Por la vía de urgencia. El Gobierno ha acelerado inesperadamente la imposición de la paz en la batalla por el cajero. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció en una entrevista en Antena 3 que el viernes 2 de octubre aprobará un Decreto-Ley para zanjar la doble imposición de comisiones por el uso de los cajeros automáticos. La solución pasa por prohibir que se cobre directamente al usuario y eliminar así el riesgo de las dos comisiones.
El Gobierno aclara que es el dueño del cajero el que debe cobrar la comisión al emisor de la tarjeta. Será el banco emisor de la tarjeta el que decida qué hace con ese coste y si se lo repercute o no al cliente. Hasta conocer el detalle de la ley no está claro si esto supondrá una rebaja efectiva de las comisiones por uso de cajero ya que fuentes del sector dicen que deberán ser los bancos los que decidan el nivel de estas comisiones en su política comercial.
Esta propuesta del Ejecutivo rompe con lo establecido en el sector desde hace años. Hasta ahora el emisor de la tarjeta cobraba a su cliente por hacer uso de cajeros que no eran de su banco o que no eran de su red (Servired, 4B, Euro6000). La cuantía era un porcentaje o un mínimo que oscilaba desde los 0,5 hasta los 4 euros de comisión. Luego, el emisor de la tarjeta se repartía en un 40/60% la comisión con el dueño del cajero. Se quedaba el 40% por los gastos de gestión pero le daba al propietario del dispensador un buen pellizco por hacer uso de su instalación.
La Caixa rompió el mercado al decidir que no le salía a cuenta este sistema e intentó hacer valer su extensa red de cajeros. Para ello introdujo una comisión de dos euros a los no clientes que sacaran dinero en efectivo de su red. Esto suponía una doble imposición de facto: la de estos dos euros por usar el cajero de La Caixa y la que cobra el emisor de la tarjeta en la proporción que tenga pactada con su cliente.
El Banco de España advirtió de que esto no era posible pero la entidad supervisora terminó cediendo el testigo a Economía ya que la falta de una norma clara exigía, al menos, una orden ministerial para acabar con la trifulca. Finalmente irá como Decreto Ley para que entre en vigor con urgencia.
La decisión de La Caixa fracturó al sector y en un primer momento BBVA y Santander se apuntaron a la medida. Tras la confusión regulatoria, los dos bancos optaron por retrasar la decisión a la espera de que el Ejecutivo legislara. Las entidades pequeñas, las más perjudicadas por la decisión al no tener red de cajeros propia, buscaron alianzas para no cobrarse entre ellas. La nueva norma echa un jarro de agua fría a estas alianzas y a la estrategia de La Caixa. Tampoco está claro qué sucederá con los clientes que han pagado dos veces durante este periodo de tiempo.
Esta decisión obliga a la banca a replantearse todos los acuerdos que mantienen actualmente en cuanto a uso de cajeros. Queda por ver la letra pequeña y cómo se hará la transición desde el modelo actual, ya que los clientes han firmado contratos con sus bancos por el uso de las tarjetas que ahora quedarán invalidados por esta nueva norma.