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El Gobierno pretende ampliar un año las ventajas en la jubilación para desempleados desde 2013

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.

Laura Olías

El Gobierno pretende ampliar un año los efectos de la llamada 'cláusula de salvaguarda' de las pensiones, que permite que desempleados desde el 1 de abril de 2013 y los afectados por ERE firmados en antes de esa fecha se puedan jubilar según la legislación anterior a la reforma de las pensiones de Zapatero de 2011. Esta cláusula caduca este 1 de enero de 2019, por mandato del Gobierno de Rajoy, y el Ejecutivo socialista quiere ampliar su vigencia hasta el 1 de enero de 2020, según figura en un proyecto de real decreto con medidas en materia de Seguridad Social que va a aprobar este viernes.

La medida, adelantada por Cinco Días, figura en el proyecto de real decreto –al que ha tenido acceso eldiario.es– junto a multitud de cuestiones en materia de Seguridad Social. Entre otras, la subida de las pensiones para 2019 de un 1,6% de manera general y un 3% en el caso de las mínimas y la supresión del índice de revalorización de las pensiones que aprobó el Gobierno del PP y que supuso las subidas anuales del 0,25%, que sacó a miles de jubilados a las calles.

El proyecto, que ha sido remitido a la patronal y los sindicatos para recibir sus alegaciones, plantea que la revalorización de las pensiones se haga en función del IPC medio de los 12 meses previos, con los datos interanuales de noviembre de ese ejercicio a diciembre del anterior. Se incluye así una de las principales reivindicaciones de los pensionistas y sindicatos de los últimos años, que demandan en cualquier caso la derogación completa de la reforma de las pensiones de Rajoy de 2013.

Un año más de 'cláusula de salvaguarda'

Respecto a la 'cláusula de salvaguarda' de las pensiones, el Gobierno actúa a escasos días de que se caduque esta excepción para la jubilación de personas desempleadas.  El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero la incluyó en su reforma de las pensiones de 2011, que suponía un endurecimiento de las condiciones y el acceso a la jubilación. Entre otras cuestiones, la edad ordinaria de jubilación crecía de los 65 a los 67 años de manera paulatina, se ampliaban los años de cotización para acceder al 100% de la pensión y se endurecía el acceso al retiro anticipado.

El Gobierno socialista incluyó entonces una disposición en la que permitía que las personas que habían perdido su empleo antes de la aprobación de la reforma (agosto de 2011) y aquellas que iban a salir de sus empresas con ERE o acuerdos ya pactados en esa fecha se pudieran jubilar según la legislación anterior, más ventajosa. En ese momento, la posibilidad no tenía ninguna fecha de caducidad.

El Ejecutivo del PP modificó esta opción con un real decreto en 2013. Por un lado, amplió los efectos de la cláusula de salvaguarda a los desempleados y afectados por ERE hasta el 1 de abril de 2013, pero por otro ponía fecha de caducidad a esta medida: 1 de enero de 2019. Solo podrían acceder a estas condiciones de jubilación los trabajadores que se jubilaran antes de esta fecha, lo que dejaba a “miles” de desempleados fuera de esa opción, según estiman los sindicatos.

En el proyecto de real decreto que pretende aprobar el Gobierno de Sánchez este viernes se amplía un año ese límite –1 de enero de 2020–. Hasta entonces, los desempleados desde el 1 de abril de 2013 y los que firmaron ERE o acuerdos de salida previos a esa fecha y no hayan vuelto a trabajar podrán jubilarse con la legislación previa a la reforma de las pensiones de 2011, pero también según la normativa actual.

Esta doble posibilidad había sido demandada por los sindicatos ya que, según explica Carlos Bravo (CCOO), hay casos individuales en los que los desempleados pueden verse beneficiados por la legislación actual, que toma como referencia para el cálculo de la pensión los últimos 21 años de cotización (que llegarán a los 25 en 2022). Antes se tomaba como referencia los 15 años previos, por lo que algunas personas con largos periodos de desempleo al final de su carrera profesional pueden obtener mejores pensiones con la normativa vigente.

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