3.600 cuidadores familiares de personas dependientes han perdido sus cotizaciones a la Seguridad Social en Extremadura
El número de altas de cuidadores no profesionales de personas dependientes en la Seguridad Social en Extremadura ha descendido en 3.600 desde que gobierna Rajoy, según una respuesta parlamentaria del Gobierno al grupo parlamentario socialista. En la provincia de Cáceres, a fecha 30 de noviembre de 2011 el número de cuidadores no profesionales afiliados a la Seguridad Social era de 1.276 frente a los 190 que había el 31 de julio de 2014. En Badajoz, ha descendido en 2.514 personas.
A nivel nacional, la evolución de cuidadores no profesionales de personas dependientes afiliados a la Seguridad Social pasó de 172.363 en el año 2011 a 14.594 en julio de 2014. El secretario general del Grupo Socialista denuncia que el Gobierno ha llevado a cabo un “desmantelamiento de la Ley de Dependencia” y es necesario “salvar la Ley y garantizar los derechos de los dependientes”.
Los diputados socialistas extremeños en el Congreso denuncian el desmantelamiento de la Ley de Dependencia y el “grave deterioro del Estado del bienestar. ”Con la excusa de la crisis estamos asistiendo a un peligroso cambio de modelo que demuestra que el Gobierno de Mariano Rajoy desprecia a los más vulnerables“, añade. ”Se ha desentendido de las personas dependientes reduciendo drásticamente la aportación del Gobierno para financiar la Dependencia, poniendo en riesgo su sostenibilidad, recortando derechos y desmantelando la Ley“.
Los socialistas recuerdan que, entre otras medidas, el PP paralizó el calendario de aplicación de la Ley, impidiendo a las personas con dependencia moderada acceder a una prestación o servicio; eliminó de los Presupuestos Generales del Estado la partida para el nivel acordado, que ascendía a 283 millones; suprimieron los dos niveles en que se dividía cada grado; se redujo en un 13% la aportación del Estado para la financiación del nivel mínimo; se rebajó en un 15% la prestación económica por cuidados en el entorno familiar; se eliminó la cotización de los cuidadores no profesionales; y se introdujo la incompatibilidad de las prestaciones.
Además, se ha producido un gran retroceso en la financiación estatal del sistema, ya que de soportar el 40% del coste del sistema en 2009, la administración general del Estado ha pasado a hacerse cargo del 19% en 2013, mientras que la aportación de las Comunidades Autónomas ha crecido del 50,8 al 62% y el copago de los usuarios casi se ha duplicado.
