esto, habría que añadir 625 millones por instrumentos financieros que al extinguirse las sociedades no podrían recuperarse y entre 800 y 700 millones por expropiaciones pendientes de pago.

"Si no se encuentra una alternativa, el contribuyente tendrá que asumir el pago de casi 5.0000 millones de euros de acuerdo a lo que recoge la ley", ha advertido en rueda de prensa el presidente de Seopan, Julián Núñez.

Ha explicado que la solución que se barajó en su momento con la exministra de Fomento Ana Pastor de crear una sociedad pública para sumir estas carreteras ya no es viable porque llevaría a engrosar el déficit público, y ha pedido a su sucesor, Íñigo de la Serna, que se siente a negociar una salida.

Las concesiones de autopistas en concurso y que asumiría el Estado en caso de quiebra son la Madrid-Toledo (AP-41), Ocaña-La Roda (AP36), Cartagena-Vera y M-12 Eje Aeropuerto, así como las radiales madrileñas R-2, R-3, R-4 y R-5.

La M-12, la AP36 y la R3/R5 ya están en liquidación, aunque con la última de ellas está pendiente de que se dicte una sentencia que la deje sin efecto, como ya ocurrió en el caso de Ciralsa (Circunvalación de Alicante), cuya liquidación fue rechazada recientemente por la Audiencia de Madrid.

Según Núñez, al menos dos de las vías, entre ellas la R-2, podrían evitar su liquidación si el Ministerio de Fomento se adhiriera al convenio que han acordado sus accionistas, incluidos los fondos "buitres" que entraron ellas a precios "de derribo".

En otros casos, la solución pasaría por la recompra de la deuda por parte de Fomento, ha señalado Núñez, quien ha explicado que la reestructuración de la deuda financiera (en un 80 % en manos de fondos) a un valor inferior al nominal evitaría la cláusula de disolución y la liquidación.

Núñez ha lamentado que ahora este tema no sea prioritario para Fomento, que desde febrero se ha centrado en la crisis con los estibadores, al tiempo que ha urgido al ministro a retomarlo lo antes posible para darle una solución.

Seopan aboga por mantener los peajes en las autopistas que revertirán al Estado en los próximos años, y por el pago por el uso de infraestructuras por las que ahora no se paga con el fin de poder desviar el gasto que suponen a partidas sociales, como la sanidad, la educación o las pensiones

En su opinión, en un momento en lo que prima es la contención del déficit público, el Gobierno y el resto de formaciones deben plantearse cuáles son las prioridades del país y si los presupuestos deben destinarse a infraestructuras o otras cuestiones.

Desde Fomento se ha anunciado que no se renovarán las concesiones de autopistas según vayan éstas venciendo, lo que, según Seopan conllevará un sobrecoste de 3.000 millones de euros al año.

De estos 3.000 millones, una parte corresponde al dinero que ahora pagan las sociedades concesionarias para el mantenimiento de las autopistas y otra a lo que recauda del Estado por el uso que de ellas hacen los ciudadanos (IVA).

"Diga usted de dónde va a sacar ese dinero cuando reviertan al Estado, ¿se lo quitarán a la sanidad o a las pensiones?", ha pedido Núñez que aclare al Gobierno, tras decir que España debería modificar su modelo concesional para equiparlo al de países como Francia, Alemania, Reino Unido o Italia.

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