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La empresa vasca Sener denuncia “irregularidades” en una adjudicación de tecnología militar a El Corte Inglés

Dos cazabombarderos F-18 del Ejército del Aire despegando de la base aérea de Gando, en Gran Canaria. EFE

Antonio M. Vélez

“Oscuridad” del pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP); “falta de motivación de la resolución de adjudicación”; “falta de solvencia” y “existencia de irregularidades en la oferta” de la empresa ganadora, Informática El Corte Inglés; y “ausencia de aportación de documentación requerida tras la clasificación de las ofertas realizadas por el órgano de contratación”.

Son, en esencia, las duras acusaciones que ha lanzado el grupo vasco Sener, una de las mayores empresas de ingeniería en España y con una potente pata de Defensa, contra una adjudicación de un sistema de tecnología de guerra del Ministerio de Defensa a la filial de informática del gigante de los grandes almacenes.

El contrato está valorado, sin contar posibles prórrogas ni el IVA, en 3,37 millones de euros, y consiste en un “Acuerdo Marco para la adquisición de repuestos y mantenimiento de los Sistemas de Guerra Electrónica Scater Comint Levante y Scater Comint Canarias”.

Sener ha recurrido la adjudicación ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda. Pero este órgano ni siquiera ha admitido a trámite su recurso, porque este se presentó un día después de vencer el plazo. La resolución de Hacienda es recurrible ante la Audiencia Nacional.

Infraestructura de espionaje

Scater es el acrónimo de Sistema de Captación de Señales Terrestres de comunicaciones, un sistema de inteligencia de comunicaciones (Comint) para la infraestructura de espionaje del Ejército español. Inició su actividad en 2008 y en los últimos años han prestado servicio al mismo empresas como Indra o la propia Informática El Corte Inglés.

El sistema Scater se lanzó durante la primera fase del programa Santiago, puesto en marcha a principios de los 90 y clasificado como secreto por el Ministerio de Defensa. El objetivo del programa Santiago es la captación de emisiones electromagnéticas y de imágenes en las zonas definidas como de interés estratégico para la seguridad nacional.

El contrato sobre el que Sener ha lanzado sombras de sospecha fue adjudicado a Informática El Corte Inglés SA por la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra el pasado 20 de mayo. Salió a licitación por el procedimiento negociado con publicidad el 15 de enero y dos semanas después se amplió el plazo de presentación de ofertas al no haber sido posible “dar el acceso oportuno a los documentos clasificados como ”Reservados“ a las empresas interesadas”, según la documentación pública del expediente. Al procedimiento fueron invitadas a participar la filial del grupo que preside Marta Álvarez y Sener.

El 17 de junio, tras la adjudicación del contrato, la ingeniería vasca interpuso recurso especial en materia de contratación contra la adjudicación de la licitación y la formalización del Acuerdo Marco. Pretendía impugnar tanto el acto de adjudicación, por las irregularidades anteriormente mencionadas, como el documento administrativo de formalización, “por no haber transcurrido el debido plazo” entre la fecha de adjudicación y la de formalización del contrato.

Sin embargo, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda ha inadmitido el recurso y ni siquiera ha entrado en el fondo del asunto, porque tal y como argumentaban El Corte Inglés y el Ministerio de Defensa, este se presentó fuera del plazo de quince días hábiles.

Respecto al recurso contra la formalización, el órgano advierte en su resolución de que, aun habiendo sido presentado en plazo, “tampoco hubiera sido admitido por no encontrarse entre los actos susceptibles de este recurso a tenor del artículo 44.2” de la Ley de Contratos del Sector Público.

Sener, “en línea con su habitual modo de proceder”, ha declinado hacer comentarios sobre este asunto “hasta que no quede definitivamente resuelto”. No precisa cuáles son esas “irregularidades” ni avanza si recurrirá a la vía judicial. Por su parte, El Corte Inglés, que es un contratista habitual del Ejército español, se remite a la resolución de Hacienda. Defensa, que alegó ante Hacienda “que los actos recurridos se ajustan al ordenamiento jurídico”, no ha respondido a las preguntas de eldiario.es.

Carácter reservado

La cifra estimada del importe del contrato, los citados 3,37 millones, es aproximada, ya que como se explicaba en el pliego de cláusulas administrativas, “no se puede establecer de forma fehaciente el alcance económico ni las cantidades del servicio a adquirir, los cuales vendrán determinados por las necesidades operativas y por las disponibilidades económicas del Ejército en los ejercicios presupuestarios en los que esté el vigor el acuerdo”. Los pliegos técnicos tienen carácter reservado.

Con más de 2.000 empleados, una fuerte proyección internacional y presencia en los sectores de construcción e infraestructuras, energía, aeroespecial y naval, Sener pertenece a la familia Sendagorta, una de las más ricas de Euskadi. La empresa, con más de 60 años de historia, vivió el año pasado varios sobresaltos, tras un 2017 marcado por la venta a Rolls Royce, por 720 millones de euros, de su 53% en Industria de Turbo Propulsores (ITP), la empresa encargada del mantenimiento de los aviones militares españoles cuya compra ha abordado este año sin éxito Indra.

Así, en enero de 2018 falleció el fundador de Sener, Enrique Sendagorta, destacado miembro del Opus Dei y fundador de Petronor. Y en noviembre pasado, efectivos de la Guardia Civil se personaron en la sede de la empresa en Getxo (Bizkaia) para un registro en el marco de una investigación sobre la presunta implicación de la compañía en el pago de comisiones del 3% a Convergència Democràtica de Catalunya a cambio de adjudicaciones públicas.

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