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La "mano derecha" de Saracho reaviva la investigación sobre el Banco Popular

La "mano derecha" de Saracho reaviva la investigación sobre el Banco Popular
Madrid —

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Madrid, 1 nov (EFECOM).- La declaración del que fuera director financiero del Banco Popular Miguel Escrig, "mano derecha" del expresidente Emilio Saracho, ha reavivado la investigación a las dos últimas gestiones de la entidad, tras cuestionar aspectos polémicos como las tasaciones que heredaron de la anterior directiva.

Lejos de centrarse en los hechos que tuvieron lugar bajo el mandato de Ángel Ron, Escrig también se refirió a la recta final del Popular y al proceso frustrado de venta privada del que, aseguró, el Santander dispuso de datos incluso después de reconocer que no presentaría oferta alguna.

En su testifical, el exdirectivo expuso cómo se organizó ese intento de venta, en concreto el "virtual data room" o base de datos habilitada para que los bancos interesados en el Popular pudieran tener acceso a información.

Aunque fue la secretaría general técnica la que decidió qué información se subía a la plataforma, no él, sí que se reunió con algunas entidades participantes, como Bankia, porque le interesaba saber dónde veían problemas.

A mediados de mayo de 2017, el Santander ya había decidido que no presentaría ninguna oferta por un Popular en plena caída de su cotización; sin embargo, indicó Escrig, sí que pudo seguir entrando al "data room" después, ya que tuvo discusiones posteriores con ellos.

Entre esa información estaba la evolución de liquidez del Popular, unos datos que él personalmente no quería dar por su carácter sensible, pero que fueron volcados por petición expresa de la Junta Única de Resolución (JUR), organismo que más tarde, el 7 de junio, acordó resolver el banco.

El comentario sobre el funcionamiento del "data room" despertó el interés del juez José Luis Calama, que adelantó que iba a analizar por qué el Santander continuó teniendo acceso a esta documentación tras su negativa inicial, según fuentes jurídicas.

FINANCIACIÓN DE ACCIONES

Especialmente tajante se mostró Escrig con uno de los asuntos más controvertidos de la pieza que investiga a Ron y su equipo por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que la entidad acometió en 2016: la presunta financiación de acciones.

A preguntas del magistrado, el exdirectivo, que afirmó que desconocía que esa práctica estaba prohibida por el manual de políticas contables, explicó que ya con Saracho en la presidencia la auditoría interna identificó a 6.000 clientes que recibieron financiación para comprar títulos de la ampliación.

Según relató, la investigación del banco, que abarcó todos los perfiles posibles, comprobó que los préstamos que se concedieron no se registraron contablemente como préstamos para la compra de acciones, y que solo había 20 operaciones bien anotadas.

Tales pesquisas llegaron hasta el Banco Central Europeo (BCE), como supervisor, que no dio su opinión al respecto, sino que dijo que lo analizaría "y que mandaría un correo".

Sin embargo, hace unas semanas, varios ex directores territoriales del Popular negaron que hubiera instrucciones -ni explícitas ni veladas- para financiar que los clientes del banco acudieran a la ampliación.

De hecho, señalaron que desde la cúpula se les había recomendado "cautela" en la contratación "porque los supervisores estaban muy encima".

Más allá de la causa que investiga la Audiencia Nacional, la presunta financiación de acciones fue una de las razones que llevó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a abrir un expediente por infracción "muy grave" a Ron y los ex consejeros delegados Pedro Larena, Roberto Higuera y Francisco Gómez, entre otros.

El procedimiento, cuya tramitación está suspendida al haber un caso penal abierto, apuntaba al ex director financiero Javier Moreno, quien "tuvo conocimiento o, al menos, indicios", de la financiación de la adquisición de acciones, sin comprobar que dicho importe fuera deducido del capital regulatorio del banco.

LAS TASACIONES

En el punto de mira se encuentran también las tasaciones del equipo de Ron, a pesar de que el expresidente defendió que estaban bien hechas y que nunca conoció las supuestas sobrevaloraciones a las que hacía alusión el peritaje de los expertos del Banco de España.

Al respecto, Escrig admitió que su equipo sí que detectó que un porcentaje significativo daba un valor de los inmuebles más bajo que la original.

Esa fue la conclusión que extrajeron tras comparar las tasaciones nuevas con el valor neto contable de los inmuebles, y constatar que existía una diferencia contable de 1.400 millones "extraña" teniendo en cuenta que en 2017 el mercado ya era alcista.

LAS FILTRACIONES

Escrig, que compareció como testigo a petición de Saracho, respondió por último a las cuestiones sobre las presuntas filtraciones acerca de la situación del banco pocas semanas antes de su resolución y posterior venta al Santander, que se investigan en la segunda pieza del caso.

En concreto, se centró en la noticia publicada el 11 de mayo de 2017, un mes antes del desenlace del Popular, en la que un medio de comunicación ponía en duda la solvencia del banco y anunciaba su quiebra inminente.

Si bien el ex director de comunicación de la entidad, Carlos Balado, sostuvo hace unos días que fue Saracho quien trasladó esa información, Escrig contó que el propio expresidente le dijo que él no había hablado con el periodista que publicó la noticia, aunque luego sí que le pidió después que rectificara.

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Publicado el
1 de noviembre de 2020 - 11:00 h

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