El fondo buitre Blackstone: “Nosotros vinimos a España a generar riqueza”
Claudio Boada, presidente de Anticipa y representante de Blackstone en España y Portugal, ha defendido este miércoles en el Congreso de los Diputados, la gestión de inversiones que realiza la compañía, considerada un fondo buitre y que se dio a conocer por la adquisición de un amplio parque de viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid, cuando Ana Botella era alcaldesa.
El empresario ha defendido que la compañía es “una firma de inversión alternativa” cuyo accionariado está compuesto, en un tercio, por fondos de pensiones públicos y privados, así como “universidades y fundaciones sin ánimo de lucro”. “Nosotros trabajamos para contribuir al crecimiento económico general”, ha señalado.
El directivo ha argumentado que, pese a las críticas que ha recibido su actividad, Blackstone llegó a España “a generar riqueza y empleo cumpliendo las leyes”. Además, ha añadido que “estamos teniendo una política de desarrollo en mi país y hemos ayudado a fijar un suelo en el precio de la vivienda”.
Boada se ha referido también al suicidio de uno de sus inquilinos en Cornellá cuando iba a ser desahuciado hace unas semanas. “Hemos intentado negociar sistemáticamente y lamentablemente el inquilino tomó la fatal decisión”, ha defendido. “A 14 de junio adeudaba 17 recibos”, ha señalado el directivo, quien ha asegurado que la compañía intentó negociar y ofrecer una condonación de la deuda.
Esta aseveración ha sido rebatida por Rafael Mayoral, diputado de Unidos Podemos, quien ha señalado que el lanzamiento se convocó porque la empresa lo solicitó al juzgado. El diputado ha defendido que “realizaron una actuación criminal” que supone “una violación de los derechos humanos”. “La credibilidad de su empresa está puesta más que en cuestión”, ha añadido.
En su participación en la comisión de investigación sobre la crisis financiera, el directivo ha criticado la ley del desahucio exprés aprobada por el Gobierno del PP, al asegurar que es “discriminatoria”, por su diferenciación entre propietarios dependiendo si son fondos de inversión o personas físicas o vivienda pública. “No entiendo por qué hay que hacer esa diferenciación”. A lo que ha añadido que “al vecino del okupa le da igual que la vivienda okupada sea propiedad de un particular o de un fondo. El perjuicio es exactamente lo mismo”, ha remarcado.
Boada se ha referido a la burbuja de precios del alquiler, que ha achacado a la escasa oferta, los cambios de hábitos por la movilidad de residencia, la llegada de estudiantes Erasmus y las viviendas turísticas. Para solucionarlo, ha planteado la colaboración público privada. “Suelo público y dinero privado es una gran opción”, ha subrayado. Ha defendido, además, que “los fondos solo tenemos el 5% de las viviendas en alquiler”.
El directivo ha negado que Blackstone pretenda cambiar inquilinos con alquiler protegido por otros con precios libres. “No tenemos ningún interés ni objetivo en que el inquilino abandone la vivienda”, ha subrayado, aclarando que la operación realizada en la EMVS supone “únicamente” el 0,6% de los activos que tiene la compañía en España. Este caso está siendo investigado por el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid tras las críticas realizadas por inquilinos al trato recibido por parte de Fidere, el fondo a través del cual Blackstone adquirió más de 1.800 viviendas.
