El BCE arranca otro pedazo de soberanía financiera a los miembros de la Unión Europea

A partir de hoy, la posibilidad de que un banco con problemas sea rescatado con dinero público se convierte en una opción algo menos recurrente de lo que lo fue durante la última crisis financiera. Al menos, esa es la intención final de la Unión Bancaria Europea, cuyo primer pilar, el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), comienza a funcionar este martes.

Esta nueva supervisión única quiere empezar por romper los vicios del pasado que han impregnado las relaciones de los supervisores financieros europeos con los bancos en los últimos años: evitar los rápidos rescates a cargo de los contribuyentes que se llevaron a cabo en Centroeuropa al comienzo de la crisis, controlar la compra masiva de deuda pública por parte de las entidades de cada país o vacunarse contra decisiones estrambóticas, como las que protagonizó el Banco de España obligando a fusiones políticas de cajas de ahorro que dieron lugar a tormentas perfectas como la de Bankia.

Las bases sobre las que se asienta el objetivo de la Unión Bancaria pasan por que los rescates a cargo de los contribuyentes sean la última alternativa para solucionar los problemas de un banco. Antes de llegar a ese punto, accionistas, propietarios de bonos, tenedores de deuda, etc, deberán asumir las quitas necesarias, e incluso se obligará a la entidad a desprenderse de los activos que el Banco Central Europeo (BCE) considere oportunos.

No obstante, para que los contribuyentes dejen de ser los que pagan al final por los excesos de los banqueros queda pendiente que el MUS se refuerce con un mecanismo de resolución (para liquidar las entidades cuando sea necesario) y un fondo de garantía de depósitos, herramientas que todavía están en pañales y que incluso muchos expertos consideran insuficientes.

En cualquier caso, el principal objetivo es evitar esas situaciones extremas. Y para ello, Europa ha apostado por implantar en primer lugar el más vale prevenir. Así que ha puesto en marcha un sistema que, según explican desde Frankfurt, pretende implantar una supervisión “neutral y alejada de estereotipos y tradiciones nacionales”. En otras palabras, evitar el compadreo entre bancos y supervisores nacionales.

Contra todo pronóstico y en tiempo récord (dos años y medio lo es cuando se trata de toma de decisiones europeas), el BCE ha conseguido despojar de los galones de mando a los bancos centrales nacionales. Y eso a pesar de que las presiones políticas, sobre todo alemanas, no se lo han puesto fácil. Perdido el control de la política monetaria con la creación del euro y el BCE, todos los países europeos, empezando por Alemania, se han resistido como gato panza arriba a esta nueva usurpación de poder en favor de la Unión Europea. Aunque tal vez el resultado no haya sido tan exigente como le hubiera gustado a Mario Draghi, ni tan laxo como querían los socios de la UE.

Para contentar a todos, el MUS estableció dos perfiles entre las 6.000 entidades financieras de la zona euro, las sistémicas (más importantes y con balances por encima de los 30.000 millones de euros) y el resto. Las primeras son los 120 bancos más importantes de la Unión, entre ellos, los españoles Santander, BBVA, La Caixa, BFA Bankia, Sabadell, Popular, Kutxa+ CRU, BMG, NCG, Unicaja/Ceiss, Bankinter, Ibercaja y Liberbank. Todos ellos serán los supervisados directamente por el organismo con sede en Frankfurt.

Las restantes se mantienen bajo la tutela de los bancos centrales nacionales, pero bajo los mismos criterios y reglas que los primeros. E incluso, con la espada de Damocles pendiente de que, en caso de dudas o problemas, el BCE pueda decidir en cualquier momento actuar directamente sobre ellos.

A efectos prácticos, esto ha implicado la creación de un nuevo mastodonte burocrático en la UE. El MUS nace con 1.000 empleados, 100 de ellos procedentes del Banco de España, y ejercerá su poder desde la actual sede del BCE en el centro financiero de Frankfurt. Además, se ha creado un complicado entramado de organismos de mando, que deberá demostrar si es tan ágil en la toma de decisiones como los mercados financieros exigen para mantener la credibilidad que busca Draghi.

Complicada escala de toma de decisiones

La máxima responsabilidad de las decisiones recae sobre el Consejo de Gobierno. Su labor es supervisar todo lo que hacen el resto de organismos, pero con un peculiar sistema. Sólo puede aprobar o revocar los asuntos que lleguen hasta él. Se sabrá si está a favor vía procedimiento de no objeción. Es decir, si no dice nada es que el asunto está aprobado. Pero tiene nada menos que 10 días para pensárselo. Es de suponer que cuando las circunstancias lo requieran no se haga esperar tanto.

El que realmente estará al pie del cañón del control será el Consejo de Supervisión, formado por seis miembros del BCE y un representante de cada estado. Para ellos trabajarán alrededor de 1.000 funcionarios europeos, 100 de ellos españoles, según ha confirmado el Banco de España, divididos en cuatro direcciones generales.

En el caso de que el Consejo de Gobierno se oponga a una decisión emitida por el Consejo de Supervisión, el asunto pasa a una tercera institución: la Comisión Administrativa de Revisión, que será la encargada de mediar entre los dos anteriores. Sus dictámenes no serán vinculantes, por lo que en caso de que una entidad financiera no esté de acuerdo con el dictamen que emita podrá llevarlo a los tribunales de Justicia.

A efectos prácticos, esto implica que cuando los bancos quieran cambiar su política de dividendos, comprar o vender una división o incluso iniciar su actividad, además de conseguir, como ahora, el permiso del Banco de España, deberán también superar todas estas instancias europeas. Esta autorización podrá ser incluso necesaria para fijar los niveles de deuda pública que pueden adquirir las entidades.

¿Quién ejerce la supervisión real?

Por otro lado, la supervisión real del día a día de los grandes bancos bajo el paraguas directo de Frankfurt está en manos de un equipo propio de supervisión especializado en cada banco. Incluso en los más grandes, como Santander y BBVA, serán dos. En el caso de las entidades españolas, estos equipos, denominados Joint Supervisory Team, están formados, sobre todo, por personal del Banco de España (el 75% de total), aunque los jefes siempre serán del BCE. La proporción entre personal patrio y agentes de Frankfurt dependerá del tamaño de la entidad. Los 15 bancos españoles podrán tener entre cinco y 32 supervisores del Banco de España y entre uno y diez del BCE. Además, en caso de tener negocio en otros países de la Unión Europea, también se incorporará al equipo un representante de cada uno de esos países.

En este apartado es donde se produce uno de los grandes cambios del sistema en España. El BCE ha decidido, en contra de la práctica habitual hasta ahora en España, que el personal que realice las Inspecciones in situ de los bancos sea distinto al equipo que hace el seguimiento normal de la entidad. Eso sí, el jefe en este caso sí será un español, aunque la rotación será una prioridad entre sus componentes. Sin duda, se busca evitar que el roce se convierta en cariño.

Contradicciones en el modelo

Dicho todo esto, cualquiera podría pensar que el Banco de España queda como mero ejecutor de las decisiones del MUS, pero no siempre es así. Más allá de las opiniones que sus representantes puedan aportar en los organismos de mando en los que, por supuesto, están representados, el supervisor español mantiene el poder en varios ámbitos entre los que destaca el de sancionar a las entidades. Incluso las que no controla directamente.

Según fuentes del Banco de España, el BCE solo podrá sancionar a las entidades cuando no cumplan con normas del Derecho Europeo que no hayan sido trasladadas a la regulación nacional. Está por ver como se implementa la resolución de los posibles conflictos de interpretación que puedan surgir con este sistema.