El comité dice que si Alcoa puede cuestionar al Estado es una “república bananera”

Lugo, 28 sep (EFE).- El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, ha asegurado, después de la reunión de la Mesa Multilateral en la que la multinacional ha comunicado el fracaso de las negociaciones para vender la planta, que si se le permite a una empresa “poner en tela de juicio el estado de derecho” español, seremos “una república bananera”.

Zan ha indicado en declaraciones a la prensa que una multinacional no puede “poner de rodillas al Gobierno y a la Xunta”, que tienen que “levantarse y decirle a Alcoa que basta ya”.

En la reunión de la mesa multilateral, ha proseguido, ha quedado clara la “mala fe” de Alcoa. “Se ha levantado de la mesa sin acabar el plazo y sin ni tan siquiera responder a la última propuesta que hizo el Gobierno a través de la SEPI para comprar la empresa”, ha esgrimido el presidente del comité de empresa.

“No podemos entender que se esté poniendo en tela de juicio el estado de derecho”, ha añadido Zan, quien opina que “el problema ya no es que este país deje de fabricar aluminio primario o que este país pierda una parte estratégica, dado que el día 30 marzo se dijo que la producción de aluminio en San Cibrao era un servicio ”esencial“ y ”no podía parar por el Covid-19“.

El principal problema es, ha agregado el presidente del comité de empresa, que “estamos poniendo en tela de juicio el estado de derecho”, porque “cuando una multinacional pone de rodillas al Gobierno y a la Xunta, estamos poniendo en tela de juicio al país”.

Por ello, opina que “tienen que levantarse y decirle a Alcoa que basta ya”.

“Esperamos que sea verdad lo que están diciendo” ambas administraciones, ha manifestado, porque “los trabajadores vamos a ir hasta el final y esperamos tener ese apoyo”, porque “el secretario de Industria dijo que no se pararían ni un minuto las cubas” de electrolisis.

En la misma línea, ha insistido en que “no se puede permitir que una multinacional juegue con toda una comarca, cree un problema social dramático y vuelva al año 1970 a toda la provincia de Lugo, a toda Galicia y a toda España”.

“Aparte de los puestos de trabajo de toda A Mariña lucense, depende también la parte de transformación del aluminio. Depende este país, porque necesita aluminio para fabricar coches. Dependemos todos. No se puede permitir que venga aquí una multinacional y, desde Pittsburgh, decida acabar con la industria de un país”.

“Esta empresa era de la SEPI y se la vendió a Alcoa. Ahora Alcoa no tiene derecho a quitarle a España lo que España ha construido. Recordamos que fueron expropiados los terrenos para hacer esa empresa y fueron invertidos muchos miles de millones para construir la fábrica”, ha recordado.

Zan ha insistido en que si se le permite a Alcoa que ponga en “tela de juicio” el estado de derecho, seremos una “república bananera”.

“Hasta aquí hemos llegado. No se pueden parar las cubas, no se puede parar la producción. Apoyaremos hasta la muerte a los dos ministerios y a la Xunta. No vamos a permitir que esta empresa acabe con la industria del aluminio en este país”, ha concluido.

Alcoa vendió el año pasado al fondo suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y A Coruña, después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos factorías, que justificó por los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer fuertes inversiones en las plantas y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.

Pero Parter Capital no tardó en deshacerse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica.

El grupo garantizó en principio el mantenimiento del empleo y anunció una inversión de 250 millones en cinco años en las instalaciones, pero las dudas sobre que Riesgo tenga un plan industrial provocó las protestas de los trabajadores, que han pedido al Gobierno central que las intervenga.