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El juez mantiene a Rato como imputado por presunto delito fiscal en sus conferencias
El juzgado de instrucción nº 31 de Madrid mantiene como investigado al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en el presunto fraude en el cobro de unas conferencias a través de la empresa Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC), aunque ha archivado la causa en relación con los administradores de esa sociedad, Francisca Buján y Pedro Díez.
En noviembre de 2015, siete meses después de la detención televisada que destapó el caso, el Instituto Armado solicitó que se investigara la relación con BCC dado el “complejo entramado empresarial a través del cual (Rato) hace circular fondos provenientes de actividades profesionales”.
El pasado 5 de abril, Rato declaró ante el juez por este motivo, y defendió que el cobro fue legal, porque al igual que “muchas otras personas” utilizó una sociedad para canalizar esos pagos, ya que desde 2002 es “plenamente legítimo facturar a través de empresas”.
No obstante, según la Guardia Civil, entre 2007 y 2012 y durante el ejercicio 2014, la sociedad mercantil Arada, propiedad de Rato y de su exmujer, la actual presidenta de la sociedad estatal Paradores de Turismo, Ángeles Alarcó, facturó a la empresa BCC 1,7 millones de euros, siendo 2008, meses después de su salida del Fondo Monetario Internacional (FMI), el ejercicio de mayor volumen.
En su denuncia, la Fiscalía Anticorrupción atribuyó al exministro responsabilidades por el ejercicio 2012, año en el que se habrían defraudado, a falta de cifras definitivas, al menos 672.329 euros. Esta cuantía “superaría los 120.000 euros” establecidos por el Código Penal como delito, y no podría considerarse prescrita.
Como informó eldiario.es en mayo de 2015, el copropietario de BCC, Pedro Díez, ahora desimputado, fue el encargado de montar las conferencias que Rato impartía cuando presidía Caja Madrid y Bankia, a razón de unos 50.000 euros por charla. Ambos se asociaron en una firma británica, Lilac Trading, vinculada a los paraísos fiscales de Islas Vírgenes y Gibraltar y que, según determinó luego la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tenía como objetivo adquirir inmuebles en asociación con fondos de inversión.
El mes pasado, semanas antes de la declaración de Díez y Buján en el juzgado todavía como imputados, la junta de Castilla y León adjudicó a dedo a su empresa un contrato de 5.300 euros.
