El PE pide usar ya normas que condicionan los fondos europeos a respetar derechos

Bruselas, 11 mar (EFE).- La mayoría de grupos políticos del Parlamento Europeo (PE) pidieron este jueves a la Comisión Europea (CE) que aplique ya la nueva regulación que permite congelar fondos del presupuesto comunitario a aquellos países de la Unión Europea (UE) que no respeten el Estado de derecho.

Los eurodiputados, que prevén aprobar una resolución sobre el tema en su pleno de finales de marzo, recordaron al Ejecutivo comunitario en un debate que la regulación entró en vigor el pasado 1 de enero y criticaron que quiera esperar para aplicarlo a elaborar directrices sobre su aplicación o a una eventual sentencia de la Justicia europea.

La UE aprobó en diciembre una regulación que permitirá suspender los desembolsos del presupuesto y el fondo de recuperación para aquellos Estados que no respeten principios como la independencia judicial, la igualdad ante la ley y la separación de poderes.

Hungría y Polonia, a quien la Comisión ha expedientado por sus problemas en este sentido, amenazaron con vetar los casi dos billones de euros del plan por su rechazo a este mecanismo, que consideran dirigido contra ellos.

Para sortear el bloqueo se aprobó una declaración aclarando que esta condicionalidad será “justa”, “imparcial” y no discriminatoria y la Comisión se comprometió a elaborar unas directrices para aplicar el mecanismo y a que, en caso de que algún país recurra el texto ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), esperar a que este se pronuncie para finalizar estas directrices.

El Partido Popular Europeo, los Socialistas y Demócratas, los liberales de Renovar Europa, los Verdes y la Izquierda Unitaria criticaron hoy este retraso en los plazos y pidieron empezar a utilizarlo.

El eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE) Petri Savarmaa insistió en el debate en que la regulación no debería estar sujeta a ningunas directrices y subrayó que, si algún Estado recurre ante el TJUE, solicitarán que este se pronuncie con el proceso acelerado.

Por su parte, la eurodiputada socialista española Eider Gardiazabal incidió en que los eurodiputados “quieren saber qué habrá en estas directrices para tener la seguridad de que en ningún caso modificarán o interpretarán el reglamento acordado” y garantizar que es “eficaz y aplicable”.

Por el contrario, el grupo de los Conservadores y Reformistas y el de Identidad y Democracia, que agrupa a la extrema derecha, criticaron una regulación que consideran políticamente motivada.

“Este es un texto político que busca que Polonia y Hungría se ajusten a su visión progresista”, dijo el eurodiputado de Identidad y Democracia Jerome Rivier, quien consideró que la Eurocámara quiere “ejercer presión sobre gobiernos elegidos democráticamente”.

El comisario europeo de Presupuesto, Johannes Hahn, afirmó que están trabajando en unas directrices “sólidas” y “predecibles” para asegurar que el mecanismo sea “justo, transparente y proporcional”, confirmó que si algún Estado recurre al TJUE, lo que pueden hacer hasta el 15 de marzo, se esperará a la sentencia para finalizar las directrices y que no prevén tomar medidas hasta que estas sean aprobadas.

Hahn defendió que se perseguirán todas las violaciones cubiertas por la regulación, pero insistió en que “el uso de este instrumento debe prepararse con cuidado” para “asegurar que las primeras acciones que se emprendan tienen éxito”.

Respondió, además, a los eurodiputados que defendieron que se trata de una cuestión de “identidad nacional” que “no hay un Estado de derecho diseñado específicamente acorde con la nacionalidad”, sino un único “entendimiento” de lo que este significa, que es el recogido en la legislación de la UE.