Responsabilidad Social Corporativa: el cajón de sastre donde las empresas meten los derechos humanos
La organización Transnational Institute (TNI), a través de un informe publicado en 2014, demostró que de las 100 economías más poderosas del mundo, 37 eran grandes corporaciones, con nombres como Wal-Mart (28), Volkswagen (47) o la española Banco Santander (88) entre ellas. Con niveles de tamaño y poder similares, la equiparación entre compañías y estados lleva a exigir también con la misma fuerza a las empresas responsabilidad a la hora de cumplir siempre con los principios básicos de los derechos humanos. En este sentido, esta garantía juega un papel fundamental que no siempre cumplen las empresas, y ahí las españolas no son una excepción.
La ONU describe en un documento los 'Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos' y define la importancia de su cumplimiento tanto en los países como en las compañías. El organismo requiere que “los Estados deben adoptar medidas adicionales de protección contra las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas de su propiedad o bajo su control, o que reciban importantes apoyos y servicios de organismos estatales”. Además, les exige “un marco normativo nacional adecuado para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos”.
Por su parte, las empresas deben actuar en tres áreas que pasan por el “compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos”, actuar con la diligencia necesaria para “identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos” y asegurar la capacidad de “reparar todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar”.
En esa línea trabaja la ONG Amnistía Internacional, la cual resume en cuatro los puntos de obligado cumplimiento para todas las compañías: la prevención de los abusos, el cumplimiento de la responsabilidad por las vulneraciones que cometan, la garantía de una justicia y reparación efectivas y la protección de los derechos con independencia de las fronteras. Para cumplir con todo, en España las compañías impulsan la Responsabilidad Social Corporativa pero, a pesar de que se hizo un intento, no existe una legislación nacional que obligue a las empresas a cumplir siempre con algo tan básico como los derechos humanos.
El Gobierno impulsó un plan que condenó al olvido
En 2013, el Gobierno de España abrió a través del Ministerio de Asuntos Exteriores el proceso de creación de un Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Este acuerdo pretendía regular, controlar y garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos por parte de las compañías multinacionales. Pero terminó guardado en un cajón, tal y como denunció Desalambre, diluyendo el debate hasta desaparecer y aparcando las exigencias de la sociedad civil, que durante el proceso de elaboración del plan ya mostró grandes discrepancias en numerosos aspectos.
Uno de los motivos por los que chocó frontalmente con las demandas de la sociedad civil era el carácter voluntario del cumplimiento del texto, y no obligatorio como proponían. Entre las organizaciones a las que el Gobierno invitó a participar en la elaboración estaba Ecologistas en Acción. Luis González, uno de sus portavoces, sostiene que “cualquier plan que tenga que ver con empresas debe ser obligatorio. Siempre que hemos querido hacer algo ambicioso ha chocado con las grandes empresas. Ahora mismo en Naciones Unidas hay abierto un proceso para que las empresas respondan por las vulneraciones de los DDHH, que esperamos algún día salga a la luz”.
Las ONG mantienen el foco
Al margen del fracasado Plan del Gobierno, las organizaciones sin ánimo de lucro continúan trabajando en la cuestión de los Derechos Humanos y su cumplimiento por parte de las grandes corporaciones. Ya en el verano de 2013 Oxfam Intermón publicó un documento, dirigido no solo a empresas sino también al Gobierno y a la ciudadanía, que bajo el título 'La empresa española y los Derechos Humanos' daba una serie de recomendaciones y procedimientos para garantizar el cumplimiento de los principios básicos.
Dentro de las empresas, son varios los sectores más propensos a dañar los Derechos Humanos, y desde Ecologistas en Acción apuntan en tres direcciones. “Las energéticas tienen grandes campañas de marketing solidario pero luego para sus negocios entran en pueblos indígenas, cometen grandes abusos en los países del sur y pagan bajos salarios”. Otro sector acusado de no cumplir los derechos humanos sería la construcción, “como ocurre con la ampliación del Canal de Panamá. Las condiciones de sueldo entre el personal de campo y las personas que traen de aquí son abismales”.
Por último, un ámbito que siempre ha estado en el punto de mira es el textil, con gigantes españoles como Inditex, El Corte Inglés o Cortefiel señalados por vulnerar los principios básicos en sus actividades en Asia. Según González, el sector “juega con distintas bazas como la capacidad de crear red, poniendo tras sus empleados a subcontratas, tal y como sucedía en el Rana Plaza”.
De ahí que las ONG exijan de forma clara “una regulación internacional para que las empresas no dejen de cumplir determinados parámetros que son de carácter obligatorio. El cumplimiento de los DDHH no es algo sujeto a negociación”, sentencia González.
Las empresas españolas lo esconden en la RSC
Lo habitual es que las empresas españolas incluyan los temas relacionados con los Derechos Humanos en sus programas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Así lo afirma Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC, quien advierte de que esta inclusión “no es válida porque el marco de actuación de la RSC es voluntario. Hay ciertas empresas que vigilan que se cumplen y pueden tener efectividad, pero no deja de tener un alcance limitado”.
Aparte del carácter voluntario de la RSC, las críticas señalan otro gran problema, y es que “detrás de esas políticas muchas veces no hay procedimientos, no hay mecanismos de garantía, son compromisos muy genéricos. Cuando lo aterrizamos existe poca información sobre como llevan a cabo estos compromisos”. De la misma opinión es Luis González, de Ecologistas en Acción, quien asegura que “en España se manifiestan de forma diferente lo que se dice en la RSC y la realidad. Cuando se ven los presupuestos de las partidas, palidecen”.
A nivel nacional también existen ejemplos de vulneración de Derechos Humanos por parte de empresas españolas, que se suelen asociar a las actividades en suelo internacional, como lo ocurrido en el Rana Plaza. Vázquez habla de “un impacto grande del sector financiero con los desahucios, que bajo mi perspectiva afecta a los derechos humanos. Si incluimos ahí al medioambiente, también ha sufrido un impacto muy fuerte. Son casos no tan visibles como el trabajo infantil, pero siguen siendo vulneraciones”.
Para contrarrestar, desde las empresas cada vez se tienen más en cuenta los derechos humanos y buscan informarse para cumplirlos adecuadamente. Para eso contactan con gente como Begoña Sánchez, presidenta de Across International, una de las compañías dedicadas al desarrollo de programas de Responsabilidad Social Corporativa y que elaboran programas específicos sobre Derechos Humanos. Sánchez habla del creciente interés de las compañías en el tema, explicando que con su labor “ayudamos a las empresas a aterrizar sus obligaciones en cuanto a los derechos humanos. Hacemos trabajos de consultoría con expertos en Derechos Humanos y creamos procedimientos dentro de las empresas que analizan donde son más vulnerables”.
