La verdadera “crisis migratoria” es laboral

Como ocurrió con la crítica al genocidio en Palestina, el Gobierno de España se ha convertido también en un icono internacional debido a su política migratoria. En tiempos en los que los gobiernos occidentales están aprobando duras políticas de restricción de los flujos migratorios, el gobierno de coalición ha anunciado la regularización de aproximadamente 500.000 inmigrantes irregulares. La cuestión se ha internacionalizado en prensa porque es un movimiento que va a contramano de la política dominante y coincide con el momento más duro de la represión anti-migratoria de Estados Unidos en las últimas décadas.

El debate consecuente tiende a polarizarse entre quienes consideran que las fronteras deberían estar abiertas porque todas las personas tenemos los mismos derechos naturales o porque los inmigrantes proporcionan un beneficio a las economías, y quienes consideran que los flujos migratorios deben restringirse porque perjudican económicamente a ciertos grupos sociales nativos, porque promueven la inestabilidad política y social, porque amenazan las conquistas sociales del Estado del Bienestar o, sencillamente, por razones fundadas en la xenofobia y el racismo. Pero todas estas interpretaciones soslayan un aspecto fundamental de la cuestión, más incómodo y rara vez explicitado: el papel que la migración juega en la dinámica capitalista como mano de obra barata.

Las migraciones en perspectiva histórica

Empecemos por lo básico: la mayoría de las personas no quieren emigrar, y cuando lo hacen es porque están empujadas por circunstancias políticas, sociales, ecológicas o económicas. Pero no tienden a “aterrizar” en cualquier lado, sino que se dirigen casi en su totalidad hacia donde existe demanda de mano de obra. Es decir, es la lógica capitalista la que condiciona de manera importante los flujos migratorios.

No por casualidad las primeras grandes migraciones de la economía-mundo, a partir del siglo XVI, tomaron la forma de trabajo esclavo o contratos de servidumbre. No menos de 12 millones de africanos fueron arrancados de sus tierras —más del 8% en embarcaciones españolas— para convertirse en mano de obra esclava en las plantaciones coloniales, fundamentalmente en América. Como he explicado con más detalle en La guerra por la energía: Poder, imperios y crisis ecológica, aquel trabajo forzado constituyó el elemento central que durante los siglos siguientes garantizaría un flujo de bienes de consumo baratos hacia los países coloniales. El resultado fue la instauración de un modo imperial de vida del que se benefició el conjunto de países occidentales, que accedían así a calorías, ropa y otros productos mucho más baratos. O, dicho de otra forma, los países occidentales se beneficiaban de un salario real más alto del que hubiera existido en ausencia de aquella explotación de carácter imperialista.

Ya desde el comienzo, con aquellas primeras industrias capitalistas que fueron las plantaciones esclavistas —que se anticiparon varios siglos al arquetipo de fábrica de producción estandarizada y con trabajo altamente supervisado—, se ponía de relieve que la expansión de la demanda de mano de obra ha sido un factor estructural central en la activación y canalización de los movimientos migratorios. Incluso en lugares donde inicialmente se había recurrido a la población indígena o a la población blanca, como en las minas del Potosí o en las colonias británicas de Norteamérica, esa oferta no fue suficiente para satisfacer la demanda tan elevada de mano de obra, lo que empujó a los mercaderes y capitalistas a recurrir crecientemente a los esclavos africanos.

Ya en el siglo XIX, y gracias al abaratamiento de los pasajes transatlánticos, se produjeron nuevos extraordinarios movimientos de personas. Se ha calculado que entre mediados de siglo y hasta la primera guerra mundial se dirigieron hacia el Nuevo Mundo —sobre todo Estados Unidos, Argentina, Brasil y Australia— más de 55 millones de europeos. Esta mano de obra entrante, mucho más barata que la nativa, fue determinante para el ascenso e industrialización de los países americanos, particularmente de Estados Unidos. Cabe recordar que, hasta el período de entreguerras, los controles a la movilidad internacional eran significativamente más laxos que en la actualidad, aunque estaban atravesados por jerarquías coloniales y raciales.

Tras las dos Guerras Mundiales, los flujos migratorios se volvieron más controlados e institucionalizados. Aun así, los países europeos recuperaron sus economías gracias a la mano de obra barata que proporcionaba la inmigración, que se atraía a través de programas estatales, pero también de los irregulares que llegaban desde países más pobres —en menos de veinte años Alemania recibió unos 14 millones de trabajadores en régimen de rotación, no pocos de ellos españoles—. En la época neoliberal los flujos migratorios se mantuvieron impulsados por la demanda de mano de obra, pero no sólo en Europa: en algunos países del Golfo Pérsico la mano de obra migrante representa actualmente más del 50% de la población, que es atraída a través del sistema kafala que vincula legalmente a los más de veinte millones de trabajadores a sus empleadores —el trabajador no puede salir del país sin permiso ni cambiar de puesto de trabajo, y pierde el derecho de residencia al perder el empleo—.

A este patrón migratorio histórico se suma hoy la crisis ecológica global. La degradación de suelos, el estrés hídrico, los impactos climáticos y la pérdida de medios de vida rurales actúan como multiplicación de las dinámicas de expulsión, especialmente en las periferias del sistema mundial. Pero, de nuevo, es la estructura productiva de las economías receptoras la que determina en qué condiciones esas personas son incorporadas al mercado de trabajo.

Precariedad y explotación migrante

Así, en esta dinámica capitalista en la que el ser humano es reducido a un recurso explotable —como la propia naturaleza—, existe una demanda estructural de mano de obra por parte de las economías más industrializadas. La inmensa mayoría de los inmigrantes llegan a los países de destino para cubrir actividades de bajo valor añadido, tales como la construcción, limpieza, seguridad, hostelería, reparto y trabajos de cuidados. De hecho, el bienestar de las poblaciones occidentales sería impensable sin la existencia de esta economía del cuidado migrante, cuyas condiciones de trabajo son altamente precarias y vulnerables, especialmente cuando se realizan en condiciones de irregularidad administrativa.

Los migrantes procedentes de países más pobres aceptan condiciones de trabajo peores que los nativos porque su posición jurídica y social debilita su poder de negociación colectiva, facilitando salarios más bajos, mayor flexibilidad forzada y menores costes de despido para el empleador. Esto produce una segmentación del mercado, lo que tiene consecuencias socioeconómicas de gran magnitud. En España, por ejemplo, la tasa de riesgo de pobreza de los nacidos en el extranjero es del 44% frente al 19% de los nacidos en el país.

Como flujo funcional al beneficio capitalista, el grifo de la migración es abierto y cerrado en función de las necesidades del capital. Cuando los migrantes son canalizados dentro de programas públicos o públicos-privados, en el momento bajo del ciclo económico se les devuelve a sus países de procedencia —un recurso barato estrictamente de “usar y tirar”—, pero cuando se trata de movimientos no canalizados son las políticas de migración las que funcionan como una válvula que se abre y cierra. Las redadas y las deportaciones se multiplican cuando el recurso ya no aparece como necesario para las necesidades estructurales del sistema.

La condición de irregularidad en la que recaen los inmigrantes los hace especialmente vulnerables. Al fin y al cabo, la amenaza de deportabilidad es también una forma adicional de disciplinar la mano de obra, facilitando su explotación y abuso por parte de los empleadores. En Estados Unidos, por ejemplo, se estima que hay casi 10 millones de inmigrantes irregulares, con una fuerte concentración en la construcción, la restauración y la agricultura. Todas esas personas reciben ingresos, consumen y pagan impuestos—hasta 90.000 millones anuales, según el American Inmigration Council—, pero carecen de derechos políticos y tienen que asumir las condiciones laborales que les impongan sus empleadores.

Es aquí donde la propuesta del Gobierno de Sánchez gana enteros, porque tiene un carácter moral y pragmático al mismo tiempo: se trata de reconocer derechos a personas que ya viven y trabajan en nuestras comunidades, y por lo tanto les permiten protegerse frente a los abusos. Pero al mismo tiempo, el análisis se queda corto si se limita a la pretensión de regularizar a todo el mundo, pues corre el riesgo de ocultar las condiciones de superexplotación de los inmigrantes y de perpetuar el racismo estructural que se deriva de esa dualidad laboral. Sin una política laboral activa -refuerzo sustancial de la inspección de Trabajo, persecución de la subcontratación fraudulenta, extensión real de la negociación colectiva, sanciones efectivas a los empleadores que se benefician de la irregularidad y garantías de acceso a la sindicación- la regularización puede convertirse en una medida necesaria pero insuficiente.

Solidaridad de clase

Una perspectiva más aguda debería evitar mistificar la procedencia de los bienes y servicios que se consumen en un país y que forman el centro del bienestar material de las sociedades contemporáneas. Hoy, como ocurre desde el siglo XVI, una parte considerable de nuestro consumo-bienestar es barato porque se produce una explotación de recursos naturales y de personas tanto en la economía-mundo como en el interior de nuestras comunidades. De la misma manera que nuestra ropa es relativamente barata porque hay trabajadores explotados en las periferias de la economía-mundo, parte de nuestro sistema alimentario y de cuidados se sostiene en la superexplotación de personas migrantes a nivel nacional.

La competencia entre trabajadores no es un resultado natural de la inmigración, sino de la desigualdad de derechos. Allí donde una parte de la fuerza de trabajo carece de estabilidad jurídica, de protección sindical efectiva y de capacidad real para denunciar abusos, se genera una presión a la baja sobre salarios y condiciones que termina afectando al conjunto de la clase trabajadora. La clave no es, por tanto, reducir la inmigración, sino reducir la segmentación institucional del mercado de trabajo.

Frente a los discursos que presentan la inmigración como una amenaza directa para los trabajadores nativos -una narrativa hoy promovida tanto por la extrema derecha como por sectores que se reclaman de izquierdas-, este escenario abre la oportunidad de tejer alianzas pro-trabajo que busquen mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora en su conjunto y dentro de los límites del planeta. Y aquí tanto el sindicalismo como el gobierno de coalición han dado pasos muy importantes, no sólo regularizando migrantes y subiendo el salario mínimo sino también persiguiendo la explotación laboral que se produce en los sectores de la economía informal. En última instancia, la cuestión migratoria no es un problema de fronteras, sino de organización social del trabajo en un capitalismo que consume y agota a las personas y al planeta.