Las comunidades del PP boicotean la llegada de más de 300 millones en ayudas al autoconsumo eléctrico

La inmensa mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el PP están boicoteando la llegada a sus propias regiones de más de 300 millones de euros en ayudas adicionales de los fondos europeos para el autoconsumo eléctrico a las que tienen derecho sus ciudadanos y empresas, con el argumento de que el sistema de reparto es demasiado complejo.

Los fondos corresponden a la tercera ampliación del presupuesto de estas ayudas, dotada con 500 millones, con cargo a la segunda fase del Plan de Recuperación, la conocida como adenda, que la Comisión Europea aprobó a principios de octubre. Además, hay otros 20 millones de remanente de otras convocatorias que no se han agotado.

Según fuentes del sector, de esos 500 millones extra quedan sin asignar más de 300 millones. Se trata de dinero reservado a comunidades autónomas gobernadas por el PP que no los han pedido.

Las encabezan Madrid y Andalucía, a las que les tocaban unos 80 millones para cada una. Les siguen Galicia, Castilla y León, Canarias, Aragón, Región de Murcia, Illes Balears, Extremadura, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Cantabria y Comunitat Valenciana, también con gobiernos del PP, sí han pedido fondos de esta partida extra.

El pasado viernes, Joan Groizard, director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, recordó a los responsables de energía de las comunidades autónomas que el 15 de noviembre “concluyó el plazo para la solicitud del presupuesto” de estos fondos. Solo “consta la solicitud de ampliación por parte de las comunidades autónomas de Principado de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunidad Foral de Navarra, Comunitat Valenciana y País Vasco”, indica en una carta a la que ha tenido acceso elDiario.es (puedes leerla al final de esta información).

Transcurrido ese plazo, “entendemos que el resto de las comunidades autónomas han renunciado a su parte correspondiente de la ampliación”. No obstante, para “facilitar al máximo la puesta a disposición de los fondos para la ciudadanía y el conjunto del tejido empresarial, si alguna comunidad autónoma que todavía no lo hubiera solicitado quisiera hacerlo, le rogamos que nos lo transmita a través de los cauces habituales antes del 7 de diciembre. La falta de solicitud se entenderá como renuncia”, advierte Groizard.

Estos 500 millones de fondos extra, con los que se contaba desde hace ya muchos meses, se aprobaron el pasado 23 de noviembre, tras una reunión técnica con las comunidades autónomas celebrada el 24 de octubre a la que asistieron los directores generales de Energía de las regiones.

Ya entonces, explican fuentes presentes en esa reunión, las comunidades de los populares tomaron la palabra (comenzó Andalucía) quejándose de la complejidad de la gestión de unas ayudas cuyos requisitos son similares a los de otros programas de ayudas como el MOVES del coche eléctrico, los fondos para renovables y térmicas en la industria o para rehabilitación energética, para los que esas mismas regiones sí han ido pidiendo ampliaciones.

El PP, en suma, ha planteado un cambio radical en la tramitación de los fondos cuando está a punto de cerrarse la ventanilla para pedirlos y el resto de regiones ya los han solicitado.

El bloqueo se produce en un contexto complejo para el autoconsumo. Tras el boom de 2022, la instalación en el segmento doméstico está cayendo en picado por la bajada de precios de la luz, la subida de tipos de interés y la “percepción” de que las ayudas no llegan, como dijo en septiembre la patronal sectorial UNEF, como consecuencia de la lentitud en su tramitación (en algunas comunidades se tarda más de un año en cobrarlas).

A ello se suman los retrasos en la legalización de las instalaciones, que la OCU achacaba este lunes a “trabas de las distribuidoras y de la propia Administración”. Hay incluso una investigación abierta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que afecta a Endesa.

Carta con “ideas”

El 15 de noviembre, el mismo día en que expiraba el plazo para que las comunidades autónomas solicitaran su parte del presupuesto extra, y cuando otras regiones ya habían pedido fondos, las consejeras y consejeros de las regiones gobernadas por el PP remitieron al IDAE una carta pidiendo cambios en la gestión de esos fondos.

Ese mismo día, el gobierno murciano, que según fuentes del sector es uno de los que va más rezagados en la gestión de estas ayudas, urgía al ministerio a simplificar los trámites “para que el dinero llegue lo antes posible a los beneficiarios”.

A mes y medio de la fecha límite para cerrar el ejercicio, esas regiones del PP reclamaron en esa carta que antes de repartir esos 500 millones se celebrase “una reunión de trabajo que nos permita a todas las administraciones, acometer el compromiso adquirido previamente de buscar una simplificación y reducción de trabas administrativas y burocráticas que permita superar algunas dificultades de las que tanto los beneficiarios de las ayudas como los gestores de la Administración se están encontrando y que conlleva retrasos no deseados en la tramitación y pago”.

“En el ánimo de conseguir entre todos mejorar el sistema existente”, las autonomías gobernadas por los populares apuntaron “algunas ideas”: “criterios más flexibles para que las CCAA puedan destinar los fondos a programas con alta demanda”, un sistema “de costes simplificados”, “la potenciación de la declaración responsable y la autorización del beneficiario para acceder a sus datos disponibles en la Administración española” o menos carga documental.

También reclamaron la “simplificación de la carga administrativa diseñada por el Gobierno de España derivada del Plan de medidas antifraude para la gestión de los fondos”. Este plan es una exigencia de la UE para evitar problemas de corrupción o conflictos de interés con las ayudas.

Además, pidieron eliminar “duplicidades” en el sistema que permite monitorizar el cumplimiento de los hitos del plan de recuperación. En el IDAE se hace desde hace más de dos años con una herramienta llamada Tramita. En el Ministerio de Hacienda se hace con otra llamada Coffee. Pero la información que se pide no es la misma.

En esa carta, las regiones del PP aseguraban que “superada esta primera fase necesaria e imprescindible, se abriría el proceso de reparto de los créditos existentes para conseguir que no generemos expectativas, que a día de hoy somos conscientes que con el diseño establecido, corremos el riesgo de alargar meses sin necesidad y por tanto no cumplir”.

Y reclamaron “máxima transparencia en toda la información de que se disponga en lo relativo a la Adenda” al Plan de Recuperación, “tanto en la ampliación de crédito de las ayudas” como los préstamos y “su coordinación con las CCAA para ser capaces de obtener el máximo beneficio en favor de los beneficiarios”. Asimismo, pidieron “compartir información con periodicidad trimestral sobre la evolución de los programas por CCAA”.

Andalucía, a la cola

Ese guante sí lo ha recogido Transición Ecológica. En la respuesta que remitió el viernes, Groizard anuncia que “para facilitar el seguimiento de la información a los ciudadanos, en las próximas semanas publicaremos información agrupada y detallada del estado de ejecución de cada uno de los programas de ayudas”.

Con ello, quedará clara la foto de qué comunidades están mejor y cuáles peor. Las que con mayor rapidez están transfiriendo estos fondos son Euskadi y Navarra. A la cola se sitúa Andalucía, explican fuentes del sector.

En su misiva, el responsable del ministerio recuerda a las comunidades autónomas que “desde su aprobación en 2021, los programas de ayuda dan libertad a las comunidades autónomas para aplicar las medidas de simplificación administrativa que consideren necesarias”.

Estas, indica Groizard en su escrito, “pueden simplificar, sustituir o eliminar la documentación exigible a los beneficiarios y establecer los procedimientos alternativos y/o medios electrónicos que permitan la comprobación de los extremos necesarios”.

También les recuerda que desde enero de 2021 se pueden imputar a los presupuestos transferidos a las Comunidades Autónomas los gastos de gestión relativos a estos programas de ayuda, para reforzar equipos y sistemas informáticos para la gestión de los fondos. Este importe era del 3,5% de los fondos transferidos al inicio del programa y se elevó al 5% al principio de 2023.

Groizard también indica que la posibilidad de reforzar los equipos y los recursos, y flexibilizar la gestión ha facilitado que algunas comunidades hayan resuelto ya la práctica totalidad del presupuesto disponible, según consta en la información que han ido remitiendo“.

Unos 2.000 millones

Hasta ahora el Gobierno central ha puesto a disposición cerca de 2.000 millones en ayudas al autoconsumo, incluyendo 240 millones para almacenamiento y climatización con renovables.

El primer programa se lanzó en junio de 2021 y estaba dotado con 1.320 millones. Primero se asignaron 660 millones, repartidos en función de la población de cada comunidad autónoma, que son las Administraciones que reparten los fondos a los beneficiarios finales. Agotada esa primera partida, las regiones podían pedir su ampliación hasta duplicar el importe.

Antes de la adenda aprobada por Bruselas en octubre, casi todas las regiones habían agotado ya los fondos y en junio se reasignaron otros 227 millones de otras líneas de ayuda del Plan de Recuperación que no se habían gastado. De esa cifra solo faltan por entregar 20,5 millones a Canarias, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. Para repartir estos 500 millones, el ministerio se ha basado en las peticiones recibidas y las ayudas otorgadas hasta ahora.

Cuando se lanzó el programa, se preveía la construcción de 1.850 megavatios (MW) de generación renovable y la creación de más de 25.000 empleos, entre directos e indirectos. El ministerio calcula que hasta ahora se han concedido ayudas para construir unos 2.400 MW y hay más de 5.000 MW en evaluación.