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La jugada europea de Calviño para frenar la derogación de la reforma laboral: contentar a Bruselas mientras se negocia el fondo anticrisis

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en diciembre de 2019 en Bruselas.

Andrés Gil

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Hay dos cosas que no son un secreto: que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tiene buen acceso a las instituciones comunitarias, donde trabajó antes de ser ministra; y que en la Comisión Europea están encantados con la reforma laboral de Mariano Rajoy cuya derogación pactaron acelerar el PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu esta semana.

Un pacto que Calviño hizo rectificar el miércoles por la noche al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de hablar con el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, con unos argumentos que explicaba la propia vicepresidenta este jueves: “Sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes, yo creo, nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos”.

¿Y a qué se refiere Calviño con “este momento”, en una declaración hecha ante el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis? Por un lado, “a la mayor recesión, con un impacto previsto de caída del PIB en 2020 superior al 9%”. Y, por otro, a que sabe, porque ella estaba en Bruselas, que a la Comisión Europea le gusta la reforma de Rajoy, y que el debate, si se abre, le pilla en medio de las negociaciones para el próximo presupuesto plurianual de la UE –MFF 2021-2027–, que incluirá un fondo de recuperación que está en el aire: España pide 1,5 billones en transferencias; Francia y Alemania proponen medio billón, que le podría valer al Gobierno español; mientras los halcones frugales encabezados por Austria y Holanda preparan una contrapropuesta basada en menos cantidades y mediante préstamos.

No hace tanto, en febrero, el informe sobre España de la Comisión Europea decía lo siguiente sobre la reforma laboral de Rajoy y los planes laborales del entonces recién estrenado Gobierno de coalición, que acababa de revertir el despido procedente durante una baja médica. “El desempleo sigue siendo muy alto, a pesar de su rápido descenso en los últimos años. La Comisión espera que la tasa de paro continúe disminuyendo a 12,8% en 2021 [las previsiones tras el coronavirus elevan la tasa a casi el 20% para final de 2020]. El alto desempleo afecta en particular a los jóvenes y los trabajadores poco calificados. El nuevo Gobierno también ha anunciado su intención de revisar aspectos de la reforma del mercado laboral de 2012, que ha propiciado una fuerte creación de empleo durante la época de recuperación económica”.

En aquel informe, Bruselas insistía en “reconocer que las reformas del mercado laboral adoptadas en 2012-2013 en respuesta a la crisis han jugado un papel importante en la promoción de la recuperación económica y laboral que comenzó en 2014”.

“La nueva coalición gobernante”, abundaba la Comisión Europea, “ha prometido cambios en la regulación del mercado laboral con los objetivos establecidos de restablecer el poder de negociación de los trabajadores y superar la segmentación del mercado laboral. Los cambios en el sistema de negociación colectiva incluirían la abolición del límite de un año a la extensión automática de los acuerdos vencidos y el restablecimiento de la prioridad de la negociación colectiva sectorial sobre los acuerdos a nivel de empresa. Otras medidas aún no especificadas tendrían como objetivo promover los contratos permanentes como la forma de contrato predominante, incluso mediante el fortalecimiento de la lucha contra el abuso de los contratos temporales y de tiempo parcial y racionalización de los tipos de contratos. También se prevé una revisión de algunos tipos de resolución de contratos”.

Y concluía: “Será importante que cualquier medida nueva solo se tome después de una evaluación cuidadosa de su impacto potencial y que se conserven los logros de las reformas pasadas”.

Cuando llegó al poder, el PP lanzó una segunda oleada de reformas tras los ajustes europeos aprobados en 2010 (con José Luis Rodríguez Zapatero en el gobierno español), que probablemente contribuyeron a profundizar la recesión, según distintos análisis. En febrero de 2012, una cámara captó a Guindos diciéndole al entonces comisario Olli Rehn en un consejo en Bruselas: “Mañana aprobaremos una reforma laboral extraordinariamente agresiva”.

Entre otras cosas, se facilitó y abarató el despido: se redujo la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días; se ampliaron las causas del despido objetivo; las empresas ya no tuvieron que pedir permiso a la administración para poner en marcha ERE, mientras que los trabajadores perdieron poder negociador y se otorgó mucho poder a los empresarios para modificar las condiciones laborales.

En febrero de 2013, cuando la reforma laboral se estaba comenzando a aplicar y la destrucción de empleo se aceleraba durante el último trimestre de 2012 hasta situar la tasa en un nivel récord por encima del 26%, Bruselas ya expresaba su confianza en la reforma de Rajoy, y preveía que la reforma laboral tuviera “un efecto más visible” y permitiera “un ajuste más equilibrado entre salarios y empleo, que podría reducir el ritmo de destrucción de empleos”.

“Ya hay signos de que los salarios se están haciendo más sensibles a la situación económica, con una clara moderación del crecimiento salarial en 2012. Esta moderación salarial se produce en paralelo a incrementos significativos en la productividad laboral. Como resultado, la competitividad de España en materia de precios está mejorando, un factor necesario para que continúen aumentando las exportaciones”, señalaba entonces la Comisión Europa.

Una reforma laboral que también gusta a otra pata de lo que fue la troika durante la pasada crisis financiera: el Fondo Monetario Internacional: “Las reformas laborales de 2012 han ayudado a mejorar el empleo y la igualdad de ingresos sin impacto sustancial en el riesgo general de pobreza”, indicó el organismo dirigido por Kristalina Georgieva en un análisis de febrero pasado: “En particular, hay fuerte evidencia de que (las medidas) aumentaron la flexibilidad salarial, lo que ayudó a la economía española a recuperar competitividad y crear empleo”.

El informe del FMI concluye que las reformas contribuyeron a crear empleo, pero empobrecieron a los trabajadores.

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