El juez Eloy Velasco lamenta la falta de medios para luchar contra la delincuencia económica
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, primer instructor de los casos de corrupción Lezo y Púnica, ha lamentado este miércoles la falta de medios de la justicia para luchar contra la delincuencia económica.
“Los plazos se alargan y los jueces somos lentos porque no tenemos inversiones. Si tuviéramos gente, maquinas que nos ayudaran, las investigaciones serían más cortas y resolveríamos antes”. “No hay dinero, pues no hay justicia. Hay la justicia que el dinero que se invierte en ella es capaz de dar” y gracias al “mucho esfuerzo por parte de los jueces que con muy pocas herramientas no dan los plazos que quisiéramos dar”, ha señalado a la prensa tras intervenir en la jornada ‘Risk Revealed’ sobre delitos financieros, organizada en Madrid por Refinitiv.
Preguntado por si se está encontrando la Audiencia Nacional suficiente colaboración de las grandes empresas que actualmente tienen abiertos procedimientos penales en esa instancia, Velasco ha criticado la polémica reforma legal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy para acortar los plazos de instrucción de los procedimiento penales y, sin citarlo expresamente, ha mandado un recado al BBVA, imputado en el caso Villarejo.
“Hubo una reforma hace poco de la ley de enjuiciamiento criminal que dice que todo juez tiene que acabar una investigación en seis meses. Y para una que está haciendo un banco, que tiene 20.000 veces más personal que cualquier juez y que tiene 20.000 veces más ayudas que cualquier juez, ha pasado un año y todavía no ha hecho una sola investigación”.
El magistrado ha calificado de “feo” que a los jueces, que llevan además de esa investigación “otras 40 o 50 tan complicadas como esa”, se les exija un plazo para acabar las mismas.
Velasco ha recordado que, tras la reforma del Código Penal que en 2010 contempla la posibilidad de imputar a las personas jurídicas, la inmensa mayoría de las condenas penales a sociedades mercantiles han recaído sobre pymes.
Si es “raro” que lleguen casos de grandes compañías a los juzgados es “porque ellas sí que tienen implementadas políticas de prevención y tienen áreas de Compliance que lo tratan de evitar” y por el elevado peso de las pequeñas y medianas compañías en el tejido empresarial español.
“Lo que está llegando a los tribunales son empresas pequeñas que no tienen gente especialmente dedicada a esto y que ni siquiera buscan un asesor externo”, y “muchas” de las sociedades condenadas “en breve plazo dejan de existir porque no pueden soportar las multas o las infracciones que se pueden poner desde un juzgado”.
“Para nosotros es complicado como jueces porque muchas veces tenemos que intentar sancionar a la empresa sin acabar con los puestos de trabajo porque los trabajadores no tienen la culpa de lo que puedan hacer algunos de los directivos. Porque hemos comprobado, y esto es estadística pura, que en el 90 y pico por ciento de los casos” el responsable de la acción criminal “es el directivo, no el trabajador”.
