La derecha copa los cargos del nuevo regulador que debe vigilar la competencia entre empresas
Diez personas de confianza del ámbito conservador serán las encargadas de supervisar que se cumpla la libre competencia en España. Este es el resultado de la enconada oposición del PSOE a la aprobación del nuevo superregulador financiero, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) que fusiona en una sola entidad a los siete organismos encargados hasta ahora de velar por la competencia entre empresas.
El nuevo regulador reduce el número de consejeros de 50 a 10, lo que según el Gobierno está en línea de las políticas de austeridad. El Gobierno propuso a las tres principales fuerzas políticas de la oposición, PSOE, CiU y PNV, nombrar a personas de su confianza para formar el consejo. Al PSOE le hubieran tocado dos, lo que hubiera dejado al PP con seis puestos. Sin embargo, el partido socialista ha rechazado proponer a dos consejeros porque no quiere participar de ninguna forma en este nuevo organismo, según explicó Valeriano Gómez, portavoz de Economía en el Congreso, a eldiario.es.
El PSOE ha rechazado desde el principio la fusión de los reguladores (los tres más conocidos eran los dedicados a las telecomunicaciones, CMT, a la energía, CNE, y a vigilar la concertación de precios, CNC) y Gómez cree que esta decisión es coherente con esta vehemente oposición. El exministro de Trabajo asegura que si el PSOE llega al Gobierno, esta será una de las primeras leyes que derogará.
Así las cosas, y ante el rechazo del PSOE de nombrar a dos representantes, los diez consejeros son personas de confianza de tres partidos conservadores, PP, CiU y PNV. Pero, es más, tres de ellos trabajaban hasta ahora directamente en el Gobierno. Destaca el nombramiento de María Fernández Pérez, una joven funcionaria que estaba a las órdenes de Álvaro Nadal en la Oficina Económica y era la encargada de preparar las reuniones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, es decir, la cocina de la política económica del Ejecutivo.
Otras dos mujeres han sido designadas tras trabajar directamente en el Ejecutivo. Son María Ortiz y Clotilde de la Higuera. Ambas desempeñaban cargos en el Ministerio de Economía en el área de regulación y competencia. Las dos funcionarias son de la confianza de De Guindos, el ministro del ramo que también ostentó cargos en la dirección de Competencia.
La nominación de estas tres funcionarias se ha llevado el único veto realizado el miércoles en la Comisión de Economía del Congreso encargada de apoyar o no a estos diez consejeros. UPyD fue la formación que formuló el veto al entender que estas tres consejeras comprometían la pretendida independencia del poder ejecutivo que se le presupone al nuevo regulador.
Los diez candidatos salieron elegidos al contar con el apoyo de PP, CiU y PNV. Izquierda Unida e ICV no participaron en la Comisión al haber sido “ninguneadas” en el proceso de negociación. Cayo Lara asegura que en ningún momento se les consultó ni se les pidió que sugirieran nombres para el organismo. Finalmente, PSOE y UPyD se abstuvieron en la votación general sobre conflictos de interés de estos nombramientos.
Traje a medida
El diseño de la CNMC es un traje prácticamente a medida que se ha hecho el ministro Luis de Guindos para rebajar al mínimo la regulación del mercado. Hasta ahora, el nombramiento de los organismos reguladores se hacía de forma colegiada con los ministros implicados en los sectores a supervisar. Sin embargo, en esta ocasión De Guindos ha podido nombrar a su gente de confianza y solo ha tenido que pactar con Nadal otros nombramientos. Además de Fernández, Diego Rodríguez y Benigno Valdés son, según publicó ayer El Confidencial, los nombres que ha propuesto Nadal. Durante la comparecencia en el Congreso, Fernández, visiblemente nerviosa, intentó defenderse de las acusaciones de dependencia de sus hasta ahora jefes.
Aunque los mandatos serán de seis años, al arrancar el organismo se ha tenido que hacer una carambola para que los diez no convivan durante todo el periodo y presuponer así cierta independencia del Gobierno de turno. Se sorteará quiénes estarán dos años en el cargo, quiénes cuatro y quiénes seis, con el fin de comenzar la alternancia necesaria en el pleno del organismo.
El liviano chasis del nuevo organismo obliga a que los diez consejeros sepan tanto de regulación como de derecho de la competencia, algo prácticamente imposible y que ha sido uno de los puntos más discutidos por parte de los expertos. Los diez se repartirán en dos salas, una de regulación y otra de competencia, en las que se irán rotando para favorecer, según defiende el Gobierno, su independencia.
El pleno del organismo, esto es, los diez consejeros y las dos salas, solo se reunirá “en caso de graves discrepancias” que se votarán en pleno. En caso de que no haya acuerdo, queda claro que la discrepancia se salvará con la opinión del presidente del organismo.
Desde Cepsa al regulador
Este voto de calidad ha quedado en manos de José María Marín Quemada. Catedrático y consejero del Banco de España desde 2005 en representación del PP (precisamente durante los peores momentos de la burbuja de crédito), a Marín se le presupone como de estrecha relación con Luis de Guindos. Aunque su carrera más reciente está ligada al mundo académico, antes trabajó para Cepsa, la compañía petrolera. Precisamente, la actual CNC está inmersa en un proceso de investigación sobre la subida del precio de la gasolina los viernes. Marín deberá decidir si expedienta o no a la compañía donde realizó su labor durante 25 años. Un dato que no se encuentra en la referencia del Consejo de Ministros que anunció su nombramiento.
El sector da por hecho que con el nuevo organismo la vigilancia de la competencia caerá por los suelos. De hecho, los chascarrillos en los despachos de abogados especializados en este tipo de asuntos legales pivotan alrededor de que se les acabará el “negocio”, porque prácticamente no habrá expedientes o multas a las empresas por falta de competencia.
Las principales ganadoras son las empresas monopolísticas. Precisamente, el órgano nace con la escandalosa sospecha de estar dictado, directamente, por los designios de Telefónica. Según publicaron diversos medios el año pasado, el anteproyecto del regulador tenía frases “idénticas” a una propuesta que la consultora PriveWaterHouseCoopers había elaborado para la operadora española sobre el nuevo órgano regulador que necesitaba España. Luis de Guindos trabajó como asesor en la consultora estadounidense después de dejar el Ministerio de Economía con Rato.
