Bruselas, sobre la derogación de la reforma laboral de Rajoy: “El marco de referencia es garantizar la competitividad y los servicios sociales”

La derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy está en el programa de gobierno firmado entre PSOE y Unidas Podemos. Y la pasada semana parecía acelerarse tras firmar con EH Bidu su “reforma íntegra” antes de que acaben las medidas extraordinarias de la pandemia. Ese documento fue posteriormente rectificado por el PSOE a instancias de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, quien recibió las quejas de la patronal CEOE.

Al día siguiente, Calviño afirmaba: “Sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes, yo creo, nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos”.

¿Y a qué se refiere Calviño con “este momento”, en una declaración hecha ante el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis? Por un lado, “a la mayor recesión, con un impacto previsto de caída del PIB en 2020 superior al 9%”. Y, por otro, a que sabe, porque ella estaba en Bruselas, que a la Comisión Europea le gusta la reforma de Rajoy, y que el debate, si se abre, le pilla en medio de las negociaciones para el próximo presupuesto plurianual de la UE –MFF 2021-2027–, que incluirá un fondo de recuperación que está en el aire: España pide 1,5 billones en transferencias; Francia y Alemania proponen medio billón, que le podría valer al Gobierno español; mientras los halcones frugales encabezados por Austria y Holanda han presentado una contrapropuesta basada en préstamos y condiciones.

“No corresponde a la Comisión Europea interferir en este debate”, ha afirmado este lunes el portavoz de la Comisión Europea, Eric Mamer, a preguntas de la Cadena SER, para luego advertir: “Tenemos toda una serie de políticas, en particular en el ámbito del Semestre Europeo, sobre lo que nos parece la dirección correcta que debe tomar un Estado para garantizar: por un lado, su competitividad, y, por otro lado, la realización de toda una serie de servicios a los ciudadanos, especialmente en el ámbito social. Este es el marco de referencia”.

El portavoz de la Comisión Europea ha añadido: “Obviamente, corresponde a los Estados juzgar cuál es la mejor manera de llevar a cabo las reformas necesarias para lograr los objetivos de nuestras recomendaciones para el Semestre Europeo. A veces somos criticados por nuestros comentarios, pero estamos acostumbrados y creemos que estamos actuando en interés de la Unión Europea y sus sus ciudadanos. En todo caso, el juego democrático, por supuesto, debe tener lugar en los estados miembros”.

No hace tanto, en febrero, el informe sobre España de la Comisión Europea decía lo siguiente sobre la reforma laboral de Rajoy y los planes laborales del entonces recién estrenado Gobierno de coalición, que acababa de revertir el despido procedente durante una baja médica. “El desempleo sigue siendo muy alto, a pesar de su rápido descenso en los últimos años. La Comisión espera que la tasa de paro continúe disminuyendo a 12,8% en 2021 [las previsiones tras el coronavirus elevan la tasa a casi el 20% para final de 2020]. El alto desempleo afecta en particular a los jóvenes y los trabajadores poco calificados. El nuevo Gobierno también ha anunciado su intención de revisar aspectos de la reforma del mercado laboral de 2012, que ha propiciado una fuerte creación de empleo durante la época de recuperación económica”.

En aquel informe, Bruselas insistía en “reconocer que las reformas del mercado laboral adoptadas en 2012-2013 en respuesta a la crisis han jugado un papel importante en la promoción de la recuperación económica y laboral que comenzó en 2014”.

“La nueva coalición gobernante”, abundaba la Comisión Europea, “ha prometido cambios en la regulación del mercado laboral con los objetivos establecidos de restablecer el poder de negociación de los trabajadores y superar la segmentación del mercado laboral. Los cambios en el sistema de negociación colectiva incluirían la abolición del límite de un año a la extensión automática de los acuerdos vencidos y el restablecimiento de la prioridad de la negociación colectiva sectorial sobre los acuerdos a nivel de empresa. Otras medidas aún no especificadas tendrían como objetivo promover los contratos permanentes como la forma de contrato predominante, incluso mediante el fortalecimiento de la lucha contra el abuso de los contratos temporales y de tiempo parcial y racionalización de los tipos de contratos. También se prevé una revisión de algunos tipos de resolución de contratos”.

Y concluía: “Será importante que cualquier medida nueva solo se tome después de una evaluación cuidadosa de su impacto potencial y que se conserven los logros de las reformas pasadas”.

Cuando llegó al poder, el PP lanzó una segunda oleada de reformas tras los ajustes europeos aprobados en 2010 (con José Luis Rodríguez Zapatero en el gobierno español), que probablemente contribuyeron a profundizar la recesión, según distintos análisis. En febrero de 2012, una cámara captó a Guindos diciéndole al entonces comisario Olli Rehn en un consejo en Bruselas: “Mañana aprobaremos una reforma laboral extraordinariamente agresiva”.

Entre otras cosas, se facilitó y abarató el despido: se redujo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días; se ampliaron las causas del despido objetivo; las empresas ya no tuvieron que pedir permiso a la administración para poner en marcha ERE, mientras que los trabajadores perdieron poder negociador y se otorgó mucho poder a los empresarios para modificar las condiciones laborales.