El Congreso plantea “paralizar” la mina de uranio de Salamanca y aclarar ya el futuro del almacén nuclear
“Paralizar el proyecto de construir una mina de uranio en Retortillo (Salamanca)” presentado por la empresa australiana Berkeley e instar al Gobierno o “clarificar, en un periodo máximo de tres meses, la situación relativa al proyecto de construcción” del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas “y su calendario de ejecución”.
Son algunas de las propuestas de resolución que ha elaborado la Ponencia del Congreso que fiscaliza la actividad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y que, de salir adelante, van a suponer un considerable rapapolvo a las políticas del Gobierno en materia nuclear.
Entre las 64 propuestas de resoluciones que, a puerta cerrada, han negociado los miembros de la Ponencia sobre el Informe de las actividades realizadas por el CSN durante el año 2016 figura “la necesidad de aprobar, con carácter urgente” la actualización del Plan General de Residuos Radiactivos “sobre la base de un calendario progresivo de cierre de las centrales y de una dotación económica que garantice los costes de dicho cierre y del tratamiento de los residuos radiactivos”.
El plan deberá sustituir al vigente plan de residuos, que data de 2006. Cabe recordar que el Gobierno se opone a ese cierre progresivo de reactores y que recientemente Bruselas abrió expediente de infracción a España por no aplicar correctamente las directivas europeas en materia de residuos nucleares.
El documento recoge las propuestas que acaba de aprobar por mayoría la ponencia y todavía debe ser ratificado por la Comisión de Energía del Congreso en una reunión prevista, en principio, para el próximo 13 de junio, aunque la moción de censura de Pedro Sánchez puede alterar el calendario. El diputado de Podemos (Equo) Juantxo López de Uralde confía en que las resoluciones (entre la que está la relativa a Retortillo, que él mismo ha impulsado) salgan adelante.
Varias propuestas (como la de Retortillo) han contado con el rechazo del PP, que entiende, según su representante Guillermo Mariscal, que algunas de ellas “deberían plasmarse a través de iniciativas legislativas” y no a través de este cauce, que busca “reclamar mejoras a la actividad del CSN”.
En el documento se “insta al Gobierno a garantizar que Enresa siga siendo la responsable de llevar a cabo tanto la gestión de los residuos radiactivos como el desmantelamiento y clausura de las centrales”. En lo relativo al ATC, se urge al Ejecutivo y al CSN “a terminar y analizar, en el plazo más breve posible, el análisis de la instalación”, que lleva años empantanada en los tribunales y ni siquiera ha empezado a construirse. El CSN todavía debe pronunciarse sobre las autorizaciones de construcción y la de explotación que debe expedir el Ministerio de Energía. Medio Ambiente todavía no ha dado su visto bueno a la declaración de impacto.
Así, al regulador atómico se le urge “a explicar pormenorizadamente el estado actual de la evaluación de la solicitud de la autorización de construcción” y a constituir “una comisión asesora técnica externa para supervisar el proceso de la solicitud de autorización de construcción”. Esa comisión “deberá entrar en funcionamiento antes de julio de 2018”.
En materia de residuos, los diputados instan a “elaborar un plan de desmantelamiento de las centrales nucleares, y en particular para Garoña por su cierre definitivo”.
Al Ejecutivo, se le exhorta “a impedir que Garoña se convierta en un centro de alojamiento permanente de residuos” y a “impulsar las modificaciones legislativas necesarias para establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamiento de las centrales nucleares” que contemple, entre otras medidas, “una correcta estimación de los costes”, “garantizar el equilibrio intergeneracional” y que el fondo del que dispone Enresa para ese fin cuente con “una provisión suficiente”.
En lo relativo al funcionamiento del CSN, los diputados reclaman “no prorrogar en ningún caso el mandato del actual y reprobado” presidente, Fernando Marti, que expira el 28 de diciembre; “actualizar la forma de elección del Presidente y los Consejeros” y que sus directores técnicos “sean elegidos de modo colegiado y con las mismas garantías de independencia que exigibles a un consejero”.
También se reclama al regulador nuclear que aplique el Código Ético que ya tiene aprobado, “implementar un Plan de Transparencia”, otro de Igualdad y una “regulación interna sobre incompatibilidades”; un procedimiento “claro y transparente de gestión de discrepancias”; y remitir un informe bimestral “detallado” al Congreso “de todos los viajes internacionales realizados por los miembros del Pleno, especificando el destino, así como su cuantía económica exacta, incluyendo a los acompañantes y los objetivos logrados en cada viaje” .
Además, se incluye una “cuestión fundamental para asegurar la independencia del CSN”: la “limitación del número de puestos de libre designación”, que en estos momentos suponen “más de un tercio de la plantilla”, con “criterios claros y transparentes” para estos puestos “basados en los principios de mérito y capacidad, para distinguirlos de los puestos de confianza”.
