La CNMV pide explicaciones a Telefónica por posibles casos de corrupción en varios países
Telefónica está llevando a cabo investigaciones internas en varios países sobre posibles infracciones de las leyes contra la corrupción, según reveló en su memoria de 2017 publicada en febrero de este año, lo que ha motivado que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) le haya formulado un requerimiento solicitándole más información al respecto.
En concreto, el organismo que preside Sebastián Albella pidió a la compañía que actualice el estado de situación de las investigaciones internas mencionadas y que cuantifique su impacto potencial sobre el patrimonio del grupo, así como si ha registrado alguna provisión al respecto.
En su contestación al requerimiento con fecha 20 de septiembre y publicada este viernes por la CNMV, el grupo que preside José María Álvarez-Pallete argumenta que se están llevando a cabo investigaciones internas en varios países sobre posibles infracciones de las leyes contra la corrupción, y que a la fecha de la carta continúa cooperando con autoridades gubernamentales y prosiguiendo con las investigaciones en marcha.
“Aunque no es posible en este momento predecir el alcance o la duración de estos asuntos, o su resultado probable, consideramos que cualquier potencial sanción como resultado de la resolución de estas investigaciones no afectaría de forma material a la situación financiera del grupo considerando su tamaño”, argumenta la compañía, que no detalla en qué países centra sus investigaciones, como tampoco hacía en la citada memoria anual.
A la petición de la CNMV de que describa los principales riesgos adicionales relacionados con este asunto, Telefónica contesta que las compañías que componen el grupo deben cumplir con las leyes y reglamentos de aquellas jurisdicciones donde opera.
La compañía asegura que, si bien cuenta con normativas internas y procedimientos establecidos para asegurar el cumplimiento de dichas leyes, entre ellas las correspondientes contra la corrupción, “no puede garantizar que esta normativa y procedimientos sean suficientes o que sus empleados no actúen infringiendo la normativa y procedimientos del grupo”.
Así, informa de que los riesgos que se derivarían del incumplimiento de las leyes contra la corrupción podrían dar lugar a sanciones financieras, resolución de contratos públicos, al daño de su reputación y a otras consecuencias que podrían afectar de forma negativa a sus negocios y a su situación financiera.
Telefónica esgrime que siempre ha contado con controles y procedimientos encaminados a la prevención de casos de corrupción que han sido implementados por distintas áreas de la compañía, como la de auditoría interna, la jurídica, la de sostenibilidad y, desde principios de 2016, la de cumplimiento, cuyo función principal consiste en preservar la integridad y prevenir la corrupción.
A partir de la política anticorrupción puesta en marcha por la compañía, se regula la inclusión de determinadas protecciones y garantías contractuales en los contratos con socios comerciales. Además, el grupo ha instaurado determinados controles y se encuentra definiendo e implementando otros adicionales, “tratándose en todo caso de ejercicios de valoración reforzada en el caso de aquellas transacciones que presentan un mayor riesgo de corrupción”.
Telefónica afirma contar, asimismo, en las jurisdicciones en las que resulta de aplicación, con un modelo específico de prevención de delitos. La compañía lleva también a cabo labores formativas en materia de responsabilidad penal y cuenta con canales de denuncias.
