España se dirige a un sonoro y doloroso suspenso en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Como el resto de países europeos, hace diez años adquirió el compromiso de reducir la población que enfrenta esta enorme precariedad en la Estrategia Europea 2020, pero no solo no ha alcanzado la meta fijada sino que ha empeorado su situación desde el punto de partida. España tenía que reducir en 1,5 millones las personas en riesgo de pobreza y exclusión este año respecto a los niveles de 2008, pero en lugar de eso nos hemos adentrado en 2020 con un millón más de personas en esta situación. “Alcanzar esta cifra a lo largo de este año es ya imposible, incluso sin tener en cuenta las enormes consecuencias económico-sociales que tendrá la pandemia de la COVID-19”, advierten el último informe anual de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).
El “fracaso sin paliativos” en este compromiso internacional ha sido una crónica anunciada en los últimos años, pero la coalición de organizaciones sociales lo certifican ya en su último balance anual sobre el estado de la pobreza en España. En términos absolutos, el año 2008 había unos 10,87 millones de personas en AROPE y en 2019, último año con datos oficiales cerrados al respecto, hay 11,87 millones de personas, destaca el estudio, dirigido por Juan Carlos Llano Ortiz.
“Y no nos queremos imaginar qué ocurrirá con la COVID”, ha advertido el presidente de la EAPN en España y Europa, Carlos Susías. La organización considera que aún es pronto para conocer cuál será el aumento de la pobreza a propósito de la pandemia y, aunque destacan que las medidas sociales para enfrentar esta nueva crisis son “muy distintas” a las de la pasada recesión, dan por hecho que habrá un incremento dado el descalabro económico a causa del coronavirus. Así lo atestiguan ya las ONG con el gran aumento de personas que ha tenido que pedir ayuda en esta crisis, para comer y atender otros gastos esenciales.
España va a suspender tras seis años de crecimiento económico, algo que subrayan en las organizaciones sociales: que aumente el PIB, el empleo y que se reduzca el paro no acaba por sí solo con la pobreza. Hace y hacía falta más, destacan en la EAPN, unas políticas públicas de protección social que España no ha implementado en los años de mejoría económica. El país está a un millón de personas en pobreza y exclusión respecto al punto de partida de 2008, al inicio de la pasada crisis financiera, a las que hay que sumar el otro millón y medio que el país se comprometió a sacar de esta situación de gran vulnerabilidad. Dos millones y medio de personas en pobreza y exclusión (que se miden según el indicador AROPE) respecto al compromiso suscrito en la UE.
Los datos de 2019 “indican con meridiana claridad que España no consiguió mejorar con respecto al año 2008 ninguno de los indicadores que se propusieron para su evaluación. Así, el indicador AROPE se incrementó en un 6,3% y todos sus componentes también lo hicieron: la tasa de riesgo de pobreza en un 4,5%, la privación material severa en un 30,6% y la baja intensidad del empleo en el hogar en un 63,6%.
El responsable del estudio ha destacado que España incumplirá “otro objetivo que no suele mencionar mucho”, en la meta específica de reducción de la pobreza infantil. “En 2008, era del 27% y se marcó el objetivo de reducirla al 23%. Ahora estamos en el 27,4%, unas décimas más”, ha añadido.
Más pobres y en situación más precaria
El responsable del estudio ha destacado además que estos datos no muestran del todo el empeoramiento que ha vivido la población con menos recursos en España, que ha sido más intenso. Si se tiene en cuenta la evolución de la renta de la población desde 2008 y el incremento de los precios, la evolución del IPC, “todos los grupos de población han perdido capacidad de consumo desde 2008 y los que más, los grupos de población más pobre”, ha destacado Llano Ortiz, con una caída media del 10% en el poder adquisitivo del cuartil de población con menos ingresos (resulta de dividir a la población en cuatro grupos según su renta), mientras que el cuartil más rico lo ha reducido en algo menos de un 4%.
Lo mismo ocurre al valorar la tasa de pobreza, las personas que viven con menos del 60% de la renta mediana del país, si se fija el umbral de pobreza de 2008. La pobreza en Europa se mide en términos de desigualdad: qué personas viven con recursos reducidos en relación al nivel de renta de la sociedad que les rodea. Así, el umbral que define quiénes están en pobreza se mueve en función de la evolución de la renta de la población y este ha ido incrementando en los últimos años.
La EAPN comprueba qué ocurre si miramos el umbral que definía la pobreza en 2008, actualizado con la evolución de los precios en estos años: la tasa de pobreza en lugar de situarse en el 20,7% oficial en 2019, con una de cada cinco personas en riesgo de pobreza, asciende al 23,8%. “La diferencia con la tasa oficial que, en este caso, es de 3,1 puntos porcentuales, refleja a las personas pobres que desaparecen: todas aquellas que, sin modificación de sus condiciones de vida, dejan de contabilizarse como pobres por exclusivo efecto de la metodología de cálculo del indicador”, destaca el estudio. La pobreza severa, aquellas personas que viven con ingresos por debajo del 40% de la renta mediana, aumenta al 10,2% con esta fórmula de cálculo, respecto al 9,2% oficial.
Además, en este panorama general de datos medios hay colectivos que se han descolgado y afrontan una situación mucho más precaria que la que tenían antes de la crisis. Un ejemplo claro son las personas desempleadas, con una tasa de pobreza monetaria del 31,3% en 2008, que ha escalado hasta el 43,3% en 2019. También en las familias monoparentales, en las que un solo adulto se hace cargo de uno o más niños, con una tasa de pobreza que en 2008 era del 36,8% y el año pasado alcanzaba el 41,1%. En general, los niños son “un factor de riesgo de pobreza” en España, ya que todos los hogares con menores a cargo afrontan peores índices de pobreza y exclusión que aquellos sin ellos.
Las mujeres registran en general mayores índices de pobreza y exclusión que los hombres, con un sesgo de género “estructural” que las sitúa en una mayor vulnerabilidad de la mano de una mayor precariedad en el mercado de trabajo y una mayor responsabilidad en los cuidados familiares. En la actualidad, “hay 640.000 mujeres en riesgo de pobreza y exlcusión más que hombres”, ha destacado Llano Ortiz.
El fracaso tiene responsables
Este estrepitoso suspenso, el incremento de las cifras de pobreza, tiene explicación y también responsables. Tanto en el Gobierno central como en las Comunidades Autónomas, que son las que tienen la competencia de protección e inclusión social. “España es uno de los países más ricos del mundo, no podemos tener un sistema de protección social como si no lo fuésemos”, ha condenado Carlos Susías.
La EAPN señala las políticas de austeridad aplicadas durante la pasada crisis y mantenidas en los años de recuperación económica, con una limitada inversión en recursos públicos y políticas sociales que en muchos casos no han recuperado los niveles previos a la crisis. La plataforma también lo explica por el deterioro del empleo, de peor calidad y que ya no garantiza en muchos casos salir de situaciones de vulnerabilidad económica, y por la falta de políticas concretas contra la pobreza, como es el nivel ingreso mínimo vital a nivel estatal, que la EAPN ha celebrado pero ha recordado que está focalizado en la pobreza más aguda y no logrará sacar de la precariedad a muchas otras familias. El ingreso mínimo vital es necesario, pero las ONG advierten de que solo se quedará corto. Hace falta más.
Los colectivos sociales han urgido al Gobierno de coalición ha actuar contra la pobreza porque, como destacó el relator de la ONU contra la pobreza Philip Alston en su visita a España: la pobreza en un país rico no es inevitable, es una elección política. La EAPN ha llamado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a implementar la Estrategia Nacional contra la Pobreza, de vigencia hasta 2023, y a que parte de los fondos europeos para la recuperación se focalicen en combatir la pobreza y la exclusión social. En su opinión, hay dos cuestiones clave: mejorar las políticas de vivienda social y garantizar una prestación universal por hijo a cargo. Evitar que más personas empeoren su situación y caigan en la pobreza es fundamental ya que, como ha demostrado la última crisis, “es más fácil caer en la pobreza y vulnerabilidad que salir, luego, de ella”, subraya el estudio.