Las comunidades del PP torpedean en la justicia las medidas de vivienda pero ponen la mano para los fondos del Plan Estatal
Pocos minutos después de que las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP votaran este jueves a favor del Plan Estatal de Vivienda que busca repartir 7.000 millones para políticas de vivienda al mismo tiempo que amenazaban con llevarlo al Supremo por invasión de competencias, el alto tribunal publicaba una sentencia que tumbaba el registro único de pisos de alquiler de temporada y habitaciones por el mismo motivo: las competencias son de las comunidades. El Ministerio de Vivienda acató la sentencia, pero reivindicó la norma y acusó a los gobiernos del PP de que “les molesta más quién persigue el fraude que el fraude”. Esta no ha sido ni la primera ni la última sentencia del Supremo que frena medidas estatales en vivienda a petición del PP: ya son varios los gobiernos autonómicos que amenazan con llevar a la justicia los requisitos que impone el Plan Estatal.
La principal condición cuestionada es la obligatoriedad de que la vivienda protegida (VPO) sea indefinida en todas las viviendas que se hagan con fondos estatales. “Es inconstitucional”, decía el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, pocos minutos antes de votar a favor del plan en la conferencia intersectorial de este jueves, y amenazaba con llevarlo al Supremo. De hecho, la inconstitucionalidad de que el Gobierno imponga la vivienda protegida para siempre la determinó el alto tribunal tras un recurso de la comunidad en Andalucía en 2024 y la sentencia impidió que esta condición estuviera en la Ley de Vivienda. Pero fuentes del Ministerio advierten que esto es diferente, porque “no se impone a las comunidades que hagan su vivienda protegida indefinida, sino que tan solo aplica a las que se hagan con los fondos estatales”. El Supremo, cuando llegue el recurso, tendrá la última palabra.
Pero el recurso de la Comunidad de Madrid puede no ser el único que llegue al Supremo. La comunidad de Murcia también estudia un recurso ante la justicia y, a preguntas de elDiario.es, también la Junta de Extremadura reconoce que “está estudiando jurídicamente si varias de las medidas incluidas en el plan invaden competencias autonómicas”. Más allá de la vivienda protegida indefinida, el Plan Estatal pone como requisito compartir datos en tiempo real de los precios de los alquileres, algo posible sobre todo en aquellas que recogen las fianzas de los contratos. Lo que pasa es que Andalucía, Extremadura y Murcia ya no recaudan la fianza y permiten a arrendadores y arrendatarios que lo gestionen por ellos mismos.
El problema de los datos públicos de alquiler
“Los datos de los que dispone Extremadura sobre alquileres son estimatorios”, reconocen fuentes de la Junta de Extremadura, que admiten que el requisito de publicar datos oficiales también está siendo estudiado para llevarlo al Supremo. El ejecutivo de Murcia, que tampoco recauda fianzas, asegura que “se ha planteado esta cuestión al Ministerio en diferentes ocasiones y nos han trasladado que en las diferentes comisiones bilaterales se podrán acordar fórmulas para comunicar estos datos”. La forma en que se consigan los datos puede ser otra fuente de tensión para tirar adelante el Plan Estatal.
La sentencia del Supremo sobre el registro único, con todo, avala al Gobierno, ya que aunque tumba el registro único sí que reconoce la competencia estatal de recabar datos de las comunidades, en ese caso sobre los alquileres turísticos y de temporada.
Paradójicamente, la guerra está servida ante el primer gran consenso en vivienda entre PSOE y PP. Una mano la ponen los gobiernos populares para recibir los fondos estatales y la otra la utilizarán para, de nuevo, poner trabas judiciales a los requisitos que pone el estatal.
También afean los populares al Gobierno que exigen a las comunidades multiplicar por seis su aportación de fondos mientras ellos solo la duplican, resultado de la financiación conjunta de los planes que prevén un 60% de aportación estatal y un 40% autonómica. Juntos sumarán 7.000 millones hasta 2030, de los cuales un 40% serán para construcción de vivienda nueva, unos 2.800 millones, mientras que un 30% irán a la rehabilitación y otro 30% a ayudas como el incentivo a propietarios para poner pisos en alquiler asequible, la movilización de vivienda en zonas rurales o las subvenciones a las entradas de hipotecas destinadas a primera vivienda.
El plan contempla ayudas a la industrialización de vivienda para hacerla más sostenible y agilizar su construcción, financiación de vivienda pública para promotores privados, ayudas para urbanizar suelos que incorporen al menos un 40% de vivienda protegida y sumas específicas para constructores en zonas tensionadas. Las comunidades contarán con ayuda estatal para comprar vivienda a particulares y ponerlos en alquiler. También contempla ayudas a personas vulnerables y a mujeres víctimas de violencia de género.
Más allá del Plan Estatal, la tensión por las competencias de vivienda es habitual. Ha impedido que se pueda aplicar el tope a los precios del alquiler en la mayoría de comunidades y en todas las que lidera el PP. En el congreso, el partido de derechas tampoco da apoyo a ninguna de las medidas que se presentan, lo cual sumado al boicot generalizado de Junts hizo que se tumbara la prórroga extraordinaria a los contratos del alquiler y que estén en el cajón medidas como la limitación de compra a los grandes fondos y la subida de impuestos a socimis o la regulación de los pisos de temporada y habitaciones, que sirven a los caseros para burlar la ley.